Un total de 12.429 ciudadanos han sido sancionados hasta el momento por ser sorprendidos en las calles con la dosis mínima de droga, según informó ayer la Policía Nacional. La medida corresponde a un decreto que expidió hace 12 días el presidente Iván Duque para combatir el microtráfico que ha tomado la mayoría de las ciudades del país.

La Policía Nacional informó que en estos 12 días de vigencia de la medida han sido incautados 20,38 kilogramos de sustancias psicoactivas. También se han realizado 12.043 acciones de destrucción de estupefacientes. 7.484 personas han participado en programas comunitarios o actividades pedagógicas.

Bogotá lidera con 5,09 kilogramos incautados, le siguen Medellín con 2,46 kilogramos; el departamento de Sucre con 2,11 kilogramos; Pereira con 1,70 kilogramos y el departamento del Caquetá con 1,13 kilogramos.

De igual forma, el Consejo de Estado admitió ayer una demanda de nulidad contra del Decreto presidencial 1844 del 1º de octubre de este año, que le permite a la Policía Nacional incautar la dosis mínima en todas las calles del territorio nacional.

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La demanda fue impetrada por la representante capitalina Katherine Miranda, de la Alianza Verde, en contra del citado decreto, argumentando que va en contra de un fallo de la Corte Constitucional que permite portar la dosis mínima, atendiendo para ello el libre desarrollo de la personalidad.

Para Miranda, la norma representa un retroceso en la lucha contra la adicción y el derecho a la salud que se ha promulgado en los últimos años. En su concepto, el decreto no cuenta con políticas pedagógicas o terapéuticas para enfrentar este problema de salud pública.

En la demanda llama la atención que el Gobierno cree que la solución frente a esta problemática es policiva pero no de tratamiento médico.

El presidente Duque señaló que “este decreto, que no es una norma de naturaleza administrativa, ni penal, dota a la Policía de las herramientas necesarias para confiscar cualquier cantidad de droga que un ciudadano porte en el espacio público y evitar así que los jíbaros se camuflen en la autorización de la dosis mínima para inducir a niños y jóvenes al consumo de drogas”.