Alertan sobre grave crisis ambiental en la Amazonía

/Luis Barreto

La Amazonia colombiana enfrenta una crisis ambiental y de seguridad sin precedentes que tiene en grave riesgo a los defensores ambientales. Aunque esta crisis viene gestándose desde hace décadas, ha cambiado significativamente desde la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc en 2016.

Así lo señala el análisis “Un clima peligroso: deforestación, cambio climático y violencia contra los defensores ambientales en la Amazonia colombiana”, realizado por Fundación Ideas para la Paz (FIP) y Adelphi, gracias a una iniciativa de WWF, Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), Sociedad Zoológica de Frankfurt (FZS) Colombia, Amazon Conservation Team (ACT), Fundación Gaia Amazonas, Tropenbos y la Dirección Territorial Amazonia de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

De acuerdo con el informe, la intensificación del acaparamiento de recursos y de actividades económicas ilegales como los cultivos de uso ilícito y el narcotráfico, la minería, la ganadería y la agricultura, no sólo impulsaron la degradación ambiental y la deforestación en la región, sino que también aumentaron la violencia. Según cifras del IDEAM, el 70% de la deforestación en el país se concentra en la Amazonia y sigue en aumento: de 98.256 hectáreas en 2019 a 109.302 hectáreas en 2020.

“Las comunidades locales, las organizaciones no gubernamentales y las instituciones estatales que intentan proteger la Amazonia, entraron en conflicto con los intereses de estos grupos poderosos y, como consecuencia, se han convertido cada vez más en blancos de ataques”, dice Juan Carlos Garzón, investigador de la Fundación Ideas para la Paz y uno de los autores del análisis.

Según el más reciente informe de la ONG británica Global Witness, en 2020 y por segundo año consecutivo, Colombia es el país más peligroso para ejercer la defensa del ambiente y del territorio con 65 asesinatos a estos líderes.

De otro lado, las comunidades indígenas de la Amazonia colombiana se han visto especialmente afectadas por esta situación, pues están perdiendo sus tierras y sus medios de sustento, y son objeto de afectaciones a los derechos humanos, violencia y desplazamiento.



Las zonas más afectadas

El informe presenta además una radiografía de las zonas más afectadas por la apropiación de tierras, la minería, la infraestructura ilegal y los cultivos ilícitos en las que se encuentran los Parques Nacionales Naturales Serranía de Chiribiquete, Tinigua y Sierra de La Macarena, así como la Reserva Indígena Nukak Makú y los municipios de San José del Guaviare y Calamar, entre otros.

Adicionalmente, el análisis plantea que una compleja y fluctuante red de grupos armados ilegales, actores privados y algunos funcionarios corruptos, han aprovechado el vacío de poder dejado por el desarme de gran parte de las Farc, para ampliar su poder y sus actividades económicas ilegales, las cuales, en su mayoría, impactan negativamente la naturaleza.

Se suma que, las medidas adoptadas con el fin de proteger a los defensores ambientales y otros grupos vulnerables, han carecido de recursos y capacidades suficientes, y no han logrado desempeñar un papel significativo para reducir los riesgos de seguridad que afrontan los más vulnerables. Las operaciones militares como Artemisa y de seguridad emprendidas para frenar la deforestación no han logrado debilitar las redes que impulsan la inseguridad y la degradación ambiental. “Por el contrario, han sido más bien fuente de preocupación por los casos de abuso de la fuerza, la afectación de derechos fundamentales y las tensiones que han generado entre las comunidades”, dice el informe.

En este contexto, Garzón señala que “no está del todo clara la manera en que las políticas de seguridad contribuyen a crear condiciones para la protección y conservación del ambiente, ni hasta qué punto las medidas adoptadas en materia ambiental y de desarrollo son sensibles a las vulnerabilidades y los riesgos que afrontan las comunidades y los defensores ambientales”.

El informe contiene recomendaciones específicas de corto, mediano y largo plazo para diferentes grupos de actores, divididas en las siguientes cinco líneas de acción:

Mejorar la protección de los defensores ambientales y las comunidades locales con la coordinación de acciones en las instancias locales, departamentales, nacionales e internacionales.

Abordar el control de la deforestación y las actividades ilegales como parte de una estrategia de paz más amplia.

Fortalecer la implementación de las políticas ambientales y climáticas teniendo en cuenta su dimensión de paz y conflicto.

Reconocer y fortalecer el papel de las comunidades locales en la protección del ambiente.

Transformar las causas fundamentales de la crisis y fomentar la resiliencia a largo plazo al cambio climático y los conflictos.