Pedro Briones fue asesinado el lunes en la provincia de Esmeraldas, noroccidente del Ecuador. Era un político local que pertenecía al partido Revolución Ciudadana, la antípoda del movimiento del asesinado candidato presidencial, Fernando Villavicencio.

La violencia política ha aumentado en Ecuador. Los medios y analistas comparan esta transición violenta con México o Colombia. Entre varios ejemplos recuerdan el caso del mexicano Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI, que fue asesinado en un evento masivo en Tijuana, en 1994. Pero los motivos de la muerte de Colosio -aún no esclarecidos- podrían ser diferentes a los móviles actuales en Ecuador, en la medida en que parece que hubo un móvil menos político y más criminal.

El asesinato de un político en cada país tiene sus particularidades. Fijarse en ellas en el caso de Ecuador, como consecuencia de las lamentables muertes de Villavicencio y Briones, permite hacer una serie de inferencias sobre el tipo de violencia política que hoy existe. ¿Es, entonces, una violencia ejercida contra políticos nacionales y locales con fines criminales o políticos? ¿Una cosa lleva a la otra? ¿Buscan escalar el conflicto o sustituir una política de seguridad? 

Violencia criminal

La literatura académica dice que las organizaciones criminales matan políticos para que no interfieran en sus negocios. “No -lo hacen- para afectar a la política por las mismas razones que los insurgentes, como cambiar el gobierno nacional o su ideología, sino para conseguir que el gobierno -o Estado- no interfiera en sus negocios”, dicen los profesores de Universidad de Pensilvania, Zaryab Iqbal y Christopher Zorn. 

El crimen organizado, entiéndase en el caso ecuatoriano grupos como ‘Los Lobos’ o ‘Los Choneros’, actúa de manera racional para maximizar sus rentas ilícitas. Los políticos que manifiestan su oposición oficial y directa a estas actividades ilegales se vuelven blancos de los criminales por su potencial interferencia negativa en el negocio. Es una posición racional que se justifica bajo la lógica de que los criminales son racionales, lejos de ser únicamente actores que ejercen la violencia y ya, como lo expuso hace un tiempo la escuela de la ‘economía del crimen’, de Gary Becker. 

Entendido que el crimen organizado asesina políticos principalmente por esta razón, es importante también establecer que esto no excluye que estas organizaciones sean de alguna manera políticas. Acá no se discute si, como la insurgencia, la motivación para alzarse en armas es política. Tampoco si por ese camino se busca la beligerancia cobijada por el DIH y otras fuentes del derecho internacional público. El interés es otro, es empírico. Se busca ver si por la vía de la gobernanza criminal -impartir justicia, cobrar tributos y brindar seguridad- son actores políticos en tanto que reemplazan al Estado. 

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Escalar o instrumentalizar 

Un tipo de violencia puede complementar otro tipo de violencia o sustituirla, dice el politólogo Statis Kalyvas, uno de los mayores expertos en violencia política en el mundo. Un buen ejemplo de ello ha sido España o Alemania. Los dos superaron las guerras civiles y la violencia intercomunitaria entre comunidades anarquistas y falangistas o socialistas y nacionalsocialistas, pero emergió la insurgencia, también el terrorismo, que hoy es la principal amenaza violenta europea, con una guerra entre dos estados en la que coopera todo el continente, la de Rusia y Ucrania. 

Ver el caso de Ecuador, y la fatídica muerte de Villavicencio y Briones, da lugar a proponer dos escenarios, que se plantearán conforme a las lógicas de la violencia política que presenta Kalyvas. 

En el caso de Ecuador habría primero que decir que el país enfrenta, como Colombia o México -más allá de las condiciones del DIH- una guerra Estado-crimen organizado, en la que una parte, el crimen organizado, es capaz de ejercer la gobernanza criminal en varias zonas de la geografía nacional y usar métodos violentos para ejercerla, así como construir alianzas -tema poco estudiado en América Latina- con otros actores ilegales para disminuir las acciones violentas y lograr una fácil comercialización y producción de las rentas ilícitas. 

En ese escenario el crimen organizado busca escalar o instrumentalizar la violencia a través del asesinato de políticos. Esto parece obvio. Sin embargo, entender cuál de las lógicas opera más razonablemente en Ecuador permite entender mejor el escenario actual. Dos hipótesis se pueden plantear.

Una de ellas es que los presuntos responsables de las muertes, aparentemente ‘Los Lobos’, en el caso de Villavicencio, lo habrían asesinado bajo la lógica de escalar el conflicto crimen organizado- Estado. Buscan mostrar su poderío, no sólo para silenciar a opositores, sino para evidenciar que el Estado es débil e incapaz de responder. Tiene sentido. Ha tomado tanta fuerza el crimen organizado en Ecuador, que buscar escalar el conflicto con el Estado. Algo similar pasó en México durante el gobierno de Felipe Calderón y su guerra “contra el narco” bajo la doctrina del Plan Mérida. 

La otra lógica de la violencia es que el crimen organizado asesina políticos para buscar un cambio de política de seguridad. Según Kalyvas, esta es una intención instrumental. Bajo ella intenta enviar un mensaje, no para escalar el conflicto, sino para que el Estado cambie sus posiciones frente a las mafias. El caso del Cartel de Medellín con el gobierno de César Gaviria es el ejemplo ideal. 

Este fenómeno fue común en la Europa de los 70. El crimen organizado empezó a asesinar a reconocidos jueces y políticos en Italia para cambiar su doctrina de seguridad y judicial. Muchos recuerdan que, tres semanas antes de las elecciones nacionales, en 1992, un pistolero el disparó al exalcalde Salvo Lima, hiriéndolo de muerte en Palermo. El gobierno socialdemócrata reaccionó con fuerza con los fiscales y seleccionó a Giovanni Falcone y Francesca Morvillo, que también fueron asesinados. 

Ecuador ha entrado en un escenario diferente de violencia política con la muerte de dos políticos -uno de ellos candidato presidencial-, que puede derivar en un escalamiento de la guerra entre el Estado y el crimen organizado, o en un cambio de la doctrina de seguridad. Explorar posibles escenarios permite conocer si el espiral de violencia seguirá aumentando o, por el contrario, se va a estancar, como consecuencia de un cambio de políticas.