INFORME DEL INSTITUTO DE CIENCIA POLÍTICA A LA COMISIÓN DE LA VERDAD

El Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría (ICP) socializará la semana entrante el informe ‘Víctimas del conflicto armado en Colombia en razón de su vinculación al sector productivo’, que presentó ante la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición en Colombia.

Este documento recoge los resultados de una investigación que inició en 2019 con el objetivo de evidenciar las afectaciones y hechos victimizantes que sufrieron productores, comerciantes, emprendedores, empresarios, trabajadores y demás personas  vinculadas al sector productivo en medio del conflicto armado en Colombia.

“Nuestro objetivo con el informe que entregamos a la Comisión de la Verdad fue el de escuchar y visibilizar las diversas voces del sector productivo de Colombia que han sido -y siguen siendo- victimizados por la guerra y los grupos crimínales en el país. Es un esfuerzo por apoyar el trabajo de la Comisión de la Verdad y contribuir al reconocimiento de las dinámicas y complejidad de las violencias a las que se enfrentan distintos contextos territoriales y productivos”, explicó Carlos Augusto Chacón, director académico del IPC.

El directivo dijo que las historias consignadas en el documento “son una muestra de una gran realidad que aún no ha sido visibilizada, y sobre la cual hay una gran deuda por parte de académicos y medios de comunicación en lo que corresponde a evidenciar esta tragedia”.

Y es que según el Instituto, los silencios sobre este tema “han sido instrumentalizados tanto para desconocer sus afectaciones como víctimas, pero también para asignarles responsabilidades sobre el conflicto armado a partir de hechos aislados. Por ello buscamos que en la construcción de paz, verdad y memoria se registren los patrones de victimización que sufrió la población civil productiva por razones políticas, ideológicas, económicas y como parte de las tácticas criminales para el control sobre el territorio, la población y los medios de producción”, agregó.

El documento radicado ante la CEV se desarrolló como investigación a partir de testimonios de víctimas, generando espacios de escucha individual y plural que permitieron consolidar un relato y unas recomendaciones para la construcción de verdad sobre las dinámicas de la violencia en el país.

Las entrevistas se realizaron a 15 personas de manera individual y 11 personas reunidas en 4 mesas grupales con representantes de diferentes municipios del país. Las conclusiones, los hallazgos y las recomendaciones son generales y están atadas a los testimonios presentados, que aunque son casos particulares, comparten características comunes con situaciones conocidas públicamente.

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10 conclusiones

Las siguientes son las principales conclusiones del informe:

1- Se suele asociar a las empresas como perpetradores, financiadores e incendiarios de la guerra, a partir de generalización que se han creado como parte de una narrativa anti-empresarial. Sin embargo, sus dolores y afectaciones han sido silenciados en el marco del conflicto armado y de la violencia. Subsanar estos silencios permite comprender el conflicto de una manera más amplia, reconociendo la diversidad y heterogeneidad de sus víctimas.

2- Muchos sectores productivos en Colombia sufren el flagelo de la extorsión por parte de quienes hacen la guerra y encontraron en esa modalidad una fuente de financiación. Desde las capitales se condena el pago por extorsión como una forma de colaboración, pero lo cierto es que no hay opciones en los contextos y territorios en los que la productividad se desarrolla. En casos extremos los productores y/o emprendedores  generaron  obligaciones bancarias que perduran en el tiempo y que fueron adquiridas para  pagar extorsiones. 

3- En Colombia el conflicto se volvió una condición frente a la cual los sectores productivos han decidido superponerse. Los emprendedores que con su trabajo han logrado mantener a flote las economías locales en los distintos municipios de Colombia, no han renunciado frente al miedo y la amenaza de muerte que acompañan muchos de estos espacios. La normalización de  la violencia es un factor entre tantos otros relacionados con la dificultad de emprender.

4- En el marco de un conflicto que no culmina con la desmovilización de las Farc, donde la ausencia de la presencia estatal y el control territorial son una realidad, emprender implica atender y regirse bajo distintas normas que no surgen exclusivamente de las autoridades legítimas del Estado. Los grupos ilegales en muchos espacios siguen siendo quienes determinan qué, cuándo y cómo pueden tener lugar los emprendimientos y las actividades productivas, la pregunta que surge es: ¿existe libertad alguna para elegir otra opción?

5- Atacar a los sectores productivos es, por añadidura, vulnerar tanto el derecho al trabajo de todos los colombianos, como afectar a sus zonas de influencia. Justamente este es un efecto colateral de una guerra que a todos nos atraviesa. Durante el conflicto diversos grupos armados victimizaron a las personas del sector productivo para extraer rentas ilegales y financiar sus actividades criminales, al tiempo que buscaban desestimular la función empresarial. Donde no se consolidaban las economías lícitas estos grupos logran controlar las economías ilegales, que se terminan por convertir en la única opción para miles de personas.

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6- Las consecuencias de la violencia no recaen sobre personas jurídicas abstractas, los sectores productivos están compuestos de ciudadanos como todos los demás colombianos, quienes encarnan las dolorosas repercusiones del conflicto. Es imposible poner a las actividades productivas al margen, pretender que el entretejido económico es ajeno a las demás experiencias relacionadas con el conflicto.

7- El silencio y la no denuncia es lo que predomina en muchos de los testigos y víctimas del sector productivo. Informar a las autoridades gubernamentales locales podía ser, o una pérdida de tiempo ante la impunidad de la justicia ordinaria, o un riesgo de ser revictimizados.

8- La acción política violenta y violencia por razones de lucro sigue vigente: hay más disposición a narrar el pasado que el presente. Durante las entrevistas, aunque eran fluidas las historias sobre aquellos asuntos del pasado, persisten los silencios sobre aquello que transcurre hoy. Este es un ejercicio que busca indagar por las verdades del conflicto, sin embargo, decenas de empresarios y gremios consultados se negaron a hablar porque los actores armados aún comandan la vida de las regiones y porque existe una enorme desconfianza respecto al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

9- La posibilidad de elegir, o al menos de imaginar otra vida, no es una opción. Esta es una de las principales consecuencias del conflicto sobre aquellos que, aunque aquí son enunciados como parte de las empresas, son seres humanos que en muchos casos han tenido que renunciar a sus proyectos de vida o terminar sometidos a la violencia sistemática que imponen diversos grupos en sus territorios.

10- Las memorias sobre las guerras suelen calificar a las empresas como villanos y asignarles responsabilidades a partir de narrativas que crean generalidades sin sustento ni evidencia, únicamente usando casos puntuales y hechos aislados que son numéricamente marginales en consideración con todas las empresas y personas vinculadas a la actividad productiva del país. Sin embargo, poco se ha hablado del impacto positivo y transformador, así como de las oportunidades creadas por las empresas, los comerciantes, los pequeños emprendedores, en medio del conflicto.