Un golpe directo al estrecho margen de acción que le queda a la dictadura de Nicolás Maduro, pero cuyas implicaciones, sin embargo, están por verse a corto y mediano plazos. Esa es la primera conclusión que se puede derivar de la decisión del gobierno estadounidense de Donald Trump en torno a suspender la exención que su antecesor en la Casa Blanca había concedido a la multinacional petrolera Chevron para operar en Venezuela pese a las sanciones que existen sobre gran parte de las exportaciones de crudo de esa atribulada nación suramericana.
No se trata, en modo alguno, de una medida sorpresiva. Ya en su discurso de posesión el mandatario republicano había adelantado que era muy posible que Estados Unidos dejara de comprar petróleo venezolano. También advirtió, junto al secretario de Estado, Marco Rubio, sobre la peligrosidad de los regímenes dictatoriales en el continente. Y si bien envió un delegado de alto nivel a Caracas, el objetivo no fue sentar las bases de una eventual distensión política y diplomática con la satrapía chavista, sino lograr un acuerdo puntual para que ese cuestionado gobierno se comprometiera a recibir, de forma rápida y sin problema, a una gran cantidad de sus nacionales que están siendo deportados por tener antecedentes criminales o situación migratoria irregular. Incluso, resulta claro que, dentro de la cruzada norteamericana contra las organizaciones criminales trasnacionales, la banda del ‘Tren de Aragua’, de origen venezolano y que ha sido acusada de actuar en complicidad con el régimen para sembrar el terror y aniquilar la resistencia opositora, es uno de los principales objetivos a desmantelar y erradicar de territorio norteamericano.
En ese orden de ideas, las razones de Trump para reimponer sanciones a las exportaciones petroleras venezolanas son consistentes. Como el régimen chavista concretó, ante la pasmosa debilidad e inacción del gobierno Biden, su fraude electoral y arrancó un nuevo mandato el pasado 10 de enero, mantener el alivio del embargo al crudo era injustificado. Y a ello se sumó que Caracas no está cumpliendo el compromiso de recibir ágilmente a sus nacionales deportados, que por ahora son algunos cientos, pero en pocas semanas pasarán a ser decenas de miles.
Aunque Maduro y compañía reaccionaron ayer con discursos desafiantes y nacionalistas, tuvieron cuidado de irse al extremo contra la Casa Blanca. Es claro que si es grave la salida de la Chevron (que aporta el 20% del millón de barriles diarios producidos en ese país y estaría ingresando a las arcas del régimen alrededor de 400 millones de dólares al mes), más lo sería que el embargo se tornara absoluto. Es decir, que también implicara las operaciones de la petrolera española Repsol o de la francesa Maurel & Prom. Esto no solo significaría un golpe mortal a las finanzas del gobierno chavista, sino que lo obligaría a volver a negociar crudo a muy bajo precio con China, Rusia e Irán.
¿Si Maduro cede en el tema de la recepción de deportados, Trump aflojará la presión? Esa pregunta no tiene respuesta por ahora porque este tema solo es la mitad del pliego de cargos de la Casa Blanca. La otra es la relativa al fraude electoral y el gobierno espurio de la dictadura. No hay que olvidar, incluso, que el líder opositor y considerado por muchos países como presidente legítimo venezolano, Edmundo González, estuvo en la posesión del hoy titular de la Casa Blanca, circunstancia con muchas implicaciones.
Es aquí, entonces, en donde hay un asunto que podría cobrar un protagonismo crucial en unas eventuales condiciones de Washington a Caracas para no seguirle apretando las tuercas: las elecciones de la Asamblea Nacional programadas por el régimen para abril próximo. Como se sabe, la oposición está dividida en torno a si le conviene participar en estos comicios y lo que ello implicaría en cuanto al riesgo de reconocer alguna legitimidad, directa o indirecta, al gobierno chavista. Es innegable que permitir un camino despejado al partido único de Maduro no solo dejaría huérfanos de diputados y líderes regionales a millones de ciudadanos que, pese a los riesgos, votan y se movilizan contra la dictadura, sino que habilitaría a Maduro para tramitar y hacer aprobar una polémica nueva constitución que lo perpetuaría en el poder, alegando una fachada institucional, así sea a todas luces espuria y cooptada.
En ese orden de ideas, queda claro que la decisión de Trump apunta no solo a agilizar su política migratoria, sino que acorrala a una dictadura que pensaba que después de su controvertida e ilegal posesión el pasado 10 de enero ya le había ganado el pulso a la oposición local y a la comunidad internacional.