Varias bancadas han hecho propuestas para que los legisladores colaboren con recursos para apoyar a los afectados por la pandemia del coronavirus

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En medio de la crisis generada por el coronavirus, desde el Congreso se proponen alternativas para que el salario de los congresistas ayude a palear la crisis que viven muchos colombianos.

Pese a que las propuestas están sobre la mesa, la última palabra la dirá el presidente Iván Duque, a partir de las facultades excepcionales que le otorga el Estado de Emergencia.

Sin embargo, para algunos habría un pero: en caso que todos los congresistas estén de acuerdo en realizar una reducción a sus propios salarios, esto debería legalizarse a través de una reforma constitucional. Esta no es una opinión compartida por todos, pues incluso ya hay parlamentarios que empezaron a donar parte de su sueldo.

La bancada conservadora, por ejemplo, le propuso a Duque que, “vía Decreto Ley, exista una contribución excepcional y transitoria, limitada a una vigencia de tres meses, dirigida exclusivamente a los funcionarios y servidores públicos del Estado con los más altos ingresos, exceptuando a los trabajadores del sector de la salud. Esta contribución, se calculará sobre el total de sus ingresos mensuales restando por supuesto los descuentos esenciales que impactan la nómina, así como los impuestos que ya se le retienen a cada servidor público y, al valor resultante, se le imputará una contribución que irá del 8% al 15% mensual”.

El planteamiento de los congresistas fue transmitido por el presidente del Directorio Nacional Conservador, Omar Yepes, quien firmó la carta. Según el dirigente, “la destinación de estos recursos estará dirigida de forma exclusiva a garantizar la seguridad alimentaria y la salud de las regiones de Colombia, por conducto de los entes territoriales y con el apoyo del Gobierno nacional durante su reglamentación e implementación. Asimismo, como parte de la propuesta, hemos procurado que esta contribución sea progresiva, empezando con una tarifa más baja a partir de los 10 SMLMV de ingreso mensual (8%), tarifa que aumenta de forma escalonada en función de los mayores ingresos hasta situarse en el 15%, además, la retención que se practique por concepto de esta contribución será descontable en un 100% del impuesto de renta”.

Yepes indicó que “para aquellos funcionarios que no sean sujetos responsables de la contribución, pero que quieran aportar una fracción de sus ingresos, hemos planteado en la propuesta la posibilidad de realizar aportes voluntarios a la contribución con el beneficio extra de poder descontarse de renta en un porcentaje del 150%”.

La senadora María del Rosario Guerra, del Centro Democrático, le anunció a EL NUEVO SIGLO que “muy en la línea de lo que había presentado el Partido Conservador, propusimos un impuesto para todos los servidores públicos con altos salarios, congresistas, altas cortes, Contraloría, Procuraduría, Personería y Gobierno”.

“Esperamos que estos recursos vayan a un fondo y ojalá que vaya a las regiones para palear la situación que se está viviendo. Con esos recursos se debería: fortalecer al sector salud, mejorar su infraestructura, así como ayudar al sector productivo y agropecuario”, anotó.

Reforma al gasto

El representante por Norte de Santander, Alejandro Carlos Chacón, del Partido Liberal, consideró en diálogo con este Diario que se debe analizar una reducción del salario de los altos dignatarios del Estado, “pero solo para personas que devengan más de $10 millones”.

Chacón indicó que debe hacerse una reforma al gasto colombiano por lo que propone crear la Renta Vida o Renta Básica Universal. Según conoció EL NUEVO SIGLO, esta propuesta busca que los 31 millones de colombianos que están identificados en los niveles 1 y 2 del Sisbén, que son cerca de 8 millones de familias, reciban  $220.000 cada mes, lo que equivaldría para el fisco $1,7 billones al mes, durante al menos dos meses.

El representante Chacón aseguró que la implementación de este mecanismo sería el punto de partida de la reorganización del gasto social colombiano y se convertiría en un complemento a los esfuerzos del Estado por universalizar la cobertura en salud y educación en todos los niveles.

El senador Guillermo García, copartidario de Chacón, sostuvo que en principio pensar una reducción de salario para los congresistas es positivo.

“Estos dineros deberían aplicarse a programas sociales concretos. Por ejemplo, que se apliquen estos recursos por zonas donde existe gente muy pobre, es decir en las provincias colombianas”, le planteó García a este Medio.

Antonio Sanguino, vocero de la Alianza Verde en el Senado, le recordó a este Diario que “antes que existiera esta crisis y al margen de cualquier circunstancia, desde la consulta popular anticorrupción habíamos propuesto la disminución del salario de los congresistas y los altos funcionarios del Estado. Queríamos que ese dinero se igualara o aproximara a lo que ganan los congresistas en el Continente”. 

Sanguino señaló que “la bancada de oposición no solo propuso, sino creó un fondo para que los congresistas y los funcionarios públicos que así lo quieran donen parte de su salario para atender los programas de emergencia para los sectores más vulnerables que no alcancen a ser atendidos o que no están siendo atendidos por los programas del Gobierno nacional o los gobiernos territoriales. Esos recursos, se entregan a las alcaldías y vamos a comenzar este mes con la Alcaldía de Bogotá”.

El senador, Antonio Zabaraín, aclarando que no puede hablar por la bancada de Cambio Radical en materia de salarios, le dijo a este Medio que no le ve “ningún problema a que eso pase. Lo que yo creo es que debería existir un aporte voluntario de los congresistas para ayudar con un grano de arena a solucionar en parte, la crisis por la que atravesamos. Eso tiene que ser voluntario y las donaciones no se pueden lograr a través de presiones externas”.

Sigue debate sobre sesiones virtuales

El debate sobre las sesiones virtuales se ha manejado con frivolidad, le dijo a EL NUEVO SIGLO el senador, Rodrigo Lara de Cambio Radical: “No hay nada más rentable que hacer política atacando al Congreso, pero no es lo más serio y lo más responsable. Este debate no es entre modernidad y pasado ni un asunto de resistencia al progreso es un asunto muy serio que no se puede seguir discutiendo a la ligera”.

Lara aseguró que “la no presencia física de los congresistas debilita la fuerza de la institución”, considerando “inexplicable que algunos pretendan hacer esto en cuestión de 15 días. En este momento, no conocemos sistemas diseñados, probados y puestos en funcionamiento en ningún lugar del mundo. No faltarán los mercaderes que se acerquen a ofrecer la fórmula mágica, pero puedo asegurar que ningún parlamento en el mundo funciona 100% virtual. Con esta iniciativa surgen muchas preguntas para la plataforma, por ejemplo, ¿cómo garantizar su confiabilidad, seguridad y transparencia?, ¿cómo evitar las interferencias, hackeos y garantizar la convalidación del voto?”

Pero el representante Chacón aseguró que “con el Decreto del Presidente de la República y conforme a lo que nos ha expresado el presidente del Senado, Lidio García, las sesiones virtuales del Congreso ya pueden empezar no hay que esperar concepto de la corte constitucional, estas son medidas transitorias y pueden tener cumplimiento durante este momento para eso son las medidas de emergencia”.

Chacón advirtió que “tomar decisión frente a proyectos de ley es un poco más complicado, que el control político porque hay un procedimiento particular para eso. Yo tengo muchas dudas sobre la legalidad de un proyecto de ley aprobado de manera virtual”.