Por primera vez el presidente Duque intervendrá ante el Consejo de Seguridad de ONU, integrado por 15 de los países más importantes, para presentar los avances de la implementación del Acuerdo de Paz durante su gobierno. Esta instancia de Naciones Unidas ha estado permanentemente enterada del desarrollo del mismo por su Misión de Verificación destacada en Colombia, sin embargo el Jefe de Estado entregará su visión y resultados.

La llegada del gobierno Duque en 2018 produjo gran expectativa por el desarrollo que le pudiera dar a la implementación del Acuerdo de Paz firmado por la anterior administración de Juan Manuel Santos en 2016 con la guerrilla de las Farc.

Hay que recordar que el Partido del que hace parte Iván Duque, el Centro Democrático, no comparte la firma de este Acuerdo por la forma como se desarrollaron las negociaciones y por aspectos clave  como justicia, pues los excomandantes responsables de graves crímenes no irán a la cárcel y pueden ir ser congresistas.

No obstante en términos generales el Gobierno ha cumplido con la implementación prevista en el Acuerdo para hacerla en 15 años, incluso destaca que ha logrado grandes avances.  

Qué destacará Duque 

Los siguientes son algunos de los avances que destaca la que pondrán de relieve del presidente Duque ante el consejo de seguridad de Naciones Unidas en su presentación del día de hoy

Programas PDET

Uno de los elementos de mayor impacto social que puede tener el Acuerdo de Paz es la inversión que contempla por parte del Estado en los 170 municipios más afectados por la violencia.

Ello en la implementación se está haciendo con los programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET, con  8 pilares del desarrollo territorial; uno de ellos es reactivación económica y desarrollo agropecuaria, en el cual el Gobierno reportan inversiones del orden de $1,7 billones y 538 proyectos.

El consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, dijo que “solo en las zonas más complejas en 3 años estamos invirtiendo más de $12 billones”.

Sustitución de cultivos ilícitos

Con recursos por $1,8 billones se financia el tránsito de las familias hacia cultivos lícitos, buscando que puedan establecer proyectos productivos. Durante el Gobierno actual se han erradicado voluntariamente 19.592 hectáreas de cultivos ilícitos.

El total de cultivos erradicados voluntariamente asciende a 45.815 hectáreas, mientras que el total de familias con proyectos productivos es de 45.524.

En tanto que 76.259 familias recibieron transferencias monetarias con el propósito de garantizar su sustento y brindar los medios para la adecuación y preparación productiva de sus tierras, con una inversión de $889 mil millones.

Reincorporación

A corte de 31 de marzo de 2022, 9.589 personas en proceso de reincorporación tienen sostenibilidad económica.

El 95,4% de la población en reincorporación manifestó su interés de acceder a un proyecto productivo.

Con la planeación de largo plazo, explica el Gobierno se busca que el 100% de las personas en proceso de reincorporación (11.599 personas) accedan a una fuente de generación de ingresos sostenible a 31 de diciembre de 2022.

A nivel nacional 8.815 personas en reincorporación están vinculadas a 4.214 proyectos productivos aprobados, por un valor superior a los $85 mil millones.

Desarrollo Rural Integral

Con el proyecto Alianzas Productivas para la Vida se busca apalancar recursos financieros y de especie de diversas fuentes. Para la vigencia de 2020 y 2021, se logró cofinanciar 656 alianzas, beneficiando a 24.769 familias, con una inversión de apoyo del Ministerio de Agricultura de $121.728 millones.

Esta cifra representó un 30% del valor total de los proyectos, que ascendió a $386.075 millones.

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Garantías políticas

El Gobierno ha destacado que se le dio participación política a la otrora guerrilla por intermedio del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) y después como partido Comunes. 

Esa participación incluyó la presencia de esta colectividad en el Congreso de la República, con cinco curules en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes por dos periodos constitucionales, Quienes ocupan estos escaños “han gozado de todas las garantías para ejercer sus derechos y para que cumplan con sus responsabilidades”, destaca el Gobierno.

El presidente Duque también destacará ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que implementó las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, para ser ocupadas en la Cámara de Representantes por las víctimas de las regiones más afectadas por el conflicto.

La elección de estas circunscripciones se hizo por primera vez en las pasadas elecciones de marzo.

Víctimas

La política de Paz con Legalidad del presidente Duque ha puesto en el centro a las víctimas, y en ese sentido ha instado a la JEP que en esta Jurisdicción se garantice el derecho que tienen a verdad, justicia y reparación por parte de sus victimarios.

También el Gobierno ha trabajado en mesas con organizaciones de víctimas, con el fin de que sean escuchadas y tenidas en cuenta como protagonistas.

De igual forma este Gobierno respaldó la ampliación por una década de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras.

Un total de 9.250.4531 personas han sido reconocidas como víctimas en el Registro Único de Víctimas (RUV), de las cuales 7.350.349 son sujetos de atención.

Mujeres, género y etnias

La Política de Paz con Legalidad del actual Gobierno le ha dado relevancia a los temas de igualdad material para la mujer, el género, las etnias y las afrocolombianeidades.

Con ese propósito fue creada una dependencia cuyo propósito es trabajar los temas de víctimas, mujer y género, y étnicos, para asegurar la debida relevancia de estos asuntos en el Plan Marco de Implementación (PMI) del Acuerdo de Paz.

Seguridad excombatientes 

Uno de los aspectos más complicados de cumplir del Acuerdo de Paz ha sido la seguridad de quienes dejaron las armas, pues más de 300 excombatientes de las Farc han sido asesinados desde finales del 2016.

Ante esta situación la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó a autoridades estatales diseñar un plan de seguridad integral para los  firmantes; mientras que la Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucional porque a su juicio no se ha hecho lo suficiente en esta materia.

En ese sentido el presidente Duque explicará ante ONU que el Gobierno no ha escatimado  esfuerzos para proteger a la población de ex combatientes. Destacará que más de 20 entidades, con apoyo de las Fuerzas Armadas, de la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del pueblo trabajan en las medidas de protección. Y que se han logrado avances importantes en las acciones de la Fiscalía,  con procesos de investigación y condena a autores materiales e intelectuales de los homicidios.

Que dijo Misión de Verificación

En su reciente informe la Misión de Verificación de las Naciones Unidas reconoció, ante el Consejo de Seguridad, los progresos en la implementación de la política de Paz con Legalidad, como la reincorporación socioeconómica de los más de 13.000 excombatientes que dieron el paso a la legalidad.

El representante de la Misión en Colombia, Carlos Ruiz Massieu destacó el trabajo de las entidades gubernamentales, el sector privado y la comunidad internacional para cumplirle a la población que adelanta su tránsito hacia la vida civil.

“Han desempeñado un papel fundamental mediante la provisión de asistencia financiera y técnica para iniciativas productivas”, dijo Massieu durante la presentación del Informe Trimestral de la Misión.

No obstante, llamó la atención sobre la seguridad de los firmantes del Acuerdo.  “Aunque reconozco una reducción en el número de asesinatos en comparación con el año anterior, cada muerte es un golpe para la paz y es necesario hacer todos los esfuerzos posibles para proteger a cada uno de ellos. Esto significa mejorar su seguridad individual, así como proveer seguridad en un sentido más amplio en las zonas afectadas por el conflicto, donde los actores armados ilegales siguen beneficiándose de la limitada presencia del Estado en algunas áreas del país”.