La admisión de culpa de las Farc es una línea de investigación más. Ahora hasta tambalea la única condena efectiva en 25 años de proceso judicial. Se asoma choque de competencias y Corte Constitucional tendrá última palabra
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Impunidad. Eso es lo único cierto e innegable que existe hoy alrededor del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, que el próximo 2 de noviembre cumplirá 25 años de perpetrado en las afueras de la universidad Sergio Arboleda en la capital del país.
Un cuarto de siglo en el que Colombia ha visto resolver de manera parcial o total otros asesinatos de gran impacto en el país, mientras que en el caso Gómez lo que sobran son hipótesis pero no hay verdad alguna.
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Alfonso Valdivieso, Alfonso Gómez Méndez, Luis Camilo Osorio, Mario Iguarán, Guillermo Mendoza, Viviane Morales, Marta Lucía Zamora, Eduardo Montealegre, Jorge Perdomo, Néstor Humberto Martínez, Fabio Espitia y ahora Francisco Barbosa (se posesionó en febrero pasado) han estado como titulares o encargados en la silla del fiscal general, pero ninguno de ellos logró esclarecer uno de los crímenes más graves del remate de siglo XX en nuestro país.
De hecho, han sido más que evidentes varios intentos de desviar las investigaciones hacia calles sin salida y por ello en algunas ocasiones los fiscales a los que les llega el expediente han tenido que empezar de cero las pesquisas.
Muchas hipótesis
Como se sabe, una de las hipótesis que se manejó durante algún tiempo fue que efectivos del Ejército Nacional participaron en el homicidio de Gómez Hurtado buscando un detonante político que permitiera la caída del entonces presidente Ernesto Samper, imbuido en un escándalo de marca mayor por la narcofinanciación de su campaña en 1994.
En 2001 todavía se seguía con esa tesis, como lo planteó el entonces fiscal Rafael Pinzón en la audiencia pública de juzgamiento al coronel Bernardo Ruiz, quien comandó la desaparecida Brigada 20 de inteligencia. Pinzón consideraba por esos días probado que un grupo militar disidente buscó asesinar a Gómez, con "el propósito de echarle la autoría del asesinato al entonces presidente".
Esta línea suponía que Gómez Hurtado, férreo crítico de ese cuestionado gobierno, habría sido invitado por un grupo de supuestos “conspiradores” a liderar una junta cívico-militar que debía hacerse cargo del Gobierno una vez que Samper fuera apartado del poder. Sin embargo, el dirigente conservador, de acuerdo con esta hipótesis, se habría negado a participar del complot ya que no consentía ningún rompimiento del hilo democrático e institucional que él mismo ayudó a crear como copresidente de la asamblea constituyente del 91.
Una de las hipótesis que se manejó durante algún tiempo fue que efectivos del Ejército Nacional participaron en el homicidio de Gómez Hurtado buscando un detonante político que permitiera la caída del entonces presidente Ernesto Samper,
Según la misma hipótesis, los “conspiradores” se habrían decidido entonces por asesinar al excandidato presidencial con el doble propósito de que no los denunciara y de crear una situación de caos que forzara a Samper a dar un paso al costado.
Sin embargo, en mayo de 2003 un juez absolvió al coronel Ruiz por falta de pruebas y a pesar de que la Fiscalía apeló la sentencia, la decisión fue confirmada.
De otro lado, descartando siempre esa hipótesis del presunto complot fallido contra Samper, la familia Gómez, constituida en parte civil del proceso, especialmente con el liderazgo del abogado Enrique Gómez Martínez, ha defendido insistentemente la tesis de que el magnicidio fue un “crimen de Estado” como respuesta a la recia oposición de Gómez Hurtado al gobierno Samper.
Como se sabe, el exdesignado desde EL NUEVO SIGLO y otros pronunciamientos políticos venía insistiendo en que era tal la gravedad del narcoescándalo que Samper no tenía otra alternativa que renunciar para que la institucionalidad se pudiera recuperar y se empezara a derrotar lo que él denominaba como el “régimen”.
