LA LEY de Jurisdicción Agraria vuelve a la agenda del Congreso, y las distintas bancadas en las dos cámaras comienzan a delinear lo que será la discusión en las plenarias. EL NUEVO SIGLO habló con el ponente del proyecto el senador del Conservador Juan Carlos García quién explicó que “para generar un texto que hoy ya está aprobado en primera instancia, fue necesario modificarlo en gran parte de su estructura, lo que hemos podido interactuar entre los congresistas es adelantar unas audiencias públicas sobre cómo el articulado se ha venido mejorando para dar tranquilidad a algunos sectores”.
Posteriormente, agregó que “el partido ha recogido las propuestas grandes que hicimos conjuntamente con Cambio Radical y Centro Democrático, atendiendo las recomendaciones de la jurisdicción ordinaria desde las altas. Vamos a aplicar la arquitectura de la rama jurisdiccional del poder público para que se haga un debido proceso, no haya extralimitación de funciones y no quede al árbitro de un funcionario administrativo tomar estas decisiones frente a lo que es la expropiación exprés por parte de la Agencia Nacional de Tierras. Había gran cantidad de mezclas de derechos dentro de la Jurisdicción Agraria porque encontramos artículos relacionados con derecho de familia, derecho ambiental; se debatió el derecho minero energético lo que garantizaba la permanencia agraria en los predios y eso quedó excluido tras propuestas del Partido Conservador para la protección de la propiedad privada”.
El senador Alejandro Chacón, del Partido Liberal quién es otro de los ponentes de la iniciativa, dijo que “el Gobierno presenta inicialmente el acto legislativo que crea la Jurisdicción Agraria. Se proponía la creación de otra corte desconociendo el trabajo del Consejo de Estado en materia de Jurisdicción Agraria, por lo cual desde el Congreso se propuso una jurisdicción. La ley estatutaria es la estructura de la iniciativa, pero cada vez que se discutía un tema se tocaban las fibras de la institucionalidad, las competencias de la jurisdicción, por ejemplo, algunas eran consideradas decisiones propias de los jueces civiles y otras del Consejo de Estado. Entonces, el Congreso ha tratado de recoger las sugerencias de la Corte Suprema, lo que dice y quiere el Gobierno; y lo que dice el Consejo de Estado”.
Posteriormente, el parlamentario sostuvo que “la expropiación es un mecanismo que está en la ley, cuando se crea la norma pretendían crear una corte que resolviera los actos administrativos sin pasar por los jueces de la República, como hoy tienen los actos administrativos y legales que correspondan por utilidad pública. El Congreso exigió que cualquier objeción o controversia que existiera tuviera un control inmediato específico por parte de los jueces. Luego, logramos mayores consensos entre congresistas para estar sentados con las Cortes y mirar el texto porque esto es lo que deviene del futuro del campo de la nueva jurisdicción, sin embargo, nos falta hacerle mejoras”.
Cámara prepara debate en plenaria
La senadora Paloma Valencia del Centro Democrático, indicó que “propondremos que la extinción de dominio agrario no proceda por no explotar la tierra durante 3 años; y que se garanticen los derechos de las personas que se hicieron propietarios de baldíos de manera legal desde 1936 hasta 1994”.
El representante Gabriel Becerra del Pacto Histórico resaltó que “este es un proyecto de ley que tuvo consensos en Comisiones Primeras Conjuntas. La democracia implica que la discusión debe ser lo más amplia posible, incluso fuera del Congreso. En esta semana se realizó la audiencia sobre la Jurisdicción Agraria convocada por el senador Efraín Cepeda, enriquecerá el debate. Tenemos un buen número de iniciativas legislativas que han copado la agenda. Pero, esperamos que la discusión pueda darse lo más pronto posible. Consideramos que lo más acertado es mantener los acuerdos que se construyeron de manera amplia en las comisiones, esa sería una base de actuación que creo todos compartimos”.
Así mismo, el representante Juan Daniel Peñuela señaló que “los ponentes de la iniciativa, están trabajando en la concertación de un texto para la ponencia en segundo debate y acaba llegar el concepto de Ministerio de Hacienda señalando que el proyecto no tiene impacto fiscal. Nos preocupa, la inclusión de principios de derecho sustancial; la amplia definición de la función social y ecológica de la propiedad agraria; la definición de negocios agrarios; la posesión agraria que podrá afectar el derecho a la propiedad; la decisión que los jueces podrán sanear y solucionar conflictos agrarios”.