Acuerdo de la multinacional con la justicia de EU peligra por revelaciones de la Fiscalía colombiana. La prensa foránea no le quita el ojo de encima. Y Martínez denuncia “complot” externo contra él y el proceso 

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“En, o alrededor de, y entre 2009 y 2014, Odebrecht realizó y causó que se realizaran pagos corruptos en Colombia por más de 11 millones de dólares, con el fin de obtener contratos de obras públicas. Odebrecht percibió más de 50 millones de dólares en beneficios como resultado de esos pagos corruptos. Por ejemplo en, o alrededor de, y entre 2009 y 2010, Odebrecht acordó pagar y, posteriormente pagó a través de la División de Operaciones Estructuradas, con autorización del Empleado Odebrecht 6, un soborno de 6.5 millones de dólares a un funcionario público quien estaba a cargo del otorgamiento de un proyecto de construcción del Gobierno colombiano, a cambio de su colaboración en recibir el proyecto”.

Estos son los párrafos esenciales para Colombia del acuerdo que el 21 de diciembre de 2016 se celebró entre la multinacional  Odebrecht, la Procuraduría de Brasil, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Procuraduría General de Suiza. En ese acuerdo, la compañía brasileña, que factura más de 80 mil millones de dólares al año en construcción de obras de infraestructura, reconoció el pago de sobornos en 12 países.

Los alcances del acuerdo suscrito por los fiscales de la Corte del Distrito Este de Nueva York fueron claros y en ellos Odebrecht se comprometía a tres elementos puntuales:

1. Admitir la culpa de haber montado un “esquema de soborno y ocultar y disfrazar pagos corruptos realizados a, y en beneficio de, funcionarios y partidos políticos extranjeros en diversos países”.

2. Pagar una multa de más de 2.600 millones de dólares a la justicia de Brasil, Suiza y Estados Unidos.

3. Colaborar con las jurisdicciones judiciales de esos 12 países con las pruebas documentales y testimonios de 77 de sus ejecutivos y ex funcionarios sobre todo el entramado de corrupción, a cambio de que estos no fueran imputados por sus actos ilícitos en dichos países. Si no se materializaba esa colaboración en forma plena e inapelable, entonces se corre el riesgo de perder todos los beneficios judiciales, en cabeza nada menos que del propio Marcelo Odebrecht, máximo dueño de la multinacional y, por ende, principal imputado en Brasil, luego de su confesión en Estados Unidos.

El 12 de enero de 2017, es decir tres semanas después de la suscripción del acuerdo, el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, daba a conocer los alcances del mismo e informaba de la primera captura. Por el soborno de 6,5 millones para lograr la adjudicación de la concesión de la Ruta del Sol, tramo II, por parte del Instituto Nacional de Concesiones (INCO), fue detenido Gabriel García Morales,  ex Viceministro de Transporte y director encargado del instituto para la época de los hechos, ya que el contrato fue adjudicado en diciembre de 2009 y firmado en enero de 2010, en pleno gobierno Uribe.

La suma restante de los sobornos, según indicó en aquel entonces la Fiscalía, se habría utilizado “para obtener otras obras públicas con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) durante la administración” Santos.

El ente acusador indicó, ese enero de 2017, que Odebrecht había solicitado un principio de oportunidad a la Fiscalía colombiana, “con el objeto de colaborar en el proceso y obtener inmunidades en el marco del sistema acusatorio”. La Fiscalía agregó que, con arreglo a la ley, había “condicionado su concesión (del principio) al pago de una reparación integral del daño causado a la administración pública de Colombia por estos hechos, estimado en la suma de $32.000 millones, cifra que ha sido aceptada. La aproximación de Odebrecht a la Fiscalía se ha realizado en un marco de confidencialidad, que también se ha observado con la justicia de Brasil, Estados Unidos y Suiza”.

Ese día poco se reparó en una advertencia de la Fiscalía según la cual la investigación se encontraba “en la fase inicial y que con base en el acervo probatorio acopiado y las pruebas decretadas, que se espera practicar en los próximos días, avanzará en ella hasta establecer la totalidad de terceros y servidores públicos que tienen responsabilidad en los hechos delictivos hallados”.

 

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Mucho más

Las investigaciones -como hoy a casi dos años lo prometió la Fiscalía- rápidamente se ahondaron, a tal punto que en cuestión de pocos meses las autoridades colombianas empezaron a encontrar situaciones de corrupción que los ex ejecutivos de Odebrecht, que se refugiaron rápidamente en su país –que no extradita a sus nacionales- no admitieron u ocultaron ante la justicia norteamericana, pese al grave riesgo que ello implica.  

