* Permanencia de Abudinen era insostenible
* Urge cumplir compromiso de conectividad
Desde hace ya mucho tiempo era, a todas luces, insostenible que la ministra de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, Karen Abudinen, pudiera mantenerse en el cargo. Tanto las múltiples advertencias hechas por el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, en su columna dominical de El Tiempo, como las diferentes noticias aparecidas en los medios, pusieron de presente que todo cuanto rodeaba el billonario contrato con el consorcio Centros Poblados tenía, no solo graves indicios de corrupción, sino que su trámite había sido muy poco vigilado. Además, por otra parte, de haberse suscrito a las volandas al filo de un cambio de año, cuando la mayoría del país está pendiente de otros temas.
Solo meses después se vino a saber, en una audiencia sobre el incumplimiento y retrasos de los contratistas, que las garantías que respaldaban la adjudicación eran falsas, según constancia del Banco Itaú, y que por tanto el Estado no tenía mecanismo a la mano para reclamar ipso facto sobre la morosidad en un tema tan trascendental como asegurar la conectividad digital de las escuelas, en lugares periféricos de la nación. Esa deficiencia de acceso a internet tiene un altísimo detrimento en las posibilidades de conocimiento y educación para una proporción importante de niños colombianos. Es decir, un atentado descomunal contra la igualdad de oportunidades y el Estado Social de Derecho.
De este modo la opinión pública puso el ojo avizor en el contrato, nada menos que por la suma de 1,2 billones de pesos y que por el calibre del monto, comprometiendo una parte fundamental del presupuesto del ministerio, era obvio que debía tener la veeduría permanente al más alto nivel del despacho, tanto en sus mecanismos de adjudicación como a lo largo de la ejecución.
De hecho, a esas alturas ya se había otorgado el anticipo de 70 mil millones de pesos. Y como era de esperarse, ante el cúmulo de sospechas devenidas de la débil experiencia en la materia de varios de los contratistas y, por si fuera poco, la conocida conducta delictual de otros, se supo adicionalmente que parte de ese dinero no solo había ido a parar a una dudosa cuenta en Estados Unidos, sino que sirvió para garantizar el negocio de la compra de un millonario apartamento en la exclusiva zona de Brickell, en Miami. Blanco es y gallina lo pone. Parecía, como en muchos de estos casos descubiertos, que el anticipo había actuado aparentemente de pago de las coimas. Las que, como también suele ocurrir, las cobran precipitadamente con el primer dinero que llega.
La ministra se defendió diciendo que todas las anomalías se habían dado a sus espaldas. Y a juzgar por el respaldo integral que le dio el presidente Iván Duque desde que estalló el escándalo, este también lo creyó. No obstante, día a día salían nuevas evidencias de las maniobras fraudulentas, pese a que desde el comienzo ya todo tenía un carácter insostenible.
De hecho, ante el debate de moción de censura en la Cámara de Representantes, no muchos congresistas creyeron en los argumentos de la ministra, pese a haber caducado el contrato y producir el embargo de las cuentas de los contratistas a fin de recuperar el dinero del anticipo. Aunque se adujo la disciplina dentro de las bancadas oficialistas, a fin de mantenerle el respaldo, resultaba evidente que era un caso de consciencia política más que de reglas partidistas. En esa medida, se anunció ayer que el Jefe de Estado le había pedido su renuncia.
Mucho desgaste se habría evitado, ciertamente, de haberse tomado el toro por los cuernos desde el comienzo. Más tratándose de un caso tan delicado, donde además ha estado y sigue estando en juego la educación de los niños. Muy seguramente, si la ministra hubiera renunciado por voluntad propia, no se habría llegado tampoco a una situación tan dramática en las redes, donde se hizo una estridente caricatura de su apellido. Por demás, le habría quedado más fácil a la funcionaria defenderse por fuera del cargo, antes que aferrarse a este. Inclusive, y pese a la renuncia, se ha anunciado que la votación de la moción de censura se mantendrá con muy malos pronósticos para ella. En ese caso, será el primer ministro o ministra al que se le aplique esta sanción desde la Constitución de 1991.
Tendrá que ser muy atinado el nombre del nuevo ministro o ministra que ocupe el despacho. Es muy posible que se deba concentrar esencialmente en escudriñar las manzanas podridas del ministerio, así como recomponer todo el entramado para poder cumplirle a los niños colombianos y salvarlos de la corrupción de la que sacaron provecho quienes lo único que les importa son sus intereses materiales, pasando por encima de la ley y de tantas necesidades que tiene el país. Un motivo de repudio e indignación que tiene Colombia entera.