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La economía colombiana podría afrontar pérdidas en la productividad laboral estimadas en más de 3,7 billones de pesos debido al Fenómeno de El Niño, evento que, según el Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera de los Estados Unidos (CPC/NOAA, por sus siglas en inglés) tiene entre un 89 y un 94 % de probabilidades de desarrollo para el segundo semestre del año y produciría un aumento significativo en las temperaturas del país y escasez de agua en algunas de sus regiones.
Si bien el impacto de las sequías en el mercado laboral ha sido ampliamente medido en el sector agrícola por ser uno de los más afectados, el efecto también se evidencia en grandes ciudades y áreas metropolitanas. En 2019, el Banco Mundial analizó el impacto de las sequías sobre las horas trabajadas e ingresos de los trabajadores del sector formal e informal en las principales ciudades de América Latina, entre ellas 22 ciudades de Colombia.
Los principales resultados de este estudio indican que los periodos de sequía producen una disminución del 0,6 % en las horas laborales de los trabajadores formales. La peor parte la llevan los trabajadores informales cuyas horas trabajadas se reducen en un 4,5 %, lo que genera una pérdida del 6,4 % en sus ingresos laborales mensuales.
Con base en esta información, el Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) estimó el impacto que el Fenómeno de El Niño generaría en el mercado laboral de las principales ciudades y áreas metropolitanas durante los próximos 10 meses. Para el cálculo, tomó el salario promedio mensual reportado por el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, estimado en $2.098.239 para el sector formal y $901.246 para el sector informal. Adicionalmente, incorporó los datos de población ocupada reportados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) con corte a abril de 2023; esto es, 6.734.431 personas ocupadas en el sector formal y 4.996.626 en el informal[1].
De esta forma, se estimó que la población ocupada informal dejaría de percibir 2,88 billones de pesos mientras que las pérdidas para el sector formal alcanzarían los 838 mil millones; es decir, un total de más de 3,7 billones de pesos. Realizando un comparativo, esta cifra equivale a aproximadamente el 0,25 % del PIB nacional y casi el 20 % de lo que pretende recaudar la más reciente reforma tributaria en 2023. Desagregando estas pérdidas a nivel geográfico, Bogotá aportaría 1,08 billones, seguida por Medellín (592 mil millones), Cali (386 mil millones) y Barranquilla (343 mil millones).
Cabe mencionar que el costo para el sector informal lo asume el propio trabajador, dejando de percibir esos ingresos u obligándolo a trabajar más horas al día para reponer dichas pérdidas. Por el contrario, para el sector formal, este costo lo asume el empleador, al disminuir las horas trabajadas de sus colaboradores y/o teniendo que asumir el costo de horas extras.
“La reducción del 6,4 % en los ingresos laborales de los trabajadores informales durante las sequías es motivo de preocupación ya que dificulta aún más los esfuerzos para reducir la pobreza, especialmente en el contexto actual”, afirma Adriana Solano Luque, presidenta ejecutiva del Consejo Colombiano de Seguridad, durante del 56 Congreso de Seguridad, Salud y Ambiente, en el marco del cual se lleva a cabo el III Foro Regional de la Alianza del Sector Privado para Sociedades Resilientes ante Desastres (ARISE). No obstante, Solano enfatiza en que es importante tener en cuenta que el impacto puede ser mucho mayor ya que el análisis no contempló ciudades intermedias, pequeños municipios, cascos urbanos y áreas rurales donde se concentra un gran porcentaje de los trabajadores informales ligados a las actividades agropecuarias.
Principales causas del deterioro en la productividad
El incremento de las temperaturas como consecuencia de un Fenómeno de El Niño intenso es la principal causa de la disminución de horas trabajadas, especialmente, en el sector informal o en trabajadores formales cuya labor se lleva a cabo en exteriores. Esto se debe al estrés calórico que no solo disminuye la productividad del trabajador, sino que también genera efectos negativos para la salud ya que la presencia prolongada en ambientes muy calurosos puede resultar en un aumento excesivo de la temperatura corporal y desencadenar emergencias. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuando la temperatura supera los 33 °C, con una intensidad de trabajo moderada, los trabajadores pierden hasta un 50 % de su capacidad laboral. Incluso, pueden fallecer si la temperatura supera los 40,6 °C.
Aunque el fenómeno afecta a trabajadores de diversos sectores, hay ciertas ocupaciones que enfrentan mayores riesgos debido a la intensidad física requerida o al hecho de ser desempeñadas al aire libre. Algunos ejemplos incluyen la agricultura, los servicios ambientales, la construcción, la recolección de residuos, el transporte y el turismo, muchos de los cuales concentran una gran proporción de mano de obra informal.
