El descontento de varios sectores por el incumplimiento de lo pactado con gobiernos anteriores se sumó a nuevos conflictos con la actual administración, todo lo cual confluyó en el paro cívico nacional que empezó el 21 de noviembre

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En este año la calle se volvió a hacer sentir. Las manifestaciones sociales que detonaron el 21 de noviembre revelaron un amplio descontento social de diversos sectores que hicieron reflexionar al Gobierno, tanto que el Presidente planteó una “Conversación Nacional” para escuchar a todas las voces y a todos los sectores, buscando solucionar problemas que a su juicio han “envejecido mal”.

La protesta, que no dejó deslegitimar su carácter de pacífica, se hizo escuchar en todos los rincones de Colombia, desde Riohacha en La Guajira, hasta Ipiales en Nariño.

Pero la protesta tuvo este año un elemento adicional: la cacerola, que empezó a sonar en la noche del 21 de noviembre como un movimiento espontáneo de miles de ciudadanos que mostraron su descontento.

Pese a que la mayoría de manifestaciones no fueron violentas, algunas ciudades sufrieron con los vándalos que atacaron los sistemas de transporte masivo de Cali y Bogotá, y protagonizaron saqueos. La situación fue tan dramática que el segundo día de manifestaciones el Gobierno tuvo que decretar el toque de queda en Bogotá, algo que no pasaba desde 1977. Según un reporte de las autoridades dos días después de la primera manifestación hubo más de 100 detenidos, 250 heridos y seis muertos en todo el territorio nacional. Los disturbios también terminaron con más de 341 policías lesionados.

Manifestaciones

En las jornadas que siguieron al 21 de noviembre desembocaron las anteriores manifestaciones, como la de Fecode (Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación), que salió a las calles en febrero, marzo y abril.

Sin contar que en marzo los indígenas del Cauca volvieron a paralizar la vía Panamericana, dejando al sur del país incomunicado por cerca de un mes (exactamente 27 días).

En el acuerdo logrado por la Minga Indígena se destinaron $800.000 millones para atender las necesidades de la comunidad. Sin embargo, varios días después, la visita del presidente Iván Duque no se pudo concretar por diferencias entre las partes.

En septiembre los estudiantes habían salido a marchar por las calles de Bogotá bloqueando lugares importantes como la Calle 100.

Las protestas se extendieron desde el 21 hasta el 29 de noviembre de manera consecutiva y las variadas exigencias de los manifestantes se terminaron consolidando en 13 propuestas de todos los sectores.

En resumen, el pliego de peticiones llevado por el Comité Nacional de Paro al Gobierno incluye el rechazo al proyecto de reforma tributaria que aprobó el Congreso; derogatoria del decreto de Holding Financiero, decreto expedido el 25 de noviembre, cuatro días después de iniciado el paro; derogatoria de la circular número 049, de 2019, sobre estabilidad reforzada, que fue aprobada en septiembre; disolución del Esmad y depuración de la Policía Nacional.

En las solicitudes del Comité también está que el Gobierno se abstenga de tramitar una reforma al sistema pensional, que podría ser presentada en marzo. Además piden que no se realicen reformas laborales y se deroguen cuatro artículos del Plan de Desarrollo. Igualmente los promotores le exigen al Ejecutivo nacional no adelantar ningún proceso de enajenación de bienes y activos con el Estado, así como el cumplimiento de los acuerdos con indígenas, trabajadores estatales, Fecode, sectores campesinos y agrarios, sumado a la implementación de los acuerdos firmados en La Habana. Por último, los manifestantes pidieron la derogatoria del impuesto de Electricaribe y la definición de las políticas ambientales, protección de páramos y demás con los representantes de las organizaciones ambientales.

Conversando

Luego de que el pliego de peticiones estuviera sobre la mesa, el presidente Duque aseguró que el diálogo no se podía hacer con plazos perentorios ni bajo chantaje, que la solución definitiva al problema se debía materializar como producto de la “Conversación Nacional” con cada uno de los sectores involucrados.

El Legislativo también jugó su papel en ayudar a bajar los ánimos. El presidente del Senado, Lidio García, lideró con congresistas opositores e independientes una mesa con los promotores del paro, en donde los parlamentarios se comprometieron a tramitar algunas de las exigencias a través de leyes.

Dos temas han distanciado a Gobierno y Comité de Paro, impidiendo que avance el diálogo. Por una parte, el Ejecutivo pidió traducir los 13 puntos del pliego en acciones concretas. De ese ejercicio salieron 104 propuestas. Aunque eso respondía a una petición expresa de la administración, fue usada para demeritar las intenciones de los voceros sociales y sindicales.

El otro desencuentro ha sido el relacionado con la categorización de la mesa de diálogo. Mientras los impulsores de la protesta buscan una mesa de negociación, el Gobierno quiere que solo sea exploratoria.

Simultáneamente, en respuesta a la “Conversación Nacional”, el Comité Nacional de Paro manifestó que una cosa era el diálogo sobre el pliego de peticiones y otra el intercambio de propuestas sobre otros temas. En ese contexto, el Comité planteó que se converse sobre la posibilidad de retomar el diálogo con el Eln, revisar los TLC, retirarse de la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico (OCDE), prohibir el fracking y dejar de fumigar con glifosato.

Aunque estos temas no son parte de los 13 puntos del pliego (que tampoco se ha ampliado a 104 puntos), el delegado de Duque para el diálogo con el Comité, Diego Molano, aseguró que “no se puede entrar a negociar el Estado”.

Tras las manifestaciones masivas, cuya última gran aglomeración fue el concierto por la paz que ocupó la mayoría de las calles de la capital el pasado 8 de diciembre, la protesta, con la llegada de la navidad entró en receso. Se espera que con el nuevo año vuelvan las protestas a las calles, como lo han advertido varios de los líderes del paro.