De acuerdo con el último informe de la Comisión Nacional de Vigilancia Electoral, con corte al 24 de abril de este año, en la Procuraduría General de la Nación cursan 100 procesos disciplinarios contra 67 servidores públicos y 33 jurados de votación, entre ellos dos indagaciones y siete investigaciones contra alcaldes municipales del país.

El ente de control abrió cuatro indagaciones preliminares contra los alcaldes de Ibagué y Cartagena, el gobernador de Vichada y concejales de San Vicente de Chucurí (Santander); y nueve aperturas de investigación a los alcaldes de Medellín, Manizales, y de los municipios de Caparrapí, Soacha, Puli y Paratebueno (Cundinamarca), y Mogotes (Santander); y concejales de Bogotá y Calarcá (Quindío), por presunta participación en política en las elecciones legislativas y consultas interpartidistas del 13 de marzo de 2022.

El documento señala que en las 1.825 quejas electorales registradas y clasificadas en 14 categorías, los errores más reiterados fueron los relacionados con la inscripción de cédulas (397), los cometidos por los jurados de votación: proselitismo en la mesa, inconsistencias en formularios E-14, uso indebido del celular y la omisión en la entrega del tarjetón electoral de consultas pese a la petición de los electores (172); fallas en indicaciones de los puestos de votación (166) y los denominados como varios (159).

A la fecha de corte mencionada, la Procuraduría ha evaluado el 65,15% de las quejas, equivalente a 1.189 casos que generaron 1.089 autos inhibitorios, que en su mayoría corresponden a fallas por problemas en el registro de inscripción de votantes y a quejas anónimas sin datos suficientes para investigar; 73 indagaciones previas, y 27 aperturas de investigación.

Por la pluralidad de casos proferidos como inhibitorios ante la negativa de los jurados a permitir el voto, amparados en la inexistencia del registro del ciudadano en la plataforma, la Procuraduría abrió un macrocaso disciplinario.

Mediante esta actuación la Entidad busca averiguar, entre otros asuntos, si la Registraduría Nacional del Estado Civil contaba con herramientas para asegurar el funcionamiento del programa, los requerimientos técnicos para su utilización, y los controles y pruebas hechos para minimizar riesgos de inconvenientes tecnológicos el día de las elecciones.

Por último, el ente de control manifestó su compromiso irrestricto de cumplir las labores preventivas de procesamiento, análisis y resolución de inconsistencias en el menor tiempo posible y con resultados tangibles, para brindar garantías electorales a la ciudadanía de cara a las jornadas electorales previstas para esta anualidad.

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Decisiones

A propósito de la investigación que anunció la Procuraduría, el registrador Alexander Vega había dicho que “será la oportunidad para demostrar la debida actuación” de la entidad en el certamen del pasado 13 de marzo.

No obstante, añadió que desde el 5 de abril, tres días atrás, dicha organización electoral envió pruebas a la Procuraduría y la Fiscalía que acreditan las fallas en el preconteo de los votos “atribuibles, específicamente, al diligenciamiento de un número determinado de formularios E-14, labor y resorte exclusivo de los jurados de votación”.

Y explicó que después de detectar algunas fallas, la Registraduría modificó la postulación y acreditación de los jurados, rediseñó el formulario E-14 y está verificando el sistema de preconteo.

Teniendo en cuenta lo anterior, Vega opinó que las actuaciones anunciadas por el Ministerio Público contra los jurados de votación servirán para aclarar lo que pasó ese domingo 13 de marzo.

“La Registraduría Nacional seguirá trabajando en garantizar la total transparencia de las elecciones presidenciales en compañía de la Procuraduría General de la Nación y demás entes de control, campañas presidenciales, agrupaciones políticas y organizaciones que vigilan los procesos electorales”, concluye el documento.

Margarita Cabello también le pidió a Vega y al Consejo Nacional Electoral que envíen el plan que tienen listo para prevenir problemas en las presidenciales, como los que se presentaron en las pasadas votaciones. Sobre este punto, el funcionario no se pronunció.

Por último, la Procuraduría había anunciado la apertura de 33 procesos disciplinarios adicionales por presuntas irregularidades de los jurados de votación y anunció la apertura de una indagación preliminar contra funcionarios de la Registraduría por determinar.