Una montaña rusa ha sido el gobierno del presidente de Perú, Pedro Castillo, quien el pasado 28 de julio cumplió sus primeros 12 meses de mandato con un récord de cinco investigaciones fiscales por presunta corrupción, a la que se le sumó una última en agosto.
Con el llamado de Argentina, Bolivia, Ecuador y México a que haya un "diálogo político" en Perú y el país pueda avanzar; con una desaprobación de su gestión del 69% y una aprobación del 25%; con un Congreso que le está respirando en la nuca (el Legislativo le negó el permiso a asistir a la posesión de su homónimo colombiano, Gustavo Petro), y con una oposición que está exigiendo cada vez con más vehemencia su renuncia, el margen de maniobra del mandatario se ve cada vez más cercado y hay quienes dudan de que siquiera concluya este año. No obstante, es el elevado número de investigaciones en su contra lo que realmente lo tiene en jaque.
Si bien es cierto que este panorama evoca la suerte de exmandatarios como Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, nunca en la historia del país se había vivido un allanamiento al Palacio de Gobierno en busca de un pariente cercano del Presidente para su respectiva detención por presunta participación en una red de corrupción y lavado de activos.
Por cierto, su cuñada, Yenifer Paredes, que en principio mañana afrontará una audiencia en donde se decidirá si es enviada a prisión preventiva por 36 meses, no es la única pariente del Presidente que está enredada sino la cuarta investigada por la Fiscalía, que también lleva adelante una indagación contra su esposa, Lilia Paredes, y sus dos sobrinos, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez.
Aunque el Presidente tiene inmunidad, por lo que no puede ser juzgado hasta que deje el poder (en el 2026), el cerco que se ha consolidado a su alrededor podría llevarlo eventualmente a la cárcel pero, ¿exactamente por qué? Son varias las aristas de toda esta tormenta judicial en torno al líder del gobierno, y para entenderlo EL NUEVO SIGLO lo desenredó en seis puntos clave:
1. ¿Plagió su tesis?
La primera investigación que le abrió la Fiscalía al presidente Castillo el pasado 5 de mayo estuvo relacionada con la legitimidad de su tesis de maestría, que fue denunciada por plagio. El mandatario, por su parte, negó esta acusación.
"El Ministerio Público inició investigación de oficio contra el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, y su esposa Lilia Paredes, por el presunto delito de Plagio Agravado, Falsedad Genérica y Cobro Indebido en agravio del Estado", precisó entonces la entidad, la cual añadió que la pareja, ambos maestros rurales, habían plagiado el 54% de su tesis en 2011.
El plagio agravado es castigado con hasta ocho años de prisión en la ley peruana. El cobro indebido al Estado se debería a los bonos salariales obtenidos por la pareja por tener estudios de posgrado. Castillo y su esposa obtuvieron con la tesis el grado de Magíster en Educación, con mención en Psicología Educativa.
2. Investigación por tráfico de influencias
A finales de ese mes, el 29 de mayo, la Fiscalía peruana le amplió una investigación al presidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y colusión agravada.
"El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, dispuso ampliar la investigación preliminar contra el presidente Pedro Castillo, por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada", indicó entonces el ente fiscal.
Con esta decisión, Castillo fue incluido en el caso del consorcio "Puente Tarata III", por el que se investiga si un exministro de Transportes, seis congresistas, un ex secretario general de la Presidencia y dos sobrinos del mandatario integran una supuesta red criminal encabezada por el Presidente.
El 5 de junio el jefe de Estado fue citado a declarar, cosa que hizo el 17 de ese mismo mes. "Estamos dispuestos a seguir respondiendo, porque el Perú necesita que aclaremos las cosas y lo vamos a seguir haciendo", indicó entonces Pedro Castillo, quien afirmó sentirse "satisfecho". Ya lo había hecho, vale mencionarlo, su esposa Lilia Paredes y por este caso están implicados sus sobrinos.
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3. El caso alusivo a las FF.MM.
El 6 de julio la Fiscalía abrió una nueva investigación al Presidente por el presunto delito de tráfico de influencias en un caso de ascensos a militares de las Fuerzas Armadas. Fue citado a declarar el 4 de agosto.
Las investigaciones por tráfico de influencias partieron de una denuncia en diciembre por presuntas irregularidades desde el gobierno en el proceso de ascensos de oficiales de las Fuerzas Armadas. El caso se conoció por medio del testimonio de comandantes generales en retiro del Ejército y de la Fuerza Aérea.
4. Delitos contra la administración de justicia
El 21 de julio la Fiscalía le abrió una cuarta investigación, en esta ocasión por presuntos delitos contra la administración de justicia y de encubrimiento personal tras las sorpresivas imputaciones lanzadas por un ministro cesado en el cargo.
La apertura de la causa se dio tras unas explosivas declaraciones del saliente ministro del Interior, Mariano González, despedido del cargo a través de un anuncio por Twitter del propio Presidente.
Tras su destitución, González exhortó al Congreso a separar del cargo a Castillo por considerar que obstruye la justicia y protege a miembros de su círculo íntimo prófugos por presunta corrupción.
5. Una compra de combustible cuestionable
El 22 de julio el ente investigador reactivó una investigación contra el Presidente, en esta ocasión por un caso de presunto tráfico de influencias en la compra de combustible por la empresa estatal Petroperú en 2021.
La nueva Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, decidió anular una decisión de enero pasado de su predecesora, Zoraida Ávalos, de suspender las indagaciones por ese caso hasta tanto Castillo culminara su mandato, en julio de 2026, debido a que cuenta con inmunidad.
En enero se informó que el jefe de Estado habría intervenido en un proceso para la adquisición de biodiésel B100 en el mercado local para el período enero-abril 2022 "con la finalidad de que la empresa Heaven Petroleum Operator, dirigida por el empresario Samir Abudayeh, gane un contrato por la suma de US$74 millones". Castillo negó cualquier implicancia en el caso y el contrato se anuló luego de que la prensa destapó irregularidades.
6. Corrupción en obras públicas
La sexta y última investigación de este rosario se abrió el pasado 11 de agosto, cuando la Fiscalía inició un procedimiento contra el Presidente y el exministro de Vivienda, por presunta corrupción en la adjudicación de obras públicas.
De acuerdo con el Ministerio Público, "el objeto de la investigación está referido a las obras adjudicadas en las provincias de Chota-Cajamarca y Cajatambo-Lima". Con relación a este caso fueron detenidos la cuñada del Presidente, Yenifer Paredes, los hermanos empresarios Hugo y Anggi Espino y el alcalde de Anguía (Cajamarca), José Nenil Medina. La Fiscalía acusa a este grupo de formar una red de corrupción y lavado de activos dirigida por el mandatario peruano.
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Las movidas del Congreso
Además de las seis investigaciones que tiene abierta la Fiscalía en su contra, también la Comisión del Congreso está investigando al presidente Pedro Castillo por el caso de presunto tráfico de influencias, aprobó la recomendación de acusación constitucional por corrupción, y la más curiosa fue la del informe que recomendó hace dos semanas procesar al mandatario por traición a la patria.