El Tribunal Superior de Bogotá, a través del magistrado ponente, Carlos Andrés Guzmán Díaz, recordó que la Fiscalía tiene 90 días para definir si pide otra preclusión o lleva a juicio al expresidente y exsenador Álvaro Uribe, por su supuesta manipulación a testigos.

El recordatorio al ente acusador se dio en medio de una acción de tutela que le fue negada al senador Iván Cepeda y al exfiscal Eduardo Montealegre, quienes consideraban que la justicia les había vulnerado sus derechos al debido proceso y la igualdad.

En una de las conclusiones, la Sala Penal del tribunal ratificó que desde el cambio de fiscal en este caso, al ente acusador le empezaron a correr los tres meses para que tome una decisión de fondo en el proceso que tiene a Uribe en calidad de imputado por dos delitos: soborno a testigos y fraude procesal.

Tras la decisión del tribunal, el senador Iván Cepeda anunció que impugnará la decisión porque, según él, se intenta que las víctimas en el proceso deban someterse a nuevas dilaciones de la Fiscalía.

En su cuenta de Twitter el actual senador del Polo Democrático escribió: “Anuncio que impugnaremos la decisión del Tribunal Superior de Bogotá en la que se intenta que las víctimas en el proceso que se adelanta debamos someternos a nuevas dilaciones de la Fiscalía; que continúen eludiendo el llamado a juicio del imputado Álvaro Uribe”.

El caso Uribe

A finales de abril la jueza 28 Penal del Circuito con Función de Conocimiento rechazó la solicitud de preclusión interpuesta por el ente acusador, al considerar que no había motivo alguno para que continuara este expediente que viene rodando hace cuatro años.

De acuerdo con la jueza, el fiscal Gabriel Jaimes no pudo sostener sus afirmaciones porque en medio de ellas hay varias inconsistencias que no podían pasarse desapercibidas.

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Entre las más notorias están que se dejaron por fuera diligencias que podrían demostrar la participación de Uribe en las supuestas manipulaciones, y que no se ahondó lo suficiente en el material ya documentado por la Corte Suprema.

Con fuertes cuestionamientos al proceder del fiscal Gabriel Jaimes, la jueza expuso en varios puntos los motivos de por qué este expediente sigue vigente.

Lo que dijo Uribe

A través de sus redes sociales, el expresidente Álvaro Uribe leyó un documento al que llamó “Expropiaron mi reputación”, en el que con 41 puntos expuso su desacuerdo por la decisión tomada por la togada, Carmen Helena Ortiz Rassa, que dejó abierta la posibilidad de que se le investigue por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal.

Según Uribe, la evidencia que reposa en su expediente, y que según él incluye la invasión a su privacidad con 22 mil interceptaciones supuestamente ilegales a su teléfono en un período de 32 días (es decir, 687 interceptaciones por día), indicaría que, en su opinión, nunca ordenó buscar testigos sino corroborar información que le llegaba.

“Jamás tomé la iniciativa de ofrecer un beneficio, ni autoricé ni supe previamente de giros de dinero, ni pasó por mi mente pedir que mintieran u ocultaran la verdad”, dijo Uribe.

En su momento, el partido Centro Democrático ha salido en defensa del expresidente diciendo que confía en la plena inocencia de su líder. Incluso, algunos integrantes del partido aseguraron que se está utilizando su proceso para beneficiar a Gustavo Petro en plena campaña electoral.

“Confiamos en que la justicia valore nuevamente el material probatorio del caso para que, en las instancias que procedan, sin inconsistencias e injusticias, se demuestre de una vez por todas su inocencia, ya que, como bien alegó la Fiscalía, no hay pruebas que demuestren su responsabilidad en ninguna de las conductas ilícitas que se le endilgan”, sostuvo la colectividad.

Miembros del Centro Democrático cuestionaron a la justicia por esta decisión y pidieron garantías para el dirigente político en medio de la investigación judicial.