Después de que dos veedurías ciudadanas presentaran sendas denuncias y también por los testimonios que habrían entregado algunos de los implicados capturados por el escándalo de los $70 millones embolatados que entregó el Ministerio de las TIC a la unión temporal Centros Poblados, por el fallido contrato para proveer internet a escuelas rurales, ayer la Corte Suprema abrió indagación preliminar a los senadores Armando Benedetti; Dayra Galvis y Antonio Zabaraín, de Cambio Radical; y Mauricio Gómez Amín, del Partido Liberal.
El pasado fin de semana se filtró que supuestamente Emilio Tapia, uno de los capturados por estos hechos pues habría participado en la estructuración de la propuesta que presentó Centros Poblados al Ministerio de las TIC para quedarse con el contrato que superaba $1 billón, habría entregado información a la Fiscalía sobre lo ocurrido.
Entre lo que habría dicho Tapia a la Fiscalía, quien pagó 7 años de prisión por ser uno de los empresarios que se aliaron con el entonces alcalde Samuel Moreno para obtener contratación de manera ilegal en lo que se conoció como el Carrusel de la Contratación en Bogotá, es que algunos algunos parlamentarios, de los cuales habría entregado sus nombres, buscaron influir ante la entonces ministra Karen Abudinen para evitar la cesión de este contrato entregado a Centros Poblados.
Tras conocerse la decisión de la Corte de aperturar indagación a los 4 senadores, ellos se pronunciaron rechazando de tajo que hayan tenido que ver algo con estos hechos.
“Bienvenida la investigación, una oportunidad más para demostrar que soy inocente y que me acusan sin pruebas ni testigos”, enfatizó el senador Benedetti.
En tanto que el senador Mauricio Gómez respondió en un comunicado que “se trata de un lamentable caso de homónimos donde aparece un Mauricio que no soy yo, un Gómez que es un delator y un Amín que hace parte de esa investigación”.
Por su parte el senador Zabaraín dijo que jamás acudió ante este Ministerio a "solicitarle que no caducara el contrato con Centros Poblados. Jamás me he reunido con los integrantes del consorcio Centros Poblados”.
En las últimas horas, Karen Abudinen rompió su silencio desde que renunció a esta cartera ante la presión por el escándalo, y señaló que el senador Benedetti la llamó cuando todavía ocupaba el despacho para pedirle la sesión de este contrato a una empresa extranjera.
“Senador, le refresco la memoria. Usted sí me llamó, como hicieron otras personas. Su propósito fue el de sugerirme la cesión del contrato a una firma norteamericana. Mi respuesta fue tajante: caducar el contrato. Yo no negocio ni cedo ante corruptos”.
Sin embargo Benedetti dijo que “Karen Abudinen trata de justificar su negligencia o posible participación en el robo, la forma como amañaron la licitación y cómo se ‘abudinearon’ la plata, con una supuesta llamada posterior a la adjudicación”.
El pasado 20 de septiembre se produjeron las primeras capturas por este escándalo de corrupción: el empresario Emilio Tapia; el representante Legal de Centros Poblados, Luis Fernando Duque, y Juan José Laverde, representante de Seguros Rave, quien estuvo a cargo de las pólizas que presentó esta unión temporal como garantía de cumplimiento del millonario contrato por más de $1 billón, de los cuales el Ministerio de las TIC le alcanzó a girar $70 mil millones.
Habría más pólizas falsas
La Fiscalía investiga unos contratos que Emilio Tapia logró con las Empresas Municipales de Cali, Emcali, para lo cual se habrían valido de documentación de garantía falsa supuestamente a nombre del Banco Itaú, como sucedió en el caso del contrato que Centros Poblados alcanzó con el Ministerio de las TIC.
El empresario Jorge Alfonso Molina dijo a la Fiscalía que “Emilio Tapia manifestó que tenía que presentar unos proyectos con Emcali, que tenía la seguridad con esos proyectos y que podía tener esos cupos. A través de Juan José Laverde me solicitaron esos cupos, los cuales fueron entregados por Enrique López y en los cuales pagaron cinco millones a una señora llamada Yaneth Bautista”.
El exvicepresidente y exembajador en Estados Unidos, Francisco Santos, explicó ayer su actuación después de ser señalado que también buscó influenciar ante la entonces ministra Abudinen para la cesión del contrato que tenía Centros Poblados a la empresa norteamerica Hughes.
“Mi labor como embajador, que es traer inversión a Colombia, es decirles ‘vengan y compitan en las mismas condiciones’. Por una decisión los sacaron, fue una pérdida para Colombia. Si esto no hubiera sucedido, el contrato estaría ejecutándose a una velocidad fantasmagórica, que era mi intención”, dijo Santos a Caracol Televisión.
Cuando ya había estallado el escándalo de Centros Poblados, nuevamente Santos, que ya no era embajador, se comunicó con Abudinen.
Frente a lo cual el exembajador explicó que “llamamos para que los dejaran competir. Eso sí lo tuvimos que hacer porque si usted en un momento dado le cierra las puertas a la competencia, una empresa de estas puede poner una queja ante el sistema de arbitraje que hay entre los dos países por tratado de libre comercio”.