Aparte del tema de la Ruta del Sol II, la Fiscalía de Martínez Neira ya tiene más de 15 líneas de investigación adicionales sobre sobornos pagados que, en total, superan los $68 mil millones. Incluso, se sospecha que las coimas y otras irregularidades podrían superar los 30 millones de dólares en Colombia (casi tres veces lo confesado por Odebrecht en EE.UU.) y continúan derivándose otros procesos a nivel nacional, regional y local.

Es más, como bien lo recalcó esta semana el fiscal Martínez en el Senado, Colombia es el único país que tiene procesos abiertos contra ejecutivos de la multinacional.

“Colombia, gracias al adelanto de sus investigaciones, a la dignidad de la justicia colombiana, no suscribió ese acuerdo (de principio de oportunidad) y es el único país de América Latina en donde hay imputados y con órdenes de captura oficiales brasileños”, precisó Martínez, detallando los nombres de Amilton Ideaki Sendai, Marcio Marangoni y Eder Paolo Ferracuti, todos de la cúpula de la filial en nuestro país.

Visto lo anterior, aceptar el principio de oportunidad a las cabezas de Odebrecht se tornó casi imposible, a tal punto de que hoy -dos años después- no se ha firmado. Es más, la propia justicia brasileña dejó de colaborar con las autoridades colombianas, ya que es el único país que no ha aceptado otorgar inmunidad automática a los ex funcionarios de la cuestionada multinacional.

Incluso, según informó días atrás el Gobierno, “la sociedad colombiana Constructora Norberto Odebrecht S.A. propuso a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y a otras entidades la celebración de un ‘Acuerdo de Reparación Integral’, mediante el cual la compañía responsable de graves actos de soborno y corrupción, ofrece una compensación económica por los perjuicios generados por los delitos cometidos contra la moralidad pública, a cambio de que el Estado retire todos los procesos legales y administrativos en su contra y le permita volver a contratar con el Estado”.

El Gobierno, la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y la citada Agencia y otras entidades oficiales respondieron al unísono que no aceptarán tal propuesta, incluso evidenciado su indignación por una demanda que la filial española de Odebrecht anunció que iba a interponer contra Colombia por $4 billones alegando perjuicios por la forma en que se le canceló el contrato de concesión de la Ruta del Sol, la misma por la que pagó millonarios sobornos.

Más allá del blindaje antiextradición en Brasil, el peligro para Marcelo Odebrecht y su compañía es ante la justicia de Estados Unidos, en donde corre el riesgo de ver caer el acuerdo, al comprobarse que, al menos en el caso colombiano, ocultaron información sobre el monto, las obras y los destinatarios de los sobornos. No es una infracción menor y de allí la preocupación de la multinacional por lograr el principio de oportunidad en Colombia. Pero incluso si este se alcanzara -lo que a hoy parece un imposible- hay otros procesos en Procuraduría, Contraloría y Superintendencia de Industria y Comercio que son autónomos de los adelantados por la Fiscalía.

Duro golpe

Un segundo flanco externo del escándalo de los sobornos de la multinacional brasileña es el relacionado con el Grupo Aval, de la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo.

La compañía colombiana ha recalcado que solo en diciembre de 2016 -cuando se firmó el acuerdo de Odebrecht con la justicia norteamericana- se enteró de los sobornos pagados por la multinacional brasileña en el caso de la Ruta del Sol y de inmediato avisó a sus socios y filiales en Estados Unidos. Esto, porque al Grupo pertenece la empresa Corficolombiana - cuyo presidente José Elías Melo ya está procesado por este caso-, que era socia minoritaria de la brasileña en esa concesión y era administrada por esta última y desde esa posición pagó de forma furtiva las coimas.

Como se sabe, desde septiembre de 2014 el Grupo Aval está inscrito en la Bolsa de Nueva York y, por lo tanto, sujeto a las drásticas regulaciones de ese país en torno a empresas que se vean involucradas en actos de corrupción a nivel interno o externo.

Aunque no hay prueba alguna que señale al Grupo de haber sabido con anterioridad del pago de coimas, la fortuna de Sarmiento Angulo se ha visto impactada en las últimas semanas por los bandazos del escándalo Odebrecht, en especial el caso de Jorge Enrique Pizano, al punto que la agencia Blomberg cifró en 1.000 millones de dólares ese golpe por la baja de las acciones del consorcio.  

El Grupo espera que una vez se terminen las pesquisas de las autoridades en Colombia y quede claro que no hubo complicidad alguna con Odebrecht, las acciones se recuperen. Incluso, se recalca que el Grupo Aval se declaró ya como víctima dentro de los procesos penales y de otra índole contra la filial colombiana de la multinacional brasileña.

