* Colombia defiende sus derechos en La Haya
* Diferencia entre democracia y autoritarismo
Una democracia activa consiste, entre otros elementos significativos, en que los ciudadanos puedan opinar libremente y no estén sometidos a la coyunda del poder de turno. Es, ciertamente, lo que no parecerían entender los agentes nicaragüenses, ante la Corte de La Haya, cuando como gran argumento aducen de manera negativa la diversidad de opiniones de los colombianos sobre el proceso del fallo en el pleito limítrofe entre ese país y nosotros.
En efecto, siendo una de las más antiguas democracias continentales, como lo es Colombia, es natural que surjan comentarios permanentes sobre el desarrollo de las políticas públicas. Y con más veras si se trata de un tema que compromete el territorio nacional en materia grave. De modo que dar la idea de que por estos nutrientes democráticos el país no está cumpliendo los dictámenes de la Corte Internacional de Justicia no tiene asidero alguno. Más bien lo que queda en claro es una estruendosa noción de la democracia que, como se sabe, está a la pérfida orden del día en Nicaragua. Bajo esa perspectiva, el mundo se mantiene estupefacto con lo que viene ocurriendo en el país centroamericano bajo la férula abiertamente dictatorial de Daniel Ortega. Lo cual, desde luego, debe ser motivo de reflexión por parte de los magistrados, aunque sea íntimamente.
De hecho, Colombia está celebrando los 30 años de la Carta de 1991 que es considerada por muchos tratadistas como uno de los ordenamientos constitucionales más modernos y garantistas a nivel mundial. Incluso, la filosofía fundacional y la estructura misma del Estado Social de Derecho colombiano han sido alabadas en distintas latitudes como ejemplo de unas instituciones tendientes al libre examen y el debate democrático.
Obviamente para entender la trascendencia del modelo colombiano se requiere valorar y respetar la democracia como tal. Pero esto resulta un imposible para un gobierno de neto corte autoritario, en el que no se respetan la separación de poderes ni la estructura institucional, tampoco los derechos humanos ni las garantías fundamentales más caras como la libertad de expresión y opinión. Por el contrario, los regímenes de facto se constituyen a partir de la negación y represión violenta de estos conceptos prevalentes.
Tener claro ese marco es vital para entender la ilógica andanada de acusaciones del gobierno de Nicaragua contra Colombia en el arranque de las audiencias orales en el proceso por la demanda del régimen de Ortega a nuestro país por un presunto incumplimiento del fallo de la Corte Internacional de Justicia. Dicha sentencia, en 2012, no solo ratificó la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con todos sus cayos adyacentes (lo que aún los agentes nicaragüenses parecerían denegar con sus diatribas), sino sobre cuyo texto lo único que busca Colombia es defender sus derechos.
Pero los argumentos ‘orteguistas’ ante los magistrados de la Corte no solo tratan de generar la falsa realidad de que Colombia no quiere cumplir el fallo, sino que, además, buscan ‘convencer’ a los togados de que se está desafiando su autoridad. Toda una farsa. Es claro que nuestro país no ha dejado de comparecer y que, por el contrario, seguirá insistiendo en sus derechos. Desde el fallo siempre se ha insistido en que los límites del país solo pueden modificarse mediante la suscripción de un tratado que, además, debe ser ratificado por el Congreso, tal como lo dice taxativamente la Constitución.
Esto, desde luego, no quiere decir que no existan polémicas. A diferencia, por supuesto, del cuestionado gobierno sandinista que en los últimos meses mandó a apresar a todos los candidatos de la oposición que quieren competirle en los comicios presidenciales de noviembre próximo, en nuestro país los dirigentes políticos han podido expresar sus criterios sobre cómo proceder frente al fallo de la Haya, sin que ello constituya un delito o lesione la facultad constitucional que deja en cabeza del Presidente de la República el manejo exclusivo de la política internacional en aras de proteger a los isleños, las ancestrales faenas de pesca y el patrimonio ambiental.
Todo lo anterior explica por qué el Estado colombiano está seguro de que la Corte negará las infundadas y delirantes pretensiones de Nicaragua, y ratificará que Colombia no ha desconocido el fallo de 2012 ni mucho menos violado derechos soberanos y espacios marítimos de ninguna nación en el mar Caribe. Por el contrario, actúa acorde a derecho en la defensa de su territorio, sus habitantes y su Constitución.