Para la próxima semana el Senado tiene programado el segundo debate al proyecto de Ley que busca la ratificación o no del Acuerdo de Escazú por parte de Colombia. En las últimas semanas se conoció el rechazo por parte del Consejo Nacional Gremial a que el país forme parte de este tratado, pero también la posición de algunos ambientalistas que consideran lo contrario. A pesar de que 24 países de la región lo han firmado, solo 12 lo han ratificado, entre ellos Argentina, Ecuador y México. Por su parte, Colombia no ha dado este paso y solo participa como firmante.

Los gremios

Además de algunas trabas que ha encontrado en el Congreso o de lo que algunos consideran fallas del presidente Duque, al no señalar este proyecto con mensaje de urgencia, también el Consejo Gremial Nacional (CGN) pidió al Senado que no ratifique este convenio.

Jaime Alberto Cabal, presidente del CGN, aseguró que “luego de un análisis cuidadoso del tratado y de la normatividad nacional e internacional aplicable en el país, insistimos en que el Acuerdo de Escazú es innecesario y altamente riesgoso”.

“Es inconveniente para Colombia y en particular para la reactivación y el crecimiento económico, el incentivo a la inversión y fortalecimiento del tejido empresarial, la generación de empleo y la contratación de bienes y servicios”, agregó.

Al mismo tiempo los empresarios dieron a conocer algunos puntos por los que lo consideran improcedente. Algunos de ellos son: “El proyecto contempla que cualquier ciudadano, sin tener interés legítimo en una actividad o proyecto en proceso de licenciamiento ambiental, y sin verse afectado de manera directa o indirecta, pueda, en todas las etapas del mismo, interponer acciones administrativas o judiciales y afectarlo, causando inseguridad jurídica”.

“Obliga a los Estados Parte a acatar decisiones de un tribunal por crear o de la Corte Internacional de Justicia, a la que Colombia renunció, con ocasión de la disputa territorial y marítima con Nicaragua”.

“La protección, garantías, principios, trámites y derechos que pretenden reconocerse con el Acuerdo de Escazú no suman al ordenamiento nacional pues muchos ya están incluidos”, señalan.

Los ambientalistas

Para Carlos Devia, profesor asociado de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana, "este acuerdo da más garantías al acceso a la justicia ambiental porque pondría bajo la mirada internacional todo lo que sucede en términos ambientales en Colombia”.

En opinión de Luis Felipe Guzmán, docente e investigador del Departamento de Derecho del Medio Ambiente de la Universidad Externado de Colombia, "de esta manera el acuerdo se convierte en el primer instrumento ambiental de América Latina y el Caribe, y el único en su tipo a nivel global en consagrar estándares de protección para los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales”.

“Del mismo modo se crearán y fortalecerán las capacidades y la cooperación, en el marco del derecho a un ambiente sano y el desarrollo sostenible”, añadió.

Bajo este panorama, los congresistas tienen argumentos en las dos orillas que complicarán el debate para su posible ratificación.

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El primer debate

Antes de culminar abril, la Comisión Segunda del Senado ratificó el Acuerdo en primer debate, que tiene como objetivo garantizar la implementación, en América Latina y el Caribe, de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en materia de toma de decisiones ambientales y demás. Sin embargo, aún le queda un camino largo para que sea una realidad.

“Con seis votos a favor y uno en contra lo hemos logrado, para ser una realidad en Colombia. Gracias a los defensores, líderes y organizaciones que han batallado Escazú. Hoy ganaron el ambiente y la vida”, dijo el senador del partido Alianza Verde, Antonio Sanguino.

Esta discusión se logró después de que los senadores que presentaron oposición acudieran a una disposición del estatuto, permitiéndoles definir tres veces durante cada legislatura el orden del día de las sesiones plenarias.

Uno de ellos fue el senador del Centro Democrático Ernesto Macías, quien dijo que había “comunidades que exigían la consulta previa del Acuerdo, entre ellas comunidades afro, el Consejo Comunitario Mayor del Río Pepe, el Consejo Comunitario de Curvaradó y el Consejo Comunitario de Llanobajo”, y que por eso aún no tenía una postura de apoyo o rechazo, puesto que hacía falta una socialización del documento.

Ahora, después de este primer paso que dio Escazú, vale la pena recordar que se trata del primer convenio regional en materia de políticas ambientales y, como lo sostuvo en su momento el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, “tiene el potencial de catalizar el cambio estructural y dar respuesta a algunos de los principales desafíos de nuestros tiempos. Es un instrumento poderoso para prevenir conflictos, lograr que las decisiones se adopten de manera informada, participativa e inclusiva y mejorar la rendición de cuentas, la transparencia y la buena gobernanza”.