La Procuraduría General de la Nación interpuso una acción de tutela contra el Ministerio de Educación  Nacional y la Gobernación del Vichada por considerar que se vulneraron los derechos fundamentales de más de 3.000 niños que, durante el periodo comprendido entre febrero y mayo del presente año, han estado desescolarizados por la falta prestación del servicio y entrada de funcionamiento de 41 residencias escolares ubicadas en los municipios de Cumaribo, La Primavera, Puerto Carreño y Santa Rosalía, en el departamento.

Teniendo en cuenta que el Programa de Residencias Escolares es una estrategia de acceso, bienestar y permanencia para los niños, niñas y adolescentes que habitan en zonas rurales de compleja movilidad en el departamento con ausencia de oferta educativa, lo que se constituye en un factor de riesgo que incide notablemente en la permanencia de los niños en el sistema escolar.

El Ministerio Público, teniendo en cuenta el artículo 7 del Decreto 2591 de 1991, solicitó como medida provisional a la Gobernación del Vichada disponer en forma inmediata la prestación del servicio del Programa de Residencias Escolares en este departamento y garantizar el amparo de los derechos fundamentales a la educación, alimentación y dignidad de los niños, niñas y adolescentes de esta región del país.

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Igualmente, ordenó al Ministerio de Educación Nacional que los giros para las instituciones educativas que implementan esta estrategia, se hagan de manera anticipada, al inicio escolar de las vigencias futuras.

Para que no se repitan estas situaciones que afectan los derechos de la población infantil que asiste a las instituciones educativas que implementan esta estrategia, el órgano de control conmino a las dos entidades para que adelanten las gestiones presupuestales, administrativas y contractuales pertinentes con la debida anticipación para garantizar el servicio.