TRAS LA posible aprobación de la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), a la que le faltan dos debates en la Cámara, se avecina un duro pulso por la discusión de una ley de competencias para una nueva distribución de responsabilidades a cargo de la Nación y las que quedarían en departamentos y municipios, teniendo en cuenta que el giro de recursos a las regiones crecería del 22.5 % al 39.5 % de los ingresos corrientes de la Nación. Algunos consideran que esto implicará un verdadero revolcón del Estado.

Es claro que el Gobierno central se quedará con rubros que constitucionalmente le corresponden, como la atención de la deuda pública, la defensa nacional y por ende costear el Ejército; las relaciones exteriores, y por ello seguirá con el gasto que demandan las embajadas y los consulados; y el funcionamiento de la justicia, entre una extensa lista.

Y hay otras responsabilidades del Estado que podrían quedar a cargo en su totalidad de departamentos, distritos y municipios, como la salud y la educación, que hoy parcialmente y con dificultades las asumen, porque la plata no les alcanza, a pesar de que además del SGP que reciben de la Nación, también les llegan importantes recursos por concepto de regalías.

Este proyecto de origen parlamentario busca recuperar para las regiones el porcentaje de los recursos por SGP que estableció la Constitución del 91 para avanzar en la descentralización, pero que por una reforma de 2001 se vio reducido del 46.5 % a cerca del 22.5 % de los ingresos corrientes de la Nación. Se calcula que en este tiempo las regiones han dejado de recibir más de $300 billones.

Sin embargo, el impacto en los ingresos que hoy maneja el Gobierno Nacional que significaría hacer crecer ese porcentaje, determinó que varias administraciones dejaran de lado la reforma al SGP, mientras que crecían los reclamos de las regiones porque la plata no les alcanza para costear las responsabilidades que tienen y que en todos estos años les han ido agregando más.

Incluso, la administración Petro no apoyaba la actual reforma, pues el Ministerio de Hacienda dijo que fiscalmente era insostenible en el porcentaje que inicialmente contemplaba del 46.5 %. Finalmente se llegó a un acuerdo con el ponente del proyecto por el cual la Casa de Nariño le dio su respaldo, en el sentido de que el SGP quede en el 39.5 %, lo que aprobó esta semana la plenaria del Senado.

A este 39.5 % se llegará de forma gradual en un término de 12 años, comenzando en 2025, cuando el giro a las regiones por SGP sería de $82 billones, y en 2032, por ejemplo, sería de $163.5 billones.

Reasignación de competencias

EL NUEVO SIGLO consultó varias opiniones sobre cómo sería la redistribución de responsabilidades entre la Nación y las regiones en la ley de competencias, que se tiene previsto discutir en el Congreso producto de la reforma al SGP.

El exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo dijo que “no se puede transferir un solo peso nuevo a las entidades territoriales si previamente no se  expide una ley de competencias en que se diga y se cuantifiquen las transferencias”.

Agregó que “tiene que ser Planeación Nacional la que se siente mapa en mano de competencias a definirlas. Hay algunas que no son transferibles: la defensa nacional, el servicio de la deuda, el servicio exterior. Habrá otras que pueden ser objeto de transferencia”.

Por su parte, Didier Tavera, director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, dijo que “lo primero es esperar que salga el proyecto de acto legislativo 018 y después comienza ese ciclo de negociación. Porque si el acto pasa con más transferencias a las entidades territoriales, el Estado debe dejar el gasto que hoy tiene en lo que se le trasladaría”.

Agregó el directivo: “Y para ello hay que cumplir con el artículo 5 parágrafo transitorio de la Ley 2200 del 2022, porque lo que no puede quedar igual es más gasto en la Nación con competencias que se les asignen a las entidades territoriales”.

Mientras que Fernando Montenegro, consultor en temas de urbanismo y de planes de ordenamiento territorial, consideró que “Colombia históricamente fue un país que se fundamentó en regiones” y hasta la Constitución del 91 “los departamentos eran unas entidades poderosas en el sistema regional”, pero después de la misma y la “puesta en funcionamiento de un sistema basado en el municipio, en Colombia las cosas cambiaron y pasamos de un país de regiones departamentales a un país de regiones municipales”.

Agregó que “en el momento en que empiezan a hablar de repartir mucho más dinero para las regiones aparece un problema fundamental: ¿quién lo reparte?, ¿los departamentos en su antigua configuración o los municipios en su nueva configuración? Y es un problema sumamente difícil de resolver, porque ambos tienen razón”. 

Continuó Montenegro que, por ejemplo, “hoy en día quién hace las carreteras secundarias o los caminos vecinales, los puede hacer el gobernador o los pueden hacer los municipios”. Por ello, dijo que de cara a la discusión de ley de competencias también “lo que hay que plantear es que las distintas escalas de gobierno hay que empezar a mirarlas para que estén armonizadas. Ya no existe un gobernador poderoso, existe un gobernador con un conjunto de alcaldes”.

En tanto que Óscar Pérez Pineda, representante a la Cámara por Antioquia, aseguró que “lo primero que hay que establecer es cuál es el porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación que se deberán transferir a las regiones sin poner en peligro las finanzas públicas”.

Agregó el parlamentario que la Constitución del 91 “empezó a crear una cantidad de figuras de gasto, pero nunca se preocupó por generar ingresos”.

Recordó Pérez que “se creó una misión de descentralización que hizo un estudio hace unos años  y propuso el 31 % de los ingresos corrientes de la nación. ¿Cuál debe ser: el 39 %, el 35 %, el 31 %?, eso hay que estudiarlo técnicamente”.

Añadió: “¿Cuáles son las competencias que hay que trasladar, las funciones que hay que trasladar?, pues si el Gobierno central va a trasladar, no sé, $60 o $70 billones más, pues tiene que bajar sus gastos en $60 o $70 billones”.

Explicó que el primer gasto que hay que pagar es la deuda pública, también hay que pagar las pensiones, el aseguramiento en salud, la educación primaria y secundaria,  la atención de los niños. “Entonces hay que recomponer el Estado completo: en cuánto se va a reducir Bienestar Familiar,  en cuánto se va a reducir el Ministerio de Educación, en cuánto se va a disminuir el Ministerio de Salud, en cuánto se va a disminuir el tema de agua potable y saneamiento básico, en cuanto se va a disminuir vivienda”, dijo.

Señaló que la educación superior y la prevención en salud es posible que terminen trasladándose a los departamentos y municipios, así como vías primarias, infraestructura básica, subsidio para mejoramiento de vivienda, entre otras.