La convocatoria a la consulta del domingo pasado deja una secuela trascendental para la democracia. En efecto, la cifra final del resultado no alcanzó a cubrir la tercera parte del censo electoral y si bien el saldo pendiente se estima mínimo, ese es un algo parecido al plebiscito que el pasado gobierno programó para promover la aprobación del acuerdo de paz.

La abstención ha sido una constante y lo es por cuanto a la mayoría del pueblo poco o nada le interesa tomar partido en las decisiones que supuestamente de su voluntad soberana dependen y en unos casos por la ignorancia en el campo político y en otros porque la gente no suele creer en la buena fe de los políticos y de las autoridades.

La cuestión propuesta era arremeter contra las causas de la corrupción y para empezar se intentaba pedir el apoyo popular a la rebaja de la retribución económica a los congresistas por la tarea que desempeñan. Ese es un artilugio, pues no se puede calificar esa remuneración como algo corrupto, probablemente es una injusticia social, teniendo en cuenta el costo del salario mínimo, pero para ocultar la intención torcida se adujo esa argumentación: lucha contra la corrupción.

Curiosamente, en Cartagena, ciudad donde la corrupción reina en exceso, por la prostitución de la adolescencia, el abstencionismo fue un equivalente al 74% del censo electoral y en algunas zonas destacadas por la localización de negocios dedicados a esa grosera explotación, nadie protesta y, por el contrario, apoyan ese vulgar comercio humano.

Pero claro, el mal ejemplo cunde, el médico cirujano plástico José Martínez Baena, quien hizo víctima de hurto a una ciudadana extranjera, después de nueve años, finalmente, fue condenado a 48 meses, luego de que había sido absuelto el primera instancia y para que en segunda instancia se pronunciaran sobre el recurso de apelación interpuesto por la víctima, fue necesario que destituyeran al magistrado del tribunal a quien correspondía resolver la impugnación.

Pero el asunto no queda ahí, dictada la sentencia le concedieron la condena condicional y no obstante que no ha indemnizado a la víctima, no solamente continua gozando el beneficio concedido, sino que no asiste a las audiencias que se han convocado para que responda por esas obligaciones de desagravio.  

Estos episodios, sumados a los reiterados episodios de delincuencia que aterrorizan a los extranjeros que llegan a este “paraíso”, son ejemplos que llevan a pensar que la lucha contra la corrupción debe tener otros escenarios,  pues mientras el pueblo reciba el mal ejemplo, ningún remedio será efectivo y si, más bien, una disculpa política para aprovechar la ignorancia  popular.

La reforma al Código Penal y de Procedimiento se debe hacer para que la administración de justicia no sea un comedio y, para ello es necesario que la Procuraduría cumpla con la función de vigilar y prevenir la impunidad, una de las dolencias sociales atávicas colombianas.