*Accidentado panorama en muchas asambleas y concejos
*Alud de demandas, fallos y denuncias de irregularidades
Complicado. Así es el escenario que se está registrando en muchas asambleas departamentales y concejos municipales por cuenta de la accidentada elección de los respectivos contralores regionales y locales. Acciones de tutela de candidatos descalificados, denuncias ante la Procuraduría y la Fiscalía, fallos de jueces que ordenan paralizar los procesos, escándalos por presuntas fallas en los contratos y criterios de las universidades que realizan los concursos de méritos, álgidos pulsos políticos entre las bancadas y mesas directivas, señalamientos de escogencia de perfiles que presuntamente tendrían inhabilidades o incompatibilidades… Ese es el día a día en las últimas semanas en no pocos legislativos territoriales.
La cuestión llega a tal punto que en algunos casos los diputados y concejales han advertido que prefieren frenar todo el mecanismo de selección porque el marco legal no estaría claro o tiene tantos vacíos que permite un peligroso margen de interpretación que, a la larga, lo único que hace es ponerlos en la mira de investigaciones disciplinarias e incluso penales que, obviamente, darían al traste con sus respectivas carreras políticas.
Pese a ello hay quienes consideran que, en realidad, sí hay un marco normativo preciso al respecto y que, por el contrario, en algunas asambleas y concejos tratan de hacerle esguinces para saltarse los mecanismos de transparencia y selección objetiva. De hecho la Contraloría, en sus resoluciones reglamentarias, ha dejado claro que el acto legislativo 04 de 2019 es taxativo en cuanto a que los contralores departamentales, distritales y municipales serán elegidos por las asambleas y concejos de ternas conformadas por quienes obtengan los mayores puntajes en la convocatoria pública respectiva, siguiendo los principios de transparencia, publicidad, objetividad, participación ciudadana y equidad de género, para un periodo de dos años que no podrá coincidir con el periodo del correspondiente gobernador y alcalde. Igualmente la Ley 1904 de 2018 regula todo el procedimiento de elección así como la facultad para contratar una institución de educación superior, pública o privada pero con acreditación de alta calidad, para adelantar dicha convocatoria.
Aun así en algunas asambleas y concejos el tema sigue confuso y de allí la prevención por el alud de demandas y otras acciones jurídicas en su contra. No es un temor infundado. De hecho, recuerdan que ya a finales de octubre la Procuraduría dio el primer campanazo cuando requirió a los cuerpos colegiados así como a siete universidades contratadas para adelantar el concurso de contralores territoriales, información detallada sobre este proceso. Entre otras peticiones del Ministerio Público se urgió a las instituciones educativas los datos sobre los mecanismos que estaban aplicando para garantizar la objetividad y transparencia. También debían anexar los actos administrativos, guías y demás documentos relacionados con la convocatoria y la aplicación de las pruebas de conocimientos y comportamentales, así como el nombre de las personas que diseñaron, evaluaron y tuvieron acceso a las pruebas, entre otros aspectos.
Este Diario publicó semanas atrás las alertas tempranas lanzadas por el Consejo Nacional de Contralores y la Asociación de Servidores Públicos de los Órganos de Control de Colombia. Se advirtió, por ejemplo, que algunas corporaciones legislativas han aplicado de forma diferencial la normatividad, sobre todo en cuanto hasta dónde llega el rol del concurso de méritos de la universidad contratada y cómo se conforma la terna.
Tratándose de una elección tan delicada como es la escogencia de los titulares de los entes de control a nivel regional y local, cuya principal función es vigilar que las decisiones administrativas y presupuestales de las entidades de cada jurisdicción sean transparentes y objetivas, sobre todo en materia de gestión, contratación, ejecución y resultados, es evidente que todo este ambiente accidentado, en donde el alud de demandas y señalamientos de anomalías está a la orden del día, resulta muy preocupante.
Paradójicamente, ya a estas alturas de los procesos de elección, parecería claro que algunos de los contralores departamentales y municipales elegidos puede que no terminen posesionándose al arrancar 2022 o que tanto ellos como los diputados y concejales que los escogieron terminen más temprano que tarde en la mira de los entes de control. Una coyuntura jurídica en donde, es claro, la corrupción, el desgreño administrativo, las falencias en el manejo de la cosa pública y el malgasto del erario terminan siendo los únicos ganadores.