El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, entregó un balance sobre la implementación y el cumplimiento de los compromisos del Acuerdo Final de Paz, entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc-EP.

Según el estudio, con corte al 30 de mayo de 2022, el organismo ha verificado tanto el cumplimiento de las metas en general, como de la atención prestada a las recomendaciones efectuadas por parte de las entidades del Estado en el informe del año pasado.

Avances 

En el estudio se destacó el acceso a tierras, donde se han entregado 1.442 predios a favor de 6.384 familias. Al Fondo de Tierras han ingresado 1.912.839 hectáreas, correspondientes a 16.923 predios, lo que se traduce en un avance del 63,8% frente a los 3 millones de hectáreas fijados como meta en el Acuerdo Final.

Para los excombatientes de las Farc, en cuanto a tierras, el Defensor señaló que 10 de los 24 Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (Aetcr) cuentan con predios comprados para su consolidación y estabilización. “Además, de los 16 Planes Nacionales Sectoriales para la reforma rural integral, 14 han sido adoptados y 2 se encuentran próximos a su oficialización”, puntualizó.

“En cuanto a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), la inversión a febrero de 2022 ascendía a $13,2 billones, con una ejecución durante tan solo el año 2021, equivalente al 46% del presupuesto invertido en cinco años”, enfatizó.

Respecto a los Programas Nacionales de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), indicó que “se lograron varios avances importantes: el 92% de las familias beneficiarias han recibido pagos de asistencia alimentaria, el 91% asistencia técnica integral, el 82% ha sido beneficiado con proyectos de seguridad alimentaria y el 55% con proyectos productivos de ciclo corto”.

“Las experiencias internacionales dan cuenta de que en los países en contexto de posconflicto el nivel de cumplimiento a los seis o siete años alcanza un 50% del total de los compromisos, siendo la tendencia alcanzar entre el 60% y el 70%”, anotó Camargo Assis.

Según la Defensoría del Pueblo, “con esos referentes históricos, el panorama en Colombia debe apreciarse como halagador, en tanto en varios de los componentes se tienen avances significativos en periodos cortos, avances que, por supuesto, se deben alcanzar en todos los temas, teniendo en cuenta el criterio de integralidad que inspira el acuerdo".

Señaló el Defensor que, "por otro lado, la ruta de implementación de los compromisos pactados en el Acuerdo Final tampoco es ajena a factores externos, que pueden incidir de manera preponderante en la desaceleración de acciones y actividades para el cumplimiento de lo pactado. Los efectos y consecuencias que han dejado la más reciente pandemia son prueba de ello”.

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Desafíos de la implementación

Para la Defensoría del Pueblo, existen ocho desafíos para los próximos gobiernos en materia de implementación del Acuerdo de Paz con las Farc.

- En materia de acceso a tierras es necesario incrementar el porcentaje de adjudicaciones.

- Urge la constitución de la jurisdicción o la especialidad agraria, con el concurso del Gobierno y del Congreso.

- Se requiere un mayor esfuerzo en la implementación del catastro multipropósito en todo el territorio nacional para 2025.

- Ya se han aprobado y adoptado 14 de los 16 Planes Nacionales Sectoriales, pero se requiere su implementación como quiera que ellos se relacionan con el desarrollo del sector rural en asuntos como vías, electrificación, conectividad, agua potable y saneamiento básico, entre otros.

- En relación con la sustitución de cultivos de uso ilícito, el desafío urgente es gestionar el presupuesto faltante para culminar los componentes del programa que se acordaron con las familias beneficiarias.

- En los PDET conviene fortalecer escenarios de participación con las organizaciones sociales en la ejecución de los proyectos y obras.

- Urgen medidas que mitiguen la situación de violencia en algunas zonas rurales.

- Disponer de acciones para disminuir homicidios, amenazas y hostigamientos a líderes, lideresas, personas defensoras de derechos humanos y población excombatiente.

Asimismo, el organismo de control sostuvo que “otro de los retos fundamentales consiste en que los exmiembros de la extinta guerrilla de las Farc fortalezcan su participación en el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, a fin de aportar en el proceso de reparación integral a las víctimas del conflicto armado”.