AHORA QUE la reforma pensional llegó a la Cámara de Representantes, hay voces que piden que el Ministerio de Hacienda presente un nuevo estudio de impacto fiscal, pues el que hizo llegar cuando el proyecto se tramitó en el Senado, no reflejaría los costos reales porque después esta Corporación redujo de 3 a 2,3 salarios mínimos el umbral de los trabajadores que estarán obligados a cotizar en Colpensiones.

Este es un elemento de la mayor importancia, como fue recientemente ratificado por el fallo de la Corte Constitucional que tumbó la Ley 2281 de 2023 en la que se dio vida al Ministerio de Igualdad y Equidad, por iniciativa de la Administración de Gustavo Petro y que está a cargo de la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, por vicios de trámite como fue el no contar con el estudio del impacto fiscal que significa la creación de esa cartera.

La Ley 819 de 2003, por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal, establece que “en todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo”.

Agrega la norma que “para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo”.

Fija también esta Ley que “el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en cualquier tiempo durante el respectivo trámite en el Congreso de la República, deberá rendir su concepto frente a la consistencia de lo dispuesto en el inciso anterior. En ningún caso este concepto podrá ir en contravía del Marco Fiscal de Mediano Plazo”.

La senadora Beatriz Ríos Cuéllar, del Partido Colombia Justa Libres, dijo a EL NUEVO SIGLO sobre el particular que “frente al concepto de impacto fiscal, el mismo indica viabilidad en el corto plazo, y lo más delicado, y fue parte de mi ponencia de archivo, para el 2070 el sistema pensional ocasionará una crisis sin precedentes para las finanzas públicas afectando a los jóvenes hoy que en serán futuros pensionados”.

La Congresista añadió que “la modificación del umbral que tuvo la reforma durante el segundo debate representa menos del 5 % de los flujos de aportes del sistema pensional, en cualquier caso es muy importante que el Gobierno articule a Colpensiones, Ministerio de Hacienda y Ministerio del Trabajo para ver los impactos del ajuste, especialmente en el pilar semicontributivo donde se encuentran los trabajadores cotizantes más vulnerables y cualquier cambio en las rentas vitalicias que no son una pensión, los perjudicará”.

La senadora Ríos Cuéllar considera que “es importante que el Gobierno se pronuncie sobre las modificaciones que se introdujeron y tendrán consecuencias fiscales. Sin contar que se introdujo un nuevo régimen especial que no contempla nuestra Constitución frente a las funciones del Banco de la República, aumentando lo que he indicado desde el día uno, el proyecto tiene errores de diseño que lo hacen inconstitucional. En consecuencia, es esperable el rechazo de muchas de las disposiciones de la iniciativa legislativa por los representantes y posteriormente, por la Corte Constitucional”.

A su turno el representante Víctor Manuel Salcedo, del Partido de La U, quien es integrante de la Comisión Séptima, a donde llegó la reforma pensional para el tercer debate, dijo a este Medio que “le he pedido a la presidenta de la Comisión Séptima (María Eugenia Lopera Monsalve), lo mismo que a la ministra (Trabajo, Gloria Ramírez), queremos que el ministro de Hacienda (Ricardo Bonilla) participe de la discusión la próxima semana”.

Indicó el parlamentario vallecaucano que “hay que pedir un concepto fiscal, la viabilidad, la sostenibilidad fiscal”.

Mientras que el representante por Norte de Santander, Juan Corzo Álvarez, quien también hace parte de la Comisión Séptima, dijo a este Periódico que “sin duda alguna considero que sí se debe presentar un nuevo informe de impacto fiscal porque ha habido cambios muy grandes en el trámite de la reforma. De los 94 artículos, 31 fueron modificados y son artículos que sin duda alguna cambian la estructura del proyecto, todo el tema del fondo ahorro, la distribución de las cotizaciones, hubo cambios en el fondo solidario, el tema del seguro de invalidez de sobrevivencia, la inversión de los recursos”.

Reiteró el parlamentario del Centro Democrático que “ha habido cambios muy trascendentales de cómo entró, de todo el trabajo que se hizo en el Senado, entonces sin duda alguna considero que sí es necesario un nuevo estudio de impacto fiscal.

Mientras que la senadora Berenice Bedoya Pérez, de la coalición Alianza Verde y Centro Esperanza, le dijo a este Diario que “creería que con el aval fiscal que tiene, que se le dio desde el inicio, no hay necesidad de que presenten otro porque de igual forma el 2,3 abarca ese aval fiscal”.

Hay que actualizar estudio

Por otra parte, un analista gremial que ha seguido de cerca el trámite de esta iniciativa desde que se radicó en marzo del 2023, le dijo a este Medio off the record que el estudio de impacto fiscal debía “actualizarse”, ya que el articulado que llegó a la Comisión Séptima de la Cámara es muy distinto al que se comenzó a analizar en la misma célula del Senado y “… luego hubo cambios de fondo en la plenaria…”.

Agregó que “… La estructura de pilares quedó muy parecida, pero hay asuntos que sí impactan las fuentes de ingreso y egreso presupuestal, especialmente por los cambios en el umbral de cotización para Colpensiones (que pasó de tres salarios mínimos a 2,3 en la plenaria), la creación del fondo-cuenta en el Banco de la República (lo que implica que los recursos ya no los manejarán Colpensiones y la Nación, incluso debe girarle a ese fondo, asunto que hay que provisionar), una adenda de última hora sobre beneficios a campesinos, indígenas y otras minorías…”.

Dijo también el analista gremial que “hay impactos presupuestales allí que no estaban contemplados en el primer estimativo hecho por el Minhacienda, sobre todo porque hubo cambios fuertes en los últimos dos días en la plenaria”.

Puntualizó que el “aval fiscal” tiene una complejidad que “va más allá de un estimativo matemático… Debe aplicarse objetivamente a los criterios del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) y del Consejo de Política Fiscal (Confis)… Mire lo que acaba de pasar, aunque no se trata de un tema que se pueda equiparar, con la sentencia de la Corte (Constitucional) que derogó la ley que creó el Ministerio de Igualdad a partir de 2026… La principal causa fue que no se adjuntó el estudio de impacto fiscal preciso y detallado, acorde con el MFMP y el Confis”.

¿Qué pasó con la iniciativa de salud?

En el trámite de la fallida reforma a la salud la falta del estudio fiscal por parte del Ministerio de Hacienda fue un cuello de botella en los tres debates que alcanzó a tener el proyecto, al punto que fue uno de las ocho razones que esgrimieron los ocho senadores que firmaron la ponencia de archivo.

En esa oportunidad, el Ministerio hizo llegar ayer al Congreso un cálculo, o escenario de factibilidad, de lo que costaría la polémica reforma de salud, pero no el estudio de impacto fiscal, en el cual dijo que en 2024 valdría $929 000 millones, y sin la misma los gastos del sector alcanzan los $91,3 billones.