CORREGIR la sentencia de única instancia en lo que corresponde al alcance y los efectos de la declaratoria de nulidad del acto de elección del ciudadano Carlos Hernán Rodríguez Becerra como Contralor General de la República solicitó la secretaría General del Senado al Consejo de Estado.

Contrario al fallo del Consejo de Estado que ordena “rehacer todo el proceso a partir de la convocatoria, inclusive, para elegir Contralor”, para lo que resta del período constitucional, el legislativo considera que el mismo debe darse desde la resolución 03 del 3 de agosto de 2022, cuando la mesa directiva del Congreso introdujo cambios sustanciales a los criterios y valores de selección, lo que vició la elección de  Rodríguez Becerra como contralor y, de allí, la declaratoria de nulidad de su elección en dicho cargo.

Así lo señala en recurso interpuesto por el secretario general del Senado, Gregorio Eljach, al magistrado ponente de la sección Quinta, Carlos Enrique Moreno, indicando que “la nueva selección que se realizará se debe adelantar a partir de la exclusión del proceso” de la mencionada Resolución, que “es donde se afirma por la Sala, partió la supuesta irregularidad del acto de elección y no de su convocatoria, toda vez que las actuaciones anteriores a ese Acto Administrativo, gozan de plena legalidad”.

Eljach agrega que con durante el resto del proceso, que no tuvo vicio alguno tal cual lo admite el Consejo de Estado, los aspirantes adquirieron unos derechos y a quienes “el Congreso debe garantizar que, al rehacerse el proceso, continúen en las condiciones en que fueron incluidos en la lista de elegibles, antes de la expedición de la referida Resolución”.

Como se sabe, la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró la nulidad de la elección de Rodríguez Becerra como contralor general de la República para el período 2022 – 2026, el pasado jueves, al acreditar la irregularidad de cambios injustificados en los criterios y valores de selección que “variaron de manera grave los parámetros de evaluación de los participantes, luego de que ya se conocían los resultados de las pruebas de conocimientos y de la evaluación de las hojas de vida, actividad adelantada por la Universidad Industrial de Santander, en la primera fase de la elección”.

Ello llevó –sentencia el ponente- a que se afectara la objetividad y legalidad del proceso electoral, evidenciándose además un desconocimiento sobre la inmodificabilidad que rigen las convocatorias, claramente establecida en jurisprudencia de esta Corporación, que enfatiza que las mismas las reglas establecidas no pueden cambiarse sin justificación y mucho menos cuando se han practicado pruebas diseñadas para el efecto y se conocen sus resultados, como lo que ocurrió en este caso de la elección de Rodríguez Becerra como contralor.

El secretario del Senado también justifica la solicitud de arrancar el proceso desde la fase en que se encontraba cuando se expidió la Resolución del 3 de agosto pasado, destacando que el Consejo de Estado no encontró irregularidad en las etapas previas al mismo, es decir en el estudio de hojas de vida y pruebas realizadas por la Universidad Industrial de Santander.

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Si el alto tribunal precisa el fallo en el sentido que pretende el Senado, la nueva elección partiría del listado de aspirantes conocido, pero no el que se divulgó con la mencionada Resolución en agosto 3 del 2022, sino el que se había conformado el 16 de julio del mismo año, en el que básicamente la diferencia está en un nombre: el de Carol Dayana González Mora, quien tras su renuncia dos días después de hacerse público, fue reemplazada por Luis Fernando Bueno González.

Así las cosas, se mantendría en los elegibles Carlos Hernán Rodríguez Becerra. Los ocho aspirantes restantes son: Elsa Yazmín González Vega, María Fernanda Rangel Esparza, Diana Carolina Torres García, Mónica Elsy Certain Palma, Andrés Castro Franco, Víctor Andrés Salcedo Fuentes, Carlos Fernando Pérez Gélvez y Luis Carlos Pineda Téllez.

En contrario, si el Consejo de Estado ratifica el fallo, deberá realizarse todo el proceso para la elección del Contralor, desde la convocatoria, lo que de suyo implica más y nuevos aspirantes.

Se afectan mis derechos: Rodríguez

Entre tanto, Carlos Hernán Rodríguez, quien también pidió al Consejo de Estado precisiones sobre el fallo que declaró la nulidad de su elección como Contralor, insistió en que no ha sido destituido y que si bien como ciudadano y funcionario respeta y acata la decisión judicial, evalúa interponer “los recursos y demandas que contempla nuestro orden jurídico para restablecer mis derechos y preservar el normal funcionamiento del órgano constitucional”.

Aseguró que la sentencia judicial afecta sus derechos como “ciudadano y como persona en el proceso de elección”, al tiempo que explicó que “mi inclusión en la lista de elegibles la ordenó una decisión judicial por haber sacado la calificación más alta en la prueba de conocimiento”.

Tras presentar un balance de sus ocho meses de gestión, anunció que una vez entregue su cargo al vicecontralor emprenderá por su cuenta “una lucha jurídica para defender sus derechos y, si es del caso, después de conocer la aclaración que haga el Consejo de Estado, considera acudir a una tutela”.

Dijo que fuera de la Contraloría va a tener un nivel de riesgo, pues siempre ha tocado algunos intereses con decisiones de su administración, y por eso pedirá protección, aunque aclaró que no ha tenido amenazas directas.

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