Fiscalía: 3 mil imputados por corrupción desde 2016

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Según el ente acusador, estos hechos ilícitos han dejado una pérdida de 4 billones de pesos 

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A 3.000 imputados llegó el plan “Bolsillos de Cristal”, puesto en marcha desde agosto de 2016 por la Fiscalía General de la Nación.

Las investigaciones, según un balance publicado ayer por la propia Fiscalía, comprometen recursos públicos por más de $4,7 billones y US$106.010.000.

A través de un comunicado, en el que califica la cifra de imputados como “sin precedentes en la lucha contra la corrupción”, la Fiscalía explicó que “Bolsillos de Cristal”, la estrategia judicial que le ha permitido identificar y judicializar a los responsables de múltiples maniobras ilícitas utilizadas para desviar o apropiarse de recursos del sector público, ha llevado ante los jueces de control de garantías a 1.036 funcionarios, entre alcaldes, gobernadores, magistrados, jueces, fiscales e investigadores judiciales; 754 exfuncionarios y 1.210 particulares como representantes legales de empresas y contratistas.

 

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Sector Justicia

Uno de los frentes investigativos definidos en el plan “Bolsillos de Cristal” busca reivindicar la trasparencia como principio fundamental en la administración de justicia. En ese sentido, se han puesto en evidencia actuaciones contrarias a la ley de 209 funcionarios y 46 exfuncionarios judiciales de diferentes entidades y corporaciones.

122 de estos procesados incurrieron en comportamientos ilícitos mientras se desempeñaron como servidores de la Fiscalía General de la Nación.

Casos destacados

Por la complejidad y el monto comprometido en algunos casos de corrupción detectados, la Fiscalía General de la Nación ha dispuesto de equipos especializados y diferentes líneas de investigación para descifrarlos. Uno de los más relevantes es la investigación relacionada con Odebrecht, a la que han sido vinculadas 96 personas, de las cuales 42 están en etapa de indagación, cuatro en imputación, 14 en acusación, cinco en juicio y 10 más tienen sentencias condenatorias. Asimismo, los fiscales de conocimiento han realizado 11 compulsas de copias por la condición de aforados de los investigados.

Otros casos destacados son: Reficar, Plan de Alimentación Escolar (PAE); irregularidades en programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Plan de Ordenamiento Territorial (POT), “Cartel de la Chatarrización”, “Carrusel de la Contratación”, desfalco a la Triple A, pensiones, contratación de Hidroituango, “Mermelada Tóxica”, Invima ‘paralelo’, “Pozo de la Dicha”, Justicia Especial de Paz (JEP), “Operación Quirófano”, “Operación Celdas”, Fondo de Adaptación, entre otros.

Al hacer un análisis por porcentajes, se evidenció que la corrupción afecta en mayor medida a los sectores más sensibles de la sociedad colombiana. Con los principales datos del plan “Bolsillos de Cristal”, se estableció que las áreas donde se presentan más hechos que han sido objeto de investigación por parte de la Entidad son justicia, salud, pensiones, infraestructura, PAE e ICBF.

 

 

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Estado en ‘cicla’, bandidos en Lamborghini: Contralor

 

El lunes, tras señalar que la Contraloría va a velocidad de bicicleta y los bandidos a velocidad de Lamborghini, el contralor general Carlos Felipe Córdoba consideró que este organismo de control requiere de mayores recursos, para encaminarse al uso de la inteligencia artificial y lograr mejores resultados contra la corrupción.

Sin embargo, Córdoba anunció que logró potenciar la ‘cicla’ con la plataforma tecnológica Océano, que le ha permitido a la Contraloría revisar más de 5,7 millones de contratos públicos por valor total de $545,9 billones, gracias a este gran Big Data y el análisis avanzado que hoy se tiene desde este organismo de control.

“Hemos podido encontrar empresas que se vuelven multipropósito y es así como hay una empresa que vende gallinas ponedoras y a la vez hace vías, o también está el caso de una farmacia en el Amazonas que termina haciendo viviendas y, además, también encontramos muertos que siguen contratando”, indicó.

Asimismo dijo que, “tenemos el Big Data y queremos migrar hacia modelos predictivos, como los que ya tiene la Fiscalía. El país tiene que entender que sin la tecnología y la ciudadanía no se pueden tener resultados contundentes contra la corrupción”.