Pero el listado de hipótesis no termina ahí. Por ejemplo, el ex viceministro de Comunicaciones, Rommel Hurtado (asesinado en 2010), dijo que cuando en 1995 estuvo detenido en la cárcel La Picota dentro del proceso 8.000, escuchó de unos narcotraficantes que Gómez Hurtado fue liquidado por agentes del liquidado DAS que tenían relación con los escoltas de Serpa.
De esa versión surgió otra variante de una hipótesis ya referida: que presuntamente Gómez Hurtado era parte de una conspiración para dar un supuesto golpe de Estado y extraditar a los narcotraficantes, quienes para impedir la concreción de esa estrategia contactaron varios grupos de sicarios para organizar el crimen. Parcialmente esta conjetura halló eco en la entrevista que en 2001 el fallecido jefe paramilitar Carlos Castaño le concedió al periodista Mauricio Aranguren, en la que el líder de las autodefensas dejó entrever que el señalado narcotraficante Orlando Henao, conocido como el ‘Hombre del overol’, estuvo detrás del magnicidio.
¿Norte del Valle?
Tras varios años de callejones sin salida, incluso llegó a existir el riesgo de prescripción de la acción penal, lo que llevó a que el 19 diciembre de 2017 la Fiscalía General tomara la decisión de declarar el homicidio de Gómez Hurtado como delito de lesa humanidad, esto luego de realizar un análisis detallado y completo de la forma como ocurrieron los hechos y de contextualizar lo que venía pasando en el país en ese momento.
En aquella ocasión, el fiscal del caso destacó que Gómez Hurtado “fue un personaje que realizó una ferviente campaña en pro de la moralización del país, de la restauración institucional, y de la eficiencia y eficacia del Congreso”. Además resaltó la participación del líder en la eliminación de todas las formas de violencia y delincuencia.
Para el ente acusador, ese 2 de noviembre de 1995 se dio el atentado “como resultado de la política de amedrentamiento por parte de los narcotraficantes que se veían directamente afectados con la crisis de gobernabilidad por la que atravesaba el país, y el reforzamiento de la lucha contra el narcotráfico”.
En otras palabras, hasta finales de 2017 la hipótesis que se investigaba apuntaba hacia el narcotráfico, especialmente al “cartel del Norte del Valle”. Según informó el propio ente acusador, el fiscal de Derechos Humanos concluyó que el atentado en el que perdió la vida Gómez Hurtado “fue uno de los asesinatos que se cometieron por el cartel de narcotráfico del Norte del Valle, uno de los grupos al margen de la Ley que operaba en el año 1995 y que tenía una política de exterminación o aniquilamiento de personas que se convertían en sus adversarios por las posturas que asumían frente al fenómeno del narcotráfico o por la defensa de la extradición, instaurada por el temeroso cartel de los ‘extraditables’ en la década de los 80”.
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Es más, en ese marco el fiscal que sustentó la declaratoria del magnicidio como de lesa humanidad indicó que a través del material probatorio recaudado se comprobaba que en la década de los 90 también “se cometieron toda clase de vejámenes y violaciones a los derechos humanos como amenazas, secuestros y asesinatos de periodistas y políticos, por el hecho de hacer denuncias relacionadas con la injerencia de los dineros del narcotráfico en la vida política, social y económica del país. Hechos que sin duda cobran carácter de delitos internacionales o de lesa humanidad y, que en aras de la prevalencia de la justicia y de la mano de los Tratados Internacionales y la Constitución Política, se tiene clara la necesidad de establecer la verdad a pesar del tiempo que haya transcurrido”.x
Es más, en dos providencias de diciembre de 2017 la fiscal delegada decretó varias pruebas para que se interrogara a alias Jorge Eliecer Asprilla alias “el Negro Asprilla”, Óscar Iván Henao Montoya, Henry Loaiza Ceballos, Ramón Quintero Sanclemente y Arcangel Henao Montoya, señalados narcotraficantes, algunos de ellos extraditados a Estados Unidos.
