El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de Ecuador confirmó el jueves la destitución del alcalde de Quito, Jorge Yunda, decidida hace un mes por el concejo metropolitano que consideró que incumplió sus funciones.

Los cinco jueces del TCE, encargado de hacer cumplir las normas y en última instancia la jurisprudencia electoral, resolvieron una apelación presentada por el aún alcalde, coincidiendo todos en que la remoción se enmarca en la ley.

"No cambia el fondo de la decisión" adoptada por el concejo metropolitano, dijo a la prensa el magistrado Angel Torres.

El constitucionalista Rafael Oyarte sostuvo en Twitter que "el @TCE_Ecuador confirmó la licitud de la remoción, por lo que este acto es perfecto y (Yunda) no puede continuar en el cargo".

Yunda, también procesado por la justicia por presunta corrupción y con grillete electrónico, argumentó ante el organismo que 14 de los 21 concejales que votaron por su destitución incumplieron formalidades y procedimientos legales.

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Una organización civil planteó su remoción al acusarle de haber incumplido sus funciones y disposiciones legales como la asignación de cuotas de participación ciudadana y la rendición de cuentas.

"El Dictamen del #TCE no me impide el ejercicio de mi cargo", dijo a su vez Yunda, quien ante la justicia además presentó una acción de amparo que en principio fue aceptada de manera parcial y debe ser resuelta por una corte superior.

Yunda anotó en Twitter que "la justicia constitucional ratificó la violación de mis derechos y suspendió los efectos de un proceso viciado de remoción. Por lo tanto, seguiré en funciones hasta que la Corte Provincial se pronuncie".

"El odio es como tomar veneno y esperar que el otro se muera, tranquilos que sea lo que disponga las autoridades respectivas, estamos en un estado de derecho", añadió.

El vicealcalde de Quito, Santiago Guarderas, manifestó por su parte que asumirá la titularidad una vez que el TCE notifique su resolución al concejo metropolitano.

Yunda, elegido en 2019 para cuatro años, enfrenta un juicio por presunta corrupción en la compra de 100.000 pruebas para detectar el covid-19, que habría dejado un perjuicio de 4,2 millones de dólares al municipio quiteño, según la Fiscalía.

El delito de peculado es castigado en Ecuador con prisión de diez a trece años.