 

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La otra cara

Otro flanco externo del escándalo de Odebrecht es, claramente, el mediático, ya que Colombia ha estado en las últimas semanas en primera plana de algunos medios extranjeros, sobre todo después de revelarse los audios de unas conversaciones, en agosto de 2015, entre el entonces abogado asesor del Grupo Aval, Martínez Neira (hoy Fiscal) y Jorge Enrique Pizano, por la época contralor del consorcio Episol, que encabezaba la concesión Ruta del Sol, tramo II, de la cual eran socias Corficolombiana y la multinacional brasileña.

Aunque en las conversaciones de Pizano -recientemente fallecido- y Martínez, el primero no tenía “certeza” de que las anomalías encontradas en el proceder de Odebrecht en el consorcio fueran coimas, se generó un debate muy fuerte que puso al jefe del ente acusador en la mira. Se le señaló de que como particular y abogado pudo haber sabido de la existencia de los sobornos, sin proceder a denunciarlos y, por el contrario, asesoró al Grupo Aval para que firmara un acuerdo de transacción privado que obligó a la multinacional a reintegrar a la sociedad el monto de los gastos que no tenían soporte real, puesto que en ese momento el socio minoritario se sentía robado y mucho menos sabía que las anomalías fueron fruto de los mecanismos de Odebrecht para perfeccionar los sobornos.  

Ese clima de sospecha fue mayor luego de que apenas tres días después de la muerte por infarto de Pizano (también indagado en el caso Tunjuelo-Canoas, en donde estuvo involucrado Odebrecht), su hijo también falleciera en extrañas circunstancias al haber ingerido agua con cianuro de una botella que estaba en el escritorio de su progenitor.

Mientras, a nivel interno sectores de la izquierda y algunos periodísticos insistieron en pedir la renuncia de Martínez y se generaron múltiples hipótesis alrededor del actuar del Fiscal, en el exterior algunos de los principales periódicos y revistas de Estados Unidos, Inglaterra, España y otras naciones hicieron eco al clima de sospecha sobre el jefe del ente acusador, casi que generándole un juicio público que lo condenó a priori.

Incluso, con calificativos como “acorralado”, “insostenible”, “sospechoso”, “impedido”, y otros no menos graves, se indicó que solo le iba quedando como única opción la renuncia.

Sin embargo, la gran mayoría de esos artículos periodísticos se hicieron antes del debate del martes pasado en donde el Fiscal General, en la plenaria del Senado, decidió replicar uno por uno todos los señalamientos en su contra.

En una extensa intervención ‘desarmó’ las acusaciones que le hicieran los senadores de oposición Jorge Enrique Robledo, Gustavo Petro y Angélica Lozano. Explicó de forma pormenorizada el caso de los audios de Pizano y cómo en ninguno de ellos el fallecido –amigo suyo de toda la vida- le había informado de la existencia de sobornos pagados por Odebrecht. Incluso trajo a colación una declaración de este último, de febrero de este año ante un tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá, en donde ratificó que nunca tuvo la certeza del pago de coimas por parte de la multinacional.

En el mismo debate, el Fiscal reiteró lo ya advertido en torno a que ha sido esta Fiscalía la más eficiente de los 12 países en donde hubo sobornos de Odebrecht, puesto que con indagaciones propias no solo comprobó lo confesado por esa compañía ante las autoridades norteamericanas, sino que ha ido más allá, descubriendo el triple de las coimas inicialmente aceptadas y poniendo al descubierto las complicidades con altos funcionarios de dos gobiernos, congresistas, contratos de fachada y hasta aportes a campañas presidenciales. Precisamente con base en esa eficiencia de la Fiscalía, fue que Martínez indicó el martes que lejos de haber una labor de ocultamiento del escándalo, lo que se ha logrado es abrir múltiples líneas de investigación y, por lo mismo, oponerse a cualquier posibilidad de un principio de oportunidad -total o parcial- para los directivos de esa multinacional.

Esto último es contrario a lo ocurrido en otras naciones, en donde si bien han caído Presidentes, ex mandatarios y otros altos funcionarios y particulares, todo lo hicieron con base en las confesiones de los 77 directivos de la multinacional, sin ir un centímetro más allá.

De igual manera, Martínez explicó punto por punto sus actuaciones como abogado del Grupo Aval y la forma en que -incluso mediando dos impedimentos solicitados por él y aceptados por la Corte Suprema- se apartó de los procesos en que el consorcio financiero colombiano aparece mencionado, como es el caso de la Ruta del Sol, tramo II, y el acuerdo de transacción firmado con Odebrecht para el tema Episol.

