- Evitar maratón de contratos a última hora
- La tardía reforma a la Ley de Garantías
La recta final de los mandatos de gobernadores y alcaldes que terminan sus periodos el 31 de diciembre de este año ya comenzó. En muchas administraciones departamentales y municipales tienen hundido el acelerador, conscientes de que les restan menos de nueve meses para poder cerrar sus periodos y hay una gran cantidad de proyectos, obras y programas que están pendientes de finiquitarse o deben dejarse en plena ejecución.
La urgencia es mayor si se tiene en cuenta que las restricciones en materia de contratación, movimiento presupuestal, cambios en la nómina de personal e inauguración de obras, todas medidas que impone la Ley de Garantías Electorales, empiezan a regir en la última semana de junio, cuatro meses antes de los comicios regionales y locales. Si bien es cierto que hace tiempo las agremiaciones de gobernadores y alcaldes venían urgiendo una reforma a esa norma y que, incluso, un proyecto de ley en ese sentido se presentó en el segundo semestre del año pasado, la iniciativa parlamentaria continúa en las primeras etapas de debate y cada día que pasa se agota la posibilidad de que pueda ser aprobada antes de mediados de junio, cuando terminan las sesiones ordinarias del Congreso. Aunque el propio Presidente de la República anunció semanas atrás que radicaría un mensaje de urgencia para acelerar el trámite de esta reforma, la iniciativa todavía no avanza a buen ritmo, más aún en medio de una agenda legislativa muy congestionada, a la que se han sumado asuntos de alto calado como las objeciones presidenciales al proyecto de ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz.
Así las cosas, lo más recomendable para los gobernadores y alcaldes es que no se confíen en que la Ley de Garantías Electorales alcanzará a ser modificada y flexibilizada, en consecuencia, algunas de sus principales restricciones en materia contractual, sobre todo. En ese orden de ideas, tan solo les quedaría a las administraciones departamentales y municipales apenas un trimestre para funcionar con plenitud. Aunque las limitaciones ordenadas por esta ley irán desde finales de junio hasta la última semana de octubre, es claro que es muy poco lo que se podrá hacer después, entre noviembre y diciembre, sobre todo porque para entonces la prioridad serán los empalmes con los mandatarios entrantes y la obligación de dejar la casa en orden, como ordenan los manuales de buenas prácticas de gobierno.
Como se ve, entonces, el lapso clave en materia de gestión regional y local será este segundo trimestre. Es necesario dejar consolidados los procesos de contratación con la suficiente antelación, objetividad y pertinencia. Ya se sabe que esas maratones de última hora para firmar contratos, realizar nombramientos y tomar otro tipo de decisiones terminan, por lo general, en errores administrativos graves o, incluso, en actuaciones sospechosas de corrupción y politiquería.
No hay, pues, tiempo que perder en los gobiernos de departamentos y municipios. Es necesario concentrarse al cien por ciento. Más aún porque resulta imposible desconocer que ya andan a todo vapor las campañas para escoger gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles. Una concentración administrativa y ejecutiva urgente ya que para nadie es un secreto que la actividad proselitista tiende a distraer la marcha de los gobiernos locales y seccionales, por más que esté prohibida la participación de funcionarios públicos en actividades políticas, restricción esta que, como lo hemos reiterado en estas páginas, termina siendo rey de burlas.
Lamentablemente el cierre de mandato de los ejecutivos seccionales y locales no debería ser tan accidentado y a las carreras. Es evidente que eliminada desde 2015 la posibilidad de reelección presidencial inmediata y siguiendo prohibida en gobernaciones y alcaldías, la reforma a la Ley de Garantías Electorales era imperativa desde entonces. Sin embargo, se dejó pasar el tiempo y, al igual que lo que ocurre el actual proyecto de reforma política, ahora se quiere legislar a las volandas para introducir correctivos urgidos con suficiente antelación.
Pero ya no es tiempo de lamentarse sobre lo que no se hizo. Más allá de lo que pase con el proyecto de reforma a la Ley de Garantías, lo que procede ahora es que los mandatarios departamentales y municipales se apliquen a cerrar sus mandatos por todo lo alto y lo mejor posible.