Cuando se esperaba que el Consejo de Estado decidiera un recurso de súplica que presentó el Gobierno frente a la suspensión provisional del fracking, la sala plena de la sección tercera del tribunal aplazó la discusión hasta el próximo 10 de septiembre.

En el marco de la discusión, el Consejo Gremial Nacional emitió un comunicado en el que muestra su apoyo a esta técnica. 

Señala en un comunicado que "el desarrollo de los yacimientos no convencionales a través de técnicas de estimulación hidráulica, representa una alternativa para que Colombia garantice su auto abastecimiento y consolide sus reservas energéticas".

 Y además indica que reconoce que las decisiones que se tomarán sobre la implementación de proyectos piloto para la utilización de esta técnica, serán definitivas para el desarrollo de alternativas energéticas que cumplan los más altos estándares científicos, técnicos y ambientales y que contribuyan al desarrollo económico y a la generación de empleo en nuestro país.

Desde el sector petrolero, entidades como Campetrol destacaron la importancia de avanzar "con los proyectos piloto integrales de investigación (Ppii) para obtener información veraz, confiable y transparente, sobre los impactos ambientales, económicos y sociales que se puedan presentar al utilizar técnicas no convencionales".

El debate en torno al fracking inició el año pasado, cuando el Consejo de Estado suspendió previsionalmente el Decreto 3004 de 2013 y la Resolución 90341 de 2014, normativa en que el Gobierno había fijado los criterios para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales con fracking en el territorio nacional, por el posible impacto ambiental de estas prácticas.

Sin embargo, esta decisión sobre el recurso de súplica no sería la definitiva, pues se da en medio de un fallo que estudia el alto tribunal para el cual, en junio solicitó a la U. Nacional estudio sobre los riesgos del fracking, con el fin de elaborar un dictamen, que resuelva dudas relacionadas con los posibles riesgos para el ambiente, la salud, el proceso y la técnica en el país, y que tiene un plazo de tres meses para ser entregado.