En mi visión del nuevo control fiscal, los ciudadanos son los principales aliados de la Contraloría y deben ser el apoyo constante en la gestión que realizaré, para asegurar su éxito. Por eso, al realizar un rápido balance de esta primera etapa de mi desempeño, que es solo el inicio, no me canso de señalar lo importantes que son las veedurías ciudadanas.
Durante mis 100 primeros días de gestión, se logró construir un plan estratégico participativo, fundado en cinco líneas con la finalidad de lograr “una Contraloría con independencia para el Cambio”, a saber : (i) Incrementar la confianza y credibilidad, a través de servidores públicos competentes y altamente especializados, (ii) La transformación de la gestión pública hacia la equidad, igualdad y el enfoque diferencial, (iii) Avanzar en procesos misionales con el fin de obtener el resarcimiento del daño en forma al patrimonio público, ( iv) Fortalecer la vigilancia y el control fiscal agregando valor a la gestión Estatal en asuntos estratégicos para el país, (v) Desarrollar y fortalecer las capacidades para la trasformación digital.
Paralelamente, en estos primeros meses al frente de la entidad, he tenido entre mis propósitos fortalecer a las contralorías departamentales, convencido de que el control fiscal debe ejercerse desde las regiones, visitándolas y conociendo de primera mano cómo se están invirtiendo los recursos asignados.
Otra línea de trabajo que puse en marcha desde mi primer día como Contralor, en asuntos de impacto nacional, es optimizar el resarcimiento al daño del patrimonio del estado colombiano. En este periodo se logró el resarcimiento del daño al patrimonio público superior a los $ 308.129 millones que corresponde a: recaudo de cobro coactivo ($204.908 millones), resarcimiento en responsabilidad fiscal ($13.285 millones) y títulos de depósito judicial en trámite de redención ($89.936 millones).
Solamente en el segundo semestre de 2022 se liberaron más de 200 actuaciones de vigilancia fiscal, donde se pudieron detectar presuntos hallazgos fiscales por un total de $133.800 millones. Hemos puesto la lupa a procedimientos de entidades como la Sociedad de Activos Especiales, donde ya es de público conocimiento todas las irregularidades que hemos encontrado. En los próximos días le entregaré al presidente Petro, una base de datos sobre estos inmuebles y recomendaré monetizar los 28.000 bienes que tiene registrados. Sin duda, estos recursos cubrirían, por lo menos, dos reformas tributarias.
Hemos anunciado a la opinión pública varios hechos que siguen siendo objeto de investigación por parte de nuestros equipos, como el seguimiento a Hidroituango, que ya cuesta el doble de lo inicialmente proyectado y ha puesto en riesgo el capital de Empresas Públicas de Medellín, al no contar con la póliza “Todo riesgo construcción”. Igualmente, tenemos en el radar 115 proyectos que suman $1.4 billones, aprobados por el OCAD paz, financiados con recursos de regalías, que también hacen parte de esos temas que me preocupan: ya en 15 de ellos tenemos actuaciones especiales.
Hace pocos días, dimos un paso trascendental. Logré firmar una resolución que nos permite levantar el velo corporativo, una medida de la mayor importancia, que nos facilitará recuperar recursos que son del Estado.
El velo corporativo, es una especie de protección que tienen los miembros de una sociedad, accionistas o administradores, que dificulta la revisión de su participación o de sus propiedades por parte de las autoridades, incluyendo a la Contraloría. Esto permite que por medio de otras empresas socias o inclusive a través de contratos, desvíen recursos que originalmente son públicos. Es una figura legal, de la que se valen para evadir responsabilidades. Es por eso, que en días pasados estuve en Washington, donde me reuní con los representantes del Departamento de Estado y el de Justicia de los Estados Unidos, teniendo en cuenta que muchos bienes o recursos obtenidos indebidamente, no los invierten en el país, sino en el exterior. Lo que haremos será un cruce efectivo de información, que nos deje acceder a esos recursos que defraudaron para poderlos recuperar.
Para la vigencia 2023 hemos definido 12 temas de gran interés nacional dentro de los cuales podemos destacar la estacionalidad de los recursos, entendida como la no utilización oportuna de los mismos; los pagos del Estado cuando no hay de por medio un seguro para el cubrimiento en accidentes de tránsito (SOAT) y realizar seguimiento a los recursos asignados en el acuerdo de Paz, asignados a los municipios PDET entre otros.
Durante los tres años y nueve meses próximos, me centraré, además, en el programa Compromiso Colombia, que se adelanta de la mano de los tres niveles de gobierno: el central, el departamental y el municipal, con el fin de recuperar obras que se encuentran descuidadas, abandonadas o aquellas a las que se les destinó presupuesto y no se ejecutaron.
*Contralor General de la República