Las comisiones primeras están citadas a las 2 p.m. de hoy para una audiencia pública acerca del proyecto de reforma al Código Electoral, al cual el Gobierno nacional le dio mensaje de urgencia. La Misión de Observación Electoral (MOE) se mostró en desacuerdo con el trámite acelerado que en últimas se le dio a esta iniciativa, pues apuntilló que “es completamente innecesario e inconveniente generar incertidumbre sobre las reglas del proceso electoral de las elecciones locales del 2023”.
Sin embargo, al menos los presidentes de la Comisión Primera del Senado, Fabio Amín, y de la Comisión Primera de la Cámara, Juan Carlos Wills, atendieron la solicitud de la MOE para que, a pesar del trámite de urgencia que solicitó el Gobierno a este proyecto, se hiciera una nueva audiencia pública, esta vez en sesión conjunta de estas células legislativas, como efectivamente debe ocurrir el día de hoy.
En carta que envió la MOE el pasado 16 de noviembre a los presidentes de las comisiones primeras del Senado y la Cámara, señala que teniendo en cuenta la solicitud de la Presidencia de la República para que el Congreso dé trámite de urgencia al proyecto de reforma al Código Electoral, les solicita “que sea convocada una audiencia pública previo al inicio de las sesiones conjuntas”.
Agrega que “si bien se han realizado tres audiencias públicas en el seno de la Comisión Primera del Senado de la República, para la MOE es fundamental que los honorables congresistas que conforman la Comisión Primera de la Cámara de Representantes tengan la oportunidad de escuchar y conocer, de primera mano, la opinión de diferentes actores y sectores de la sociedad colombiana respecto a iniciativas normativas que buscan regular asuntos de gran trascendencia nacional, como lo es el establecimiento de las normas que gobernarán los procesos electorales en Colombia”.
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Consideran inconveniente
La MOE le había pedido al Congreso por medio de una comunicación escrita no aceptar dar trámite de urgencia al proyecto de reforma al Código Electoral.
Manifestó esta oenegé que coincide con el Gobierno en la importancia de contar con un Código Electoral que integre las múltiples regulaciones que se encuentran dispersas en diferentes leyes, pero piensa que es inconveniente cambiar las reglas de juego poco antes de las elecciones de autoridades regionales.
Advirtió la MOE que “adelantar reformas que afecten el proceso electoral cuando este ya se encuentra en curso, tiene como consecuencia que no se tenga claridad sobre las normas que se aplicarán”.
De igual forma, la MOE puso en conocimiento por cartas que envió al presidente Petro y al ministro del Interior, Alfonso Prada, de la petición que hizo al Congreso.
Vale recordar que el gobierno Duque buscó reformar el vetusto, y por ende desactualizado, Código Electoral de 1986. Presentó el respectivo proyecto de ley estatutaria en agosto del 2020, y como hoy la administración de Gustavo Petro, le dio mensaje de urgencia para que lograra aplicarse en las elecciones siguientes.
Sin embargo, son situaciones distintas porque el anterior proyecto de reforma se radicó con el suficiente tiempo de antelación a los comicios legislativos y presidenciales del 2022, precisamente para que saliera con el tiempo de antelación y no modificara las reglas de juego.
Las cuentas del entonces gobierno Duque en ese sentido se ajustaban a lo que normalmente puede tardar en aprobarse en el Congreso una ley estatutaria (seis meses) y la posterior revisión de la Corte Constitucional (seis meses).
Empero con lo que no se contaba era que tras el Congreso aprobar el proyecto (en diciembre del 2020), la Corte se demorara 15 meses en emitir un fallo, al punto que al tiempo que se llevaron a cabo los comicios legislativos de marzo pasado, el proyecto de reforma al Código Electoral seguía pendiente de un pronunciamiento del alto Tribunal.
Finalmente en abril pasado, la Corte emitió un fallo tumbando la reforma al Código Electoral por cinco vicios de trámite, entre estos que el Congreso la aprobó en sesiones extras, lo que está vedado para leyes estatutarias, y se pasó por alto hacer la consulta previa con las minorías étnicas por disposiciones que las afectarían directamente.