LA REFORMA al Sistema General de Participaciones (SGP) para que el nivel central gire más dinero a las regiones, de los ingresos corrientes de la Nación, se da por descontado su aprobación por el alto consenso entre parlamentarios de distintos partidos y porque solo le restan dos debates en Cámara. Sin embargo, es relevante que en este momento tan avanzado del trámite y a pesar de los ajustes al texto en la plenaria del Senado, hay más alertas, una del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF).

El sábado anterior, previo al sexto debate en la plenaria del Senado, el viceministro de Hacienda, Diego Guevara; el director de Presupuesto Nacional, Jairo Bautista; el ponente del proyecto, Ariel Ávila; y el ministro del Interior, Juan Cristo, llegaron a un acuerdo para reducir en el proyecto del 46,5% al 39,5% el SGP a las regiones. También se convino que a este umbral se llegaría de forma gradual en 12 años, a partir del año 2027, no en 10 como establecía la iniciativa.

En la actualidad las transferencias del SGP que llegan a los departamentos, municipios y distritos son del 25,7% de los ingresos corrientes de la Nación.

El ministro Cristo dijo en la plenaria del Senado el pasado martes, cuando fue aprobado el acto legislativo en sexto debate, que “el Ministerio de Hacienda después de evaluar la propuesta llegó a la conclusión que las proyecciones con el crecimiento al año 2036 permitían que se diera un aumento del Sistema General de Participaciones no al 46,5%, sino al 39,5%, y no en 10 años si no plantearon que era importante aplanar la curva de crecimiento del ajuste del SGP a 12 años”.

Añadió que en “el texto se incluyó el concepto de que tenía que estar ceñido al Marco Fiscal de Mediano Plazo y además se reiteró a lo largo de todo el texto que este acto legislativo tendría un seguro, que es la aprobación de la ley de competencias que será una oportunidad inmensa que tenga este Congreso de la República para un gran acuerdo nacional en torno a con qué competencias se quedan los departamentos y municipios, y cuáles finalmente ejerce el Estado central desde Bogotá, que muchas de ellas las ha venido ejerciendo mal desde hace 20 años”.

CARF no está convencida

El CARF indicó ayer que pese a los ajustes realizados en la plenaria del Senado la reforma es inconveniente para las finanzas públicas.

“Si bien estas modificaciones son, en el margen, positivas, el CARF considera inconveniente la iniciativa por las razones ya expuestas y, adicionalmente: que las transferencias para financiar sectores no puedan reducirse en términos nominales de un año a otro y que no exista un mecanismo de estabilización de las transferencias del SGP a las regiones”.

También el CARF, adscrito al Ministerio de Hacienda, señaló que con esta reforma “se crea una situación de posible superación del límite de deuda en el mediano plazo. La situación actual de las finanzas públicas y de la rigidez del gasto del Gobierno nacional es ya retadora en ausencia de este proyecto de reforma”.

Advirtió que la iniciativa generará un aumento de la deuda pública a niveles de no retorno, por encima del límite de 71% del PIB, y por tanto se incumpliría la regla fiscal. “Esto comprometería la capacidad que tiene el Gobierno para honrar sus obligaciones, incluso las intransferibles”, indicó el organismo. Dijo que por lo aprobado hasta el momento los giros del SGP a las regiones crecerían hasta 8,2% del PIB, situación que sería insostenible y obligaría a obtener recursos adicionales equivalentes a tres reformas tributarias.

Puso de presente también que “la discusión de esta reforma inició por el final. Lo primero que habría que revisar es cuáles son las competencias que el Gobierno Nacional puede transferir a las entidades territoriales, cuál es su capacidad de ejecución y cuáles son las necesidades de gasto sectorial”.

En síntesis, dijo el CARF, “cualquier modificación de SGP que incremente la rigidez de las transferencias e imponga nuevas obligaciones de gasto al Gobierno nacional pone en peligro el cumplimiento de la regla fiscal”.

Otras voces de alerta

El exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, dijo a EL NUEVO SIGLO que “no se puede transferir un solo peso nuevo a las entidades territoriales si previamente no se expide una ley de competencias, en que se diga y se cuantifiquen las transferencias. Porque la discusión no es si es 46%, si es 39%, si es 35%. Es que si no hay ese delineamiento de responsabilidades las cuentas fiscales no van a funcionar”.

Agregó Restrepo Salazar que “me parece que esto lo está manejando el Gobierno con mucha improvisación. En el acto legislativo que se está aprobando se dice que habrá una ley de competencias, pero no se dice lo que es más importante: que se expida antes de que entre en vigencia el acto legislativo”.

En tanto que el también exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, dijo que “asignan primero el dinero a los entes territoriales (con un porcentaje sacado de la manga y negociado como regateando precios) sin tener idea alguna de los costos por la asignación de nuevas competencias a los entes territoriales ni que es lo que va a eliminarse en el tamaño del estado central”.

Previo al sexto debate del proyecto la ANIF (Asociación Nacional de Instituciones Financieras) propuso que el SGP gire a las regiones máximo el 35% de ingresos corrientes de la Nación. “Una mala calibración de la fórmula de descentralización podría traducirse en mayores primas de riesgo y tasas de interés, que no solo afecten la capacidad de endeudamiento del Gobierno y otras entidades de orden subnacional, sino del sector privado, afectando así el crecimiento, la inversión y el empleo en todo el país”, dijo.

Añadió que “desde ANIF hemos advertido sobre las graves consecuencias que traería la aprobación del acto legislativo que reforma las transferencias a los departamentos y municipios, y proponemos una fórmula alternativa”.

A su turno, Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, puso el acento en que “lo primero que hay que hacer es un estudio técnico que haga una cuantificación de cuánto gasto se puede trasladar y cómo se va a hacer, porque trasladar recursos sin un mejoramiento en los mecanismos de gestión y control terminará generando ineficiencias y derroche de recursos”.

¿Qué dijo el ministro de Hacienda?

A pesar de que el ministro del Interior indicó en la plenaria del Senado “que llegamos a un acuerdo sobre esa posición que fue avalada además por el señor presidente de la República, y la posición es que el Gobierno respalda este proyecto de iniciativa parlamentaria”, en el sentido de que las transferencias del SGP a las regiones serán del 39,5% de los ingresos corriente de la Nación, vale recordar que el lunes pasado el ministro de Hacienda planteó otro porcentaje y vigencia al Congreso.

“Que ese proyecto solo tenga vigencia a partir de que se defina cuáles son las competencias que se van a trasladar y que eso tenga una vigencia a partir del 2027 y, más importante (…) que bajen el umbral, pueden aceptar el umbral planteado por la Comisión de Descentralización, llegar a un umbral de 37% y segundo, que lo difieran en el tiempo entre 15 y 20 años porque finalmente el objetivo es profundizar la descentralización”.