De esta misma línea de investigación hacían parte las conjeturas en torno a que el extraditado narcotraficante a EU, Luis Hernando Gómez Bustamante, alias, 'Rasguño', tendría información sobre el magnicidio. Y también se había mencionado en esta hipótesis al asesinado abogado Ignacio Londoño, que rindió declaración a la Fiscalía en 2014 pero fue muerto un año después. Igual se ha hablado de la presunta autoría del crimen por parte del también asesinado (marzo de 2004) excoronel de la Policía, Danilo González, señalado de tener nexos con el “cartel del norte del Valle”.
Nuevo impulso
La investigación por el magnicidio de Gómez Hurtado tomó en febrero pasado un nuevo aire con la llegada del fiscal Barbosa, incluso por petición directa del presidente Iván Duque, quien fuera alumno del exdesignado en la Sergio Arboleda.
La investigación por el magnicidio de Gómez Hurtado tomó en febrero pasado un nuevo aire con la llegada del fiscal Barbosa
Las primeras medidas se dieron a mediados de abril pasado cuando la fiscalía 190, de la Dirección Especializada contra las Violaciones de los Derechos Humanos, le remitió una copia del expediente a la fiscal delegada ante la Corte Suprema, Elba Beatriz Silva Vargas, tras encontrarse que, presuntamente, un aforado constitucional podría estar vinculado al magnicidio. El nombre del supuesto vinculado no ha trascendido.
A ello se suma que a finales de abril la representante a la Cámara por el Partido Liberal Kelyn González, integrante de la Comisión de Investigación y Acusaciones, anunció que reabriría una causa que existe hace muchos años en esa instancia contra el expresidente Ernesto Samper.
Incluso la parlamentaria alcanzó a solicitar al CTI que escuchara en versión libre al exmandatario liberal. En ese auto inicial se pedía, incluso, tomar las declaraciones de los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, así como del exministro y excandidato presidencial liberal, Horacio Serpa, titular de la cartera política al momento del crimen.
Tras filtrarse la noticia, la parlamentaria decidió repensar la citación y hasta hoy no se sabe en qué va el proceso.
Perfilado por el DAS
Lo último que se había surgido alrededor del caso se produjo en la segunda semana de septiembre, cuando el abogado Gómez Martínez reveló que aparecieron los documentos con los que se probaría que el dirigente conservador era blanco de ‘perfilamientos’ por parte del DAS, días antes de su asesinato.
“Durante cinco años estuvimos en la búsqueda y logramos con la antigua fiscal del caso la inspección de los archivos del DAS para llegar a la sorpresa que nunca se exhibieron las órdenes de trabajo de seguimientos del año 1995”, afirmó el abogado, señalando que tuvo que interponer acciones de tutela para lograr acceder a esos documentos.
El abogado Gómez Martínez reveló que aparecieron los documentos con los que se probaría que el dirigente conservador era blanco de ‘perfilamientos’ por parte del DAS, días antes de su asesinato.
“Eso dio lugar a dos tutelas y de ahí vimos cómo la administración Santos, con la asesoría de Ramiro Bejarano (director del DAS en la época en la que ocurrió el asesinato de Gómez Hurtado), desmontó los archivos del DAS; pero por cosas de la vida, la verdad siempre brilla y brota, han aparecido los archivos de seguimiento del DAS (…)”, explicó Gómez Martínez.
Tras señalar que esos documentos están ya bajo la custodia del CTI de la Fiscalía, el abogado sostuvo que “eso confirma lo que Bejarano y Samper siempre han negado y es que Álvaro Gómez Hurtado sí estaba siendo objeto de seguimientos por parte del DAS, días antes de su muerte; como lo afirmó en su momento (el exministro) Fernando Botero, quien era miembro altísimo del gobierno de Samper”.
El abogado aseguró que quienes dieron las órdenes de los seguimientos ilegales fueron Samper y Bejarano.
Y ahora las Farc
Sin embargo, mientras la Fiscalía, la Corte Suprema y Comisión de Acusación venían este año desarrollando sus respectivos frentes de investigación, hace ocho días, en una carta entregada a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), miembros del antiguo Secretariado de las Farc y hoy desmovilizados y hasta congresistas, entre ellos ‘Carlos Antonio Lozada’, ‘Pastor Alape’ y ‘Pablo Catatumbo’, se adjudicaron el asesinato de Gómez Hurtado y otras cinco personas entre 1987 y 1995.
