Entre las múltiples iniciativas que se tramitan en el Congreso hay temas que son recurrentes, lo que es apenas lógico en un país con tantos problemas sin resolver y que en no pocos casos, como lo ha dicho el presidente Iván Duque, han envejecido mal.

Y si de hablar de problemas por resolver se trata, el ejercicio de la política está plagado de deficiencias que han buscado ser subsanadas con las reiteradas reformas a las que ha sido sometido el sistema electoral.

Como lo ha planteado varias veces el editorialista de EL NUEVO SIGLO, “una de las grandes causas de la degradación de la política en Colombia es (…) la eliminación de las circunscripciones territoriales para elegir a los senadores”, modificación efectuada en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. “Ese cambio, que estaba destinado a incentivar el surgimiento de liderazgos nacionales que no se dedicarán en su labor parlamentaria a defender los intereses particulares de una región sino a causas mucho más generales, no dio los resultados esperados”, porque “la circunscripción nacional para Senado afectó la representatividad de muchos departamentos en la Cámara Alta”, pero sobre todo porque “encareció exponencialmente el costo de las campañas proselitistas”.

Según lo explica una publicación de la Misión de Observación Electoral (MOE), la circunscripción electoral -o el distrito electoral- es la unidad territorial en la que se delimita el voto para determinadas elecciones. Es decir, una subdivisión del territorio nacional para fines electorales. En Colombia, las circunscripciones pueden ser de tres tipos: nacional, territorial y especial. El Senado tiene una circunscripción nacional. En términos prácticos esto significa que todos los colombianos, sin importar en donde están ubicados en el territorio nacional, pueden votar por un mismo candidato al Senado y por ello, el tarjetón es igual en Antioquia o Vichada.

En cambio, la Cámara de Representantes tiene una circunscripción territorial. En Colombia existen 33 circunscripciones territoriales que equivalen a los 32 departamentos del país y al Distrito Capital. Así mismo, debería elegirse el Senado.

Campañas

En general, las campañas políticas en Colombia son caras. El año pasado, Transparencia por Colombia publicó un análisis sobre la financiación de los comicios de 2018 señalando que “en elecciones del Congreso 2018, en tan solo cuatro meses de campañas, se reportaron gastos por un total cercano a los $252.000 millones. Esta cifra es el doble del presupuesto destinado para la totalidad del Programa Pequeñas Infraestructuras Comunitarias de la ART, el cual incluye desarrollo de vías terciarias y proyectos sociales en educación, deporte y salud. Es fundamental poder establecer un valor real de las campañas políticas y sobre esto limitar el monto de los gastos, análisis con el cual no se cuenta hasta el momento. También es importante crear un registro de proveedores electorales  que tengan en cuenta las características de cada región, para determinar si el cambio a listas cerradas realmente reducirá los costos o no”.

Estos altos costos abren la puerta a la corrupción, como se ha visto en investigaciones de ONG, Procuraduría, Fiscalía y Contraloría que muestran que un importante porcentaje de los contratos irregulares detectados durante la cuarentena, los cuales favorecieron a los aportantes de las campañas que llevaron a la elección de los alcaldes y gobernadores implicados.

Es fácil suponer que los costos que debe asumir un candidato al Senado se incrementan al tener que enfrentarse a una circunscripción nacional; es decir, no solo hacer campaña en su propia región, sino salir a buscar votos en otras zonas del país.

Alto costo

En marzo de 2018, la máxima inversión que podía realizar un candidato al Senado era de $841 millones, de acuerdo con el tope establecido por el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, en los corrillos políticos nacionales, departamentales y locales se afirmó que, como siempre, hubo algunos aspirantes que sobrepasaron largamente ese monto e incluso, llegaron a invertir sumas por encima de los $5.000 millones, $10.000 millones o más para asegurar una curul.

Como es apenas obvio, destinar esa cantidad de recursos a una candidatura solo es explicable si detrás hay toda una estrategia de corrupción y politiquería de alto calibre, mediante la cual, el candidato o sus financiadores aspiran a “recuperar” su “inversión” a través de maniobras ilícitas en contratación, apoderamiento directo de dineros públicos, direccionamiento de decisiones oficiales o lobby a favor de determinados intereses privados.

Aunque en repetidas ocasiones se ha propuesto en el Congreso abolir la figura de la circunscripción nacional para Senado o incluso crear una fórmula mixta, en la que algunos de estos congresistas sean elegidos por votación nacional y otros por votación territorial, la iniciativa nunca ha prosperado.

Por supuesto, como en todas las cosas y más en las relacionadas con la política, el tema de la circunscripción nacional es una moneda que tiene otra cara. El senador Carlos Guevara, del partido MIRA, alguna vez le dijo a este Diario que su colectividad “no está de acuerdo con que se elimine la circunscripción nacional en virtud de que hay liderazgos independientes que vienen teniendo a nivel nacional. Si es así, senadores como Jorge Enrique Robledo, Claudia López y movimientos independientes como MIRA, les hubiera sido imposible poder llegar al Congreso”.

Por esta circunstancia, una de las últimas iniciativas en este sentido propuso diseñar un complejo sistema de elección mixta, para que cerca de un 30% del Senado fuera escogido a nivel nacional, pero el resto lo fuera en las regiones.

Sin embargo, el planteamiento más elaborado -y tampoco tenido en cuenta- lo presentó el exsenador verde John Sudarsky, quien explicó en su momento que “el único sistema que permite resolver estos problemas es aquel en el cual cada partido y movimiento presenta un candidato a la Cámara en cada distrito uninominal y el candidato que saque más votos es el que representa a todos los habitantes de ese territorio. ¿Cómo se escoge a ese candidato? ¿Con bolígrafo o con un sistema democrático al interior de cada partido? ¿Qué pasa con los votos de los candidatos que no son elegidos mayoritariamente? Eso se resuelve con el sistema mixto en el tramo proporcional, donde los votos de los “perdedores” se suman a nivel regional para la Cámara y a nivel nacional para el Senado y, por cifra repartidora, escogen de listas cerradas y ordenadas presentadas por cada partido el 40% de las curules”.