Una gran controversia entre concejales, sectores políticos y gremios generó la expedición por decreto del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá que hizo la alcaldesa Claudia López, después de que se agotaran los términos para que lo aprobara el Concejo. Sobre su aplicación queda un signo de interrogación pues se anuncian demandas por presuntas ilegalidades en su trámite.

Incluso si no prosperara alguna de esas acciones, el desarrollo del POT estaría marcado por controversias ante la falta de consensos políticos frente a sus alcances, que llevaron a que tras una larga discusión el Concejo no tomara una decisión, ya sea aprobándolo o hundiéndolo, pues el debate se dio en medio de recusaciones e impedimentos que se comieron el tiempo.

Pocas horas después de ser expedido, se anunciaron las primeras demandas contra el nuevo POT de la capital de la República, que reemplaza al primero que tuvo la ciudad, aprobado en el 2004.

La Ley 388 de 1997 creó el POT como el instrumento básico para desarrollar el proceso de ordenamiento del territorio en municipios y distritos con más de 100 mil habitantes.

La norma establece que el POT tiene una vigencia de 12 años. Los primeros fueron expedidos entre 2000 y 2003, pero más del 80% de las entidades territoriales no lo renovaron en el momento que tocaba, y lo han venido haciendo del 2016 para acá.

Bogotá es una de las ciudades que más ha demorado la actualización del POT. El Concejo hundió los proyectos de Acuerdo en ese sentido que presentaron las administraciones de Gustavo Petro y Enrique Peñalosa. 

En el caso de Petro adoptó el POT mediante el Decreto 364 del 26 de agosto de 2013; sin embargo, el Consejo de Estado suspendió su aplicación, como medida cautelar, al resolver varias demandas fundamentadas en que el entonces Alcalde no estaría facultado para tomar esta determinación.

Luego, en 2019 un juez declaró nulo el POT adoptado por Petro por decreto, al considerar que extralimitó sus competencias.

“Resulta evidente que el proyecto de POT fue negado en la sesión del 7 de junio del 2013 por 9 votos a favor y 6 en contra. Y que si bien se sometió a reconsideración la decisión en sesión del 9 de junio del 2013, esta fue extemporánea”, dice el fallo.

Agregó la juez que “se concluye que el cargo de falta de competencia para la expedición del Decreto 364 del 26 de agosto del 2013 prospera, toda vez que quedó probado que el Alcalde Mayor de Bogotá se extralimitó en sus competencias y, en consecuencia, asumió una facultad que le correspondía privativamente al Concejo Distrital”.

En el caso del entonces alcalde Peñalosa, tras el hundimiento del proyecto que llevó al Concejo optó por dejar que la siguiente administración presentara uno nuevo pues, dijo, rehacerlo con las modificaciones que le hizo el Cabildo, y luego socializarlo, podría tomar más de tres años.

Las demandas 

El concejal de Bogotá Rolando González vaticinó que “será el POT con mayor número de demandas en la historia”.

Por su lado, está preparando una demanda sustentada en que la junta de la CAR no habría autorizado a su director, Fernando Sanabria, para que expidiera la concertación en el plan de manejo ambiental de la Reserva Van der Hammen, necesario para la extensión de la ALO Norte, que no fue incluida en el POT.

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Por su parte, el excandidato a la Alcaldía de Bogotá y hoy cabeza de lista al Senado del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, anunció que “el POT de Claudia López, expedido por decreto, además de inconveniente es ilegal. Voy a demandarlo. Espero que los jueces hagan justicia y protejan a los bogotanos”.

Mientras que la concejal Lucía Bastidas anunció que lanzó una convocatoria a los ciudadanos para demandar el POT. “Los estoy llamando a que se sumen y que unamos voces y hagamos una demanda de inconstitucionalidad del POT”, dijo.

De igual forma, el concejal Emel Rojas radicó ante la plenaria del Concejo “una citación de control político para que la Alcaldía le dé la cara a la ciudad por la expedición del POT por decreto. Haremos respetar la ciudadanía, ejerceremos control y promoveremos las mociones necesarias”.

De otro lado, los gremios siguieron pronunciándose ayer a la expedición por decreto del POT. El presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, dijo que "teníamos muchísimas observaciones y al salir por decreto, evidentemente se limitó cualquier posibilidad de discusión o participación en la decisión final".

El directivo criticó del POT que, por ejemplo, otorga la posibilidad que mediante reglamentación “las diferentes administraciones de aquí en adelante puedan ir cambiando el uso del suelo, es decir que se abre la posibilidad de uso mixto para las zonas que actualmente son industriales". 

En tanto que la presidenta de ProBogotá, María Carolina Castillo, indicó que  haber adoptado el POT por decreto fue decirles a los ciudadanos que sus observaciones, cercanas a las 37 mil, “no son relevantes”.

Agregó la Directiva de esta fundación que “excluyó a la ciudadanía de la conversación sobre el ordenamiento territorial y adoptó el texto que fue radicado el 10 de septiembre,  el cual desde ProBogotá hemos señalado que tiene problemas técnicos enormes que generarán un gran impacto negativo en la calidad de vida de los bogotanos”.

El primero de ellos, explicó, “la movilidad. No se resuelve el tema de la disminución de perfiles viales; no se resuelve la conectividad de la ciudad hacia el norte condenando a los bogotanos a vivir en el trancón; no se resuelve el tema del suelo de expansión para garantizar que el millón 67 mil familias, que se crearán en los próximos dos años en la ciudad, encontrarán en Bogotá una solución habitacional digna, en unas condiciones de conectividad con los servicios urbanos, cerca a su trabajo, a su colegio y a sus actividades diarias”.

López se defiende 

Por su parte, la alcaldesa Claudia López destacó que “Bogotá por fin tiene un nuevo POT que durante los próximos 15 años organiza la ciudad, la mejora y define cómo queremos vivir nuestro presente y futuro. Hemos pagado caro llevar 10 años con un POT vencido”.

Explicó la Mandataria distrital que pesaron sobre Bogotá tres contingencias que hacían de la adopción de un nuevo POT un asunto inaplazable. 

La primera, de carácter judicial, exigía al Distrito modificar su Plan de Ordenamiento para conformarlo con las disposiciones del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá adoptado por parte de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR). 

“Las otras dos, relacionadas con nuestra supervivencia, exigían una respuesta, con sentido de urgencia, para corregir el rumbo de una ciudad que nos dejó ver sus límites en 2020 y 2021, en un planeta en vilo por los efectos del cambio climático y en medio de un desastre económico y social que nos deja la pandemia de covid-19”, expresó.

López, en declaraciones a Caracol Noticias, justificó su decisión de expedir el POT por decreto.

Dijo que las modificaciones al POT “las podía hacer el Concejo, pero el Concejo no se pronunció. El Concejo no hizo su trabajo, durante 90 días ellos tenían la oportunidad de tomar la decisión. Los concejales no lo hicieron, como no lo hacen y una ciudad no se puede quedar sin plan, sin norte, sin obras. La ley dice que, si los concejales no toman la decisión, la Alcaldía toma su decisión”.