La versión subversiva indica que Gómez habría sido asesinado por ser un dirigente político de amplia trayectoria perteneciente al establecimiento e incluso por ser el autor de la recordada tesis de las “repúblicas independientes” de las guerrillas liberales, que luego se volvieron comunistas y fueron la base de las Farc, bajo el comando de ‘Tirofjo’.
"Fuimos las Farc las únicas responsables (...) de haber privado de su vida al doctor Álvaro Gómez Hurtado. Y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), así como la Comisión de la Verdad, recibirán de nosotros los elementos que pueden acreditarlo", sostuvo Rodrigo Londoño, máximo dirigente del partido Farc.
A su vez, Lozada admitió haber dado la orden de ejecutar el crimen. "Es un hecho cuya responsabilidad es de la Red Urbana Antonio Nariño, de la cual yo era comandante en ese momento", dijo, señalando que el ataque fue perpetrado por cuatro guerrilleros, todos ellos ya muertos. Incluso dos habrían sido asesinados por personal de la Dijin de la Policía en un caso que se conoció como la “masacre de Mondoñedo”. Varios de los uniformados fueron condenados por el hecho.
Paradójicamente este señalamiento dejaría sin piso la única medida judicial concreta que se ha dado en 25 años de investigación del magnicidio: la condena en 2001 a 40 años de prisión impuesta a Héctor Paúl Flórez, quien ya está libre luego de pagar 18 años de cárcel. ¿Quién tiene la razón aquí: la justicia colombiana que lo sentenció como autor material del crimen o las Farc que dicen que solo esos cuatro guerrilleros perpetraron el asesinato?
Sin embargo, esta confesión de las Farc no convence a la familia Gómez Hurtado, al Partido Conservador ni a otros sectores políticos, incluido el propio presidente Iván Duque, que han pedido a la Fiscalía no abandonar las líneas de investigación que vienen adelantando.
Precisamente, en declaraciones esta semana a EL NUEVO SIGLO, el abogado Gómez Martínez, a nombre de la familia, descalificó la confesión de las Farc y manifestó que se trata de “un esfuerzo de Ernesto Samper y muchos de sus amigos cercanos para tratar de, a través de la asunción de competencia por parte de la justicia especializada, dejar el crimen de Álvaro Gómez en la impunidad, porque lo que está por suceder muy posiblemente es que la JEP pida la remisión de la investigación de la Fiscalía sobre el caso de Álvaro Gómez”.
Sin embargo, esta confesión de las Farc no convence a la familia Gómez Hurtado, al Partido Conservador ni a otros sectores políticos, incluido el propio presidente Iván Duque
“Creo que las Farc no tienen ninguna credibilidad, durante años le han mentido a la opinión pública colombiana sobre sus fechorías”, por lo tanto “esperamos que la JEP no decida creerle de buenas a primeras al Secretariado en relación con su supuesta autoría de la muerte de Álvaro Gómez”.
¿Y ahora?
Lo cierto es que esta semana tanto la JEP como la Fiscalía decidieron citar a la cúpula del partido Farc para que rindan testimonio sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que, afirman, cometieron el crimen.
Por el momento todas las líneas de investigación se mantienen y no se sabe cuándo la JEP podría interponer un conflicto de competencia para que Corte y Fiscalía les remitan todo lo actuado, al menos en relación con los guerrilleros desmovilizados. Está claro que en cuanto a terceros civiles no tienen competencia, a menos que se sometan voluntariamente a la misma. Sin embargo, el choque jurisdiccional va para largo y es muy posible que al final tenga de dirimirlo la Corte Constitucional.
Lo cierto es que mientras se desenvuelve todo esta madeja jurídica, al final solo hay, como se dijo al comienzo, un hecho cierto: 25 años de impunidad del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado. Esa es la única verdad inapelable en este cuarto de siglo.