En el sector formal, por su parte, los trabajadores que laboran en espacios cerrados como fábricas y oficinas enfrentan riesgos si los niveles de temperatura no se controlan adecuadamente. Su incremento puede generar fatiga mental y/o física, náuseas, aceleración del pulso cardiaco, entre otros signos y síntomas. Además, las altas temperaturas pueden afectar la concentración, la coordinación y la toma de decisiones, lo que aumenta el riesgo de accidentes laborales.
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De igual manera, las empresas pueden experimentar una escasez de mano de obra en áreas mal acondicionadas donde las personas no están dispuestas a trabajar por el salario actual. Por el contrario, los trabajadores en ambientes climatizados estarán mucho más cómodos y serán más productivos, pero las organizaciones deberán costear el incremento en el consumo de energía, recurso que se limita en temporadas secas debido al descenso en el nivel de los embalses.
Por otra parte, la poca disponibilidad de agua o los racionamientos producto de las sequías también generan pérdida de horas laborales e, incluso, pérdida completa de empleos. De acuerdo con la ONU, al menos tres de cada cuatro empleos en el mundo dependen de la disponibilidad de agua. De igual manera, la baja disponibilidad del recurso hídrico y, con ello, el bajo nivel de los embalses, aumenta el número de apagones eléctricos en un 33 % lo que a su vez impacta directamente la productividad de las empresas.
Durante las sequías también se incrementa el número de incendios forestales que llegan a impactar a las grandes ciudades. Como consecuencia, las nubes de humo generan afectaciones a las vías respiratorias de la población, desde irritación en los ojos y goteo nasal hasta provocar o agravar enfermedades cardíacas y pulmonares crónicas. Así, la afectación a la salud de los trabajadores impacta directamente en las horas trabajadas.
Finalmente, se incrementa el nivel del mar lo que puede provocar daños en la infraestructura costera de los países e interrumpir el suministro de materias primas, la distribución de productos y servicios y comprometer la continuidad de las operaciones con un efecto negativo en la productividad y generar pérdida de empleos.
Un llamado a la adaptación
“Entender los potenciales impactos de la llegada del Fenómeno de El Niño nos permitirá generar acciones oportunas para el cambio en los procesos productivos, las relaciones laborales y los mecanismos comerciales. Es fundamental adaptarse para proteger la salud de los trabajadores. Hacerlo no solo es ético, sino también beneficioso para la productividad y el ambiente laboral. Resulta clave para garantizar la continuidad de las operaciones en un clima cambiante”, afirma Adriana Solano Luque, presidenta ejecutiva del Consejo Colombiano de Seguridad.
Por su parte, Nahuel Arenas, Jefe Regional (a.i.) de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) para las Américas y el Caribe advierte que “es fundamental invertir en medidas de reducción del riesgo y adaptación, la implementación de sistemas de alerta temprana y de respuesta a emergencias, con el fin de garantizar la seguridad y el bienestar de las comunidades y salvaguardar la productividad empresarial”.
Algunos aspectos que se deberán tener en cuenta desde el ámbito laboral y empresarial para la adaptación al cambio climático son:
Planificar las operaciones, tareas, turnos y condiciones de trabajo considerando los aumentos de temperatura para reducir la exposición de los trabajadores. Esto incluye establecer relaciones de colaboración con clientes y proveedores para realizar una adaptación conjunta.
Adaptar los Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para identificar riesgos emergentes y proteger la salud de los trabajadores en ambientes al aire libre, incluyendo revisión de condiciones de salud, suministro de Elementos de Protección Personal (EPP), agua potable y descanso adecuado.
Articular acciones con el público para garantizar condiciones de trabajo decente y formalización laboral.
Incorporar escenarios de riesgos asociados a fenómenos climáticos extremos en los planes de emergencia y contingencia tales como incendios, sequías, inundaciones, aumento del nivel del mar, entre otros. Es conveniente hacer extensivos estos planes a los trabajadores, sus familias y lugares de vivienda.
Rediseñar productos, innovar en modos de producción y fomentar alternativas sostenibles frente a la pérdida de biodiversidad y limitaciones de acceso a materias primas.
Fomentar en el sector empresarial el uso de tecnologías más limpias, para el desarrollo de sus actividades, con el fin de optimizar su trabajo y sus recursos.
La industrialización de la producción de alimentos se deberá priorizar en la medida en que se pueden reducir los suelos productivos debido a los periodos de sequías en diferentes regiones del país.
Desarrollar instrumentos financieros y de transferencia del riesgo que permitan financiar los procesos de reducción del riesgo, adaptación y respuesta frente a los potenciales efectos del cambio climático. Esto adquiere importancia si se tiene en cuenta que las necesidades de recursos para la acción humanitaria se han incrementado desde el 2020 en un 45 %, mientras que para el 2023 la cobertura de financiamiento para cubrir esas necesidades de atención humanitaria es de tan solo el 20,4 %.