La tormenta Odebrecht que envuelve al país ha dejado claro que la mencionada compañía brasilera es campeona de corrupción en América, de conformidad con las solicitudes judiciales de 12 países del continente.  

Avanzar investigaciones por sobornos a funcionarios estatales y privados, de acuerdo con el ventilador de incriminados, obliga a Colombia a intensificar trabajo efectivo y limpio y, no esperar a terminar obras físicas dentro de dos o tres años.

Aunque el soborno activó corrupción, con el combustible de dinero y prebendas, no se puede desconocer que ahora la llama judicial, salta sobre crímenes de lesa humanidad, financiados desde el siglo pasado, en algunas regiones dominadas por capitales agrícolas y comerciales con destino al paramilitarismo. Se sabía. Eso estaba callado y hasta escondido.

Fue efecto de la economía disfrazada haciendo justicia por su propia mano. Y como delito es delito, así fuese inversión para erradicar guerrillas y secuestro, se reflejará en breve, con aplicación de justicia desde las Cortes y la Fiscalía, conocedoras de la materia.   

Son dos trasfondos similares en el escenario de investigación, a política, estado, sector privado, narcotráfico y paramilitarismo, en un solo vértice.

La ejecución contra responsables, ojalá se dirija sin presión gubernamental para garantizar que la limpieza, no excluye apellidos, o supuestos ideales de partidos, con más oportunismo que resultados. 

En consecuencia, la continuación de obras de desarrollo no puede suspenderse y menos posponerse. Golpearía empleo de 5 mil personas, en regiones cruzadas por la Ruta del Sol, al igual que la rehabilitación del rio Magdalena, según expertos en infraestructura.

Llegar a esa instancia es ratificar que los Gobiernos, durante décadas, han caído en el vicio del aplazamiento que soslaya expectativas ciudadanas.   

La Ruta del Sol está avanzada en más del 50 por ciento y la recuperación del río Magdalena, supera el 60. Ambas podrán culminar a fin de 2017, agrega la ingeniería especializada.

Gobierno, Congreso y organismos de control fiscal están obligados a aplicar trabajo conforme la Ley para articular financiación y nueva contratación, con reconocida honorabilidad de constructoras en proyectos que hacen parte de paz y posconflicto, el objetivo actual en el país.    

El enredo jurídico de lo investigado con lo aplazado prendería la llama para choque caliente entre candidatos, incluidas denuncias de que Odebrechet tocó más bolsillos a fondo. Un episodio inaguantable para la ciudadanía que rechazará el circo electoral 2.018.                                 

El ideal debe ser acelerar todo con anticorrupción, sin apagar desarrollo, inversión, empleo y producción, para evitar el frenazo por estar juzgando corruptos.