También ahondó sobre su concepto en cuanto a que era viable la adición al contrato madre de la Ruta del Sol tramo II, de otro para la construcción de la vía Ocaña-Gamarra, siempre y cuando este nuevo contrato lo desarrollara un tercero, escogido mediante concurso público privado.

Sin embargo, denunció que se desconoció ese criterio y terminó siendo el contratista madre, con anuencia de la Agencia Nacional de Infraestructura, en cabeza del hoy imputado Luis Fernando Andrade, el que prácticamente se autoadjudicó ese proyecto por $1,2 billones.

La pregunta ahora es una sola: ¿Esos mismos medios de prensa internacional que pusieron contra la pared al Fiscal y solo reflejaron una cara de la moneda, ahora le darán espacio a su defensa y réplicas a las acusaciones de sus críticos? ¿Al menos equilibrarán sus informaciones con el contraste de fuentes básico?

El complot

Y si algo le faltaba a todo este escándalo era precisamente lo que reveló esta semana el Fiscal en el movido debate en la plenaria del Senado, en donde puso al descubierto lo que calificó de “complot” contra él y las investigaciones del caso Odebrecht.

Una “conspiración” con un flanco internacional muy marcado, ya que Martínez reveló un audio -que dijo haber encontrado en una página web- en el que se escucha al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, recomendarle a su primo, Andrade -ex director de la ANI- que “peleara” su proceso en los medios de comunicación porque de lo contario “iba a ser muy jodido”, ya que si lo dejaba solo en los tribunales iba a ser “un lío”.

“Esto no tiene antecedentes, que el Presidente del BID logre inmiscuirse en la justicia de un país miembro”, denunció Martínez, agregando que esta clase de actuaciones tiene implicaciones legales en Estados Unidos y Colombia.

Moreno apenas replicó en un corto comunicado en el que acepta su parentesco con Andrade pero aclara que no interfiere en la justicia colombiana. Pese a la gravedad de la denuncia del Fiscal, Moreno no le respondió directamente. Para algunos la acusación de Martínez al presidente del BID es temeraria; y para otros muestra una ruta imprevista, cuyo hilo ha prometido seguir avanzando.

De igual manera, el jefe del ente acusador indicó que quienes quieren obstaculizar la labor de la Fiscalía en su lucha anticorrupción también estarían moviéndose en Estados Unidos para orquestar una denuncia contra el Fiscal en los estrados norteamericanos.

Reveló que amigos abogados suyos en ese país le indicaron que en esto se han invertido “millones de dólares” y contrataron a un expresidente de la Subcomisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental así como a una exfuncionaria de la CIA y presidenta de una oficina influyente encargada de contactar fiscales y agentes del FBI en Nueva York “para iniciar el proceso de depredación y de persecución de la justicia colombiana por haber osado imputar a un colombiano”. Según el Fiscal, la exfuncionaria de la CIA logró que Pizano, en medio de su desesperación, se reuniera con el FBI el 16 de octubre y entregara grabaciones, pero la gestión no progresó.

Martínez, inclusive, acusó a la esposa de Andrade de estar en los pasillos del Congreso de Estados Unidos con “actitud panfletaria” para dañar la imagen del Fiscal General, al punto de afirmar que a Pizano lo habían asesinado.

También reveló que Andrade le había mandado decir a Pizano que “reaccionara a tiempo” porque si no el Fiscal General lo iba a “perseguir” igual que a él. “A Jorge Enrique, mi amigo, antes de morir lo envenenaron de odio” contra mí, precisó Martínez.

Como se ve, el flanco internacional del escándalo Odebrecht en Colombia sigue moviéndose muy fuerte. En el caso Andrade, por ejemplo, se está pendiente del juicio por el otrosí del contrato en el tramo II de la Ruta del Sol, en tanto hay imputación de otro cargo en relación con un puente del tramo III. Las decisiones en este caso ya le quedarán al fiscal general ad hoc que la Corte Suprema nombrará (de terna enviada en próximos días por el presidente Duque) para encargarse de los tres casos en que Martínez se declaró impedido en 2017 y ahora, también, la vicefiscal María Paulina Riveros, según aceptó esta semana el alto Tribunal.

Por ahora es claro que las investigaciones en Colombia sobre el más grave caso de corrupción en la última década tienen en ascuas al imperio Odebrecht, sobre todo en su acuerdo con Estados Unidos. Si algo ocurre, las implicaciones serían muy grandes.