“Evidentemente hay una falta de acción del Gobierno que tiene que ser investigada disciplinariamente”, expresó el senador Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal, a propósito de la Ley del Vigilante aprobada por el Congreso pero que no ha sido reglamentada por el Ejecutivo.
“El Gobierno lleva un año con la ley en el escritorio y es increíble que al día de hoy no se haya reglamentado”, anotó, advirtiendo que “nosotros ya tenemos preparado un debate político para evidenciar la falta de interés del Gobierno en esta ley”.
Y precisó que “no se justifica que se les nieguen estos derechos a los vigilantes por falta de acción del Gobierno”.
Se trata de la Ley 1920 de 2018 cuyos beneficios, explicó Velasco, no se han podido materializar por la falta de reglamentación, “perjudicando a todos aquellos que hacen parte del sector de la vigilancia privada en el país”.
EL NUEVO SIGLO: ¿Qué busca la Ley del Vigilante?
LUIS FERNANDO VELASCO: En Colombia hay más de 300.000 hombres y mujeres que trabajan como expertos en temas de seguridad y ellos tienen unos riesgos altos, no solo por su trabajo sino por sus horarios: tienen que salir muy temprano de su casa para prestar esos servicios, a veces llegan muy tarde y pasan por sitios complejos, entonces si les pasa algo quedan desamparados.
Nosotros pensamos que un elemento de solidaridad con estas personas era crear un seguro de vida para todos los trabajadores del sector y sus familias para que no queden desamparadas.
Además, la ley permite que ellos puedan pactar unas jornadas más largas durante el día, pero menos días a la semana, lo que les permite ganar un par de días con sus familias.
Genera además una discriminación positiva para que quienes tengan más de 45 años y las mujeres sean puntos prioritarios a la hora de presentar una licitación para las empresas de seguridad. También tendrán ventajas si contratan personas en situación de discapacidad.
ENS: ¿En el trámite de esta ley no se habló de los costos que puede generar?
LFV: No necesariamente son más costos, porque las personas cumplen las mismas horas laborales pero las distribuyen. Es decir, en vez de trabajar ocho horas trabajan 12 o 10 y eso hace que se ganen un día. Pueden trabajar jornadas más largas, pero menos días a la semana. En algún momento puede haber un mayor ingreso para los vigilantes por las horas extras pero eso se termina trasladando al costo del servicio. Las empresas no pierden y se hace un acto de mayor justicia con quienes trabajan en este sector. $100.000 o $150.000 más representan unos ingresos importantes para ellos.
ENS: ¿Ya han hablado con el Gobierno frente a la falta de reglamentación?
LFV: Hemos insistido desde hace mucho tiempo. Estoy aterrado porque no puede ser que una ley aprobada por unanimidad por todas las bancadas del Congreso lleve un año en un escritorio y haya tal inutilidad del Gobierno, que se evidencia en que no ha podido sacar un decreto reglamentario.
ENS: ¿Quién es el encargado de hacer esa reglamentación?
LFV: Estuvo el Ministerio de Defensa, en primer lugar; pero como el ministro Guillermo Botero se declaró impedido, porque tiene una empresa de vigilancia, pasó esa función a la ministra de Trabajo, Alicia Arango, quien tuvo esta ley por lo menos ocho meses sin tomar una decisión. Y luego pasó a la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez. Yo he hablado con ella y nada.
El Gobierno lleva un año con la ley en el escritorio y es increíble que al día de hoy no se haya reglamentado.
ENS: ¿Cree que se reglamente para la segunda legislatura del Congreso?
LFV: Esperamos que el Gobierno se ponga las pilas, porque es una obligación. No se justifica que se les nieguen estos derechos a los vigilantes por falta de acción del Gobierno.
ENS: ¿Qué harán ustedes si el Gobierno sigue sin reglamentar la ley?
LFV: Nosotros ya tenemos preparado un debate político para evidenciar la falta de interés del Gobierno en esta ley. Yo además hablaría con la Procuraduría, porque evidentemente hay una falta de acción del Gobierno que tiene que ser investigada disciplinariamente.