Informe de la MOE analiza las posibilidades de aprobación de las iniciativas

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La Misión de Observación Electoral (MOE) elaboró un informe en el que analiza las posibilidades que tienen de ser aprobados en el Congreso de la República los proyectos relacionados con la implementación del Acuerdo de Paz.

En dicho informe los proyectos se dividen en tres categorías. En la primera se encuentran las iniciativas que tienen mayores posibilidades de ser aprobadas. En la segunda están las que tienen posibilidades, pero necesitan de voluntad política para que puedan cumplir con los tiempos. Y en la tercera aparecen los que aún tienen posibilidades, pero consideran que no existe voluntad política para poder ser tramitados. De acuerdo con el análisis, una gran parte de las iniciativas están cerca de su hundimiento porque los tiempos juegan en contra de su aprobación.

Podrían ser aprobados

Adjudicación de baldíos en reserva forestal. La iniciativa fue radicada por los exministros de Agricultura, Juan Guillermo Zuluaga, y de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, en marzo de 2018. Busca que con el uso adecuado de los suelos forestales del país, incluido en las zonas de reserva forestal, continúe la oferta de servicios ecosistémicos “para el desarrollo sostenible de los territorios dentro y fuera de dichas figuras de reserva”. También estipula que las comunidades pueden acceder a la propiedad de la tierra y realizar sus actividades de manera armónica a la vocación y aptitud del territorio, “permitiendo el desarrollo sostenible del país”.

Igualmente determina que la adjudicación u otorgamiento del uso de las tierras será para los campesinos y trabajadores con vocación agraria sin tierra o con ella, “priorizando a la población rural victimizada, incluyendo sus asociaciones de víctimas, las mujeres rurales, mujeres cabeza de familia y a la población desplazada”.

Este proyecto ha surtido tres de los cuatro debates requeridos. No obstante, “ha estado desde hace más de 10 meses en la plenaria del Senado”. La Misión de Observación considera que “podría ser aprobado, solo si el Ministerio de Ambiente y varios congresistas deciden ubicarlo dentro de los primeros puntos del orden del día, promoviendo una modificación de este para ser discutido o aprobado”. Igualmente, señalan que existe la posibilidad de que sea citado a extras y así tenga más tiempo para su discusión.

Aprobación enredada

La MOE señala que, a pesar de encontrarse relegados en la agenda legislativa, podrían tener posibilidades de ser aprobados en la siguiente legislatura por ser leyes ordinarias los proyectos de Reforma a la Ley 160, el proyecto que tipifica el delito del paramilitarismo y el proyecto de adecuación de tierras.

Estos dos proyectos fueron radicados por el exministro de Agricultura, Juan Guillermo Zuluaga, el 20 de julio del año pasado, a pocos días del final del gobierno anterior y del inicio del mandato de Iván Duque.

El primer proyecto busca reformar la Ley 160 de 1994 de reforma agraria. El proyecto busca el desarrollo integral del campo “orientado a la generación de capacidades, la competitividad y el fomento de la productividad como condición para el desarrollo del campo, armonizadas con el Plan Nacional de Desarrollo y los planes de ordenamiento territorial (POT), o instrumento equivalente, con criterios de sostenibilidad ambiental y respeto a la propiedad privada y los derechos de los grupos étnicos”.

Mientras que el segundo se propone “regular, orientar y hacer seguimiento el servicio público de adecuación de tierras, con el fin de mejorar la productividad del sector agropecuario, haciendo un uso eficiente y sostenible de los recursos suelo y agua, y contribuir al desarrollo rural integral con enfoque territorial, incluyendo el impulso a la producción agrícola familiar, la economía campesina y la seguridad alimentaria”.

De acuerdo con la MOE, estas iniciativas que tienen que pasar inicialmente por la Comisión Quinta del Senado, “parecen tener el visto bueno” del senador de La U José David Name, presidente de la Comisión, “y de esta forma tener trámite en las próximas semanas o en la siguiente legislatura”.

Proyecto que tipifica delito del paramilitarismo. Este proyecto busca llevar a la práctica el punto 3.4 del Acuerdo de Paz, denominado ‘garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo’. En ese sentido, se pretenden crear cinco nuevos tipos penales que tipifican la conducta del paramilitarismo.

De acuerdo con la MOE, este proyecto podría encontrar mayores resistencias que los anteriores, tras la salida de la representante Ángela María Robledo de la Comisión Primera, ya que se perdería un voto decisivo a su favor. No obstante, señalan que “en el caso de que se logre un acuerdo entre los partidos Liberal, La U, Verdes, Polo y alguno de Cambio Radical el proyecto podría prosperar y seguir su trámite”.

Sin voluntad política

La reforma a la Ley 152 de 1994. Este proyecto, que fue radicado por el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, a mediados de 2018, tiene como propósito que en el Plan Nacional de Desarrollo se incluya un capítulo correspondiente al denominado Plan Cuatrienal de Implementación de los acuerdos de paz, por los siguientes dos periodos presidenciales tras la terminación del conflicto. Lo anterior, estaba contemplado en Plan de Implementación de los acuerdos.

La iniciativa fue aprobada en su primer debate en junio de 2018, pero, “el proyecto se estancó en la plenaria de la Cámara de Representantes, en dónde no ha tenido ponencia y parece que cada vez hace más aguas. Debe cumplir con tiempos ajustados, pues esta es su última legislatura para ser aprobada. De no completar los cuatro debates, antes del 20 de junio, y de no ser priorizada si llegan a haber extras, el proyecto deberá archivarse”, señala la Misión de Observación Electoral.

La MOE considera que el Plan Nacional de Desarrollo tiene “serios problemas” en materia de paz. En primer término, consideran que dentro del documento el Congreso y el Ejecutivo omitieron la destinación de recursos adicionales a la paz, “pues lo que aparece en el plan plurianual de inversiones son las especificaciones de los gastos y las asignaciones presupuestales transversales que ejecutarán diferentes entidades del orden nacional y territorial para la implementación de la paz”. Así mismo, señalan que el articulado no incluye un capítulo específico sobre el Plan Marco de Implementación, que “debía incluirse acorde al acto legislativo 02 de 2017 que le dio estabilidad jurídica al Acuerdo de Paz y lo convirtió en fuente de derecho”.