La emergencia declarada por la Corte Constitucional para que empresarios privados paguen a Colpensiones 600 mil millones de pesos de deuda por aportes pensionales, con plazo de seis meses, es llamado urgente para evitar hueco en finanzas nacionales y caos, en el compromiso de economía social.    

La precaria respuesta de los deudores, desde antes de 1993, obliga a Colpensiones a encontrar la estrategia para captar recursos morosos. Muchos de esos deudores fallecieron; en otros casos, las empresas desaparecieron.

A la vista quedó, además del incumplimiento de empresarios de la época, el cierre en desorden del antiguo Instituto de Seguros Sociales, con no poca corrupción encontrada, detrás de la asignación pensional y desaparición de historias laborales.

Una reforma pensional será válida, con proyección a 2018; sin embargo, ahora hacerla a las carreras aceleraría reventón en el bolsillo ciudadano. Primero, cubrir parte del faltante requerido y, luego ajustar el sistema.

El derecho reclamado es de 27 mil 500 ciudadanos, sacrificados hoy, por la pésima y acelerada liquidación, del nunca bien recordado Instituto, que era                                              bandera politiquera.

Colpensiones está urgida de aplicar mecanismos de seguridad y protección de recursos, luego de los fraudes detectados hace dos semanas.

Preocupante el hallazgo ahora, con filtración de equipos y alteración contable, para crear pensiones o aumento de cifras en favor de 174 personas.

Está por aclararse si las 11 personas detenidas y a órdenes de la justicia tienen información de más valor sobre distintas formas del delito que se presume, cometieron dentro de la Administradora o filtraron desde afuera.

Amparar a Colpensiones es proteger a 6 millones 500 mil personas, hombres y mujeres reconocidos como pensionados por esta administradora.

Había 300 mil solicitudes de pensión a febrero de 2017. Los pagos de la entidad, corresponden al 91 por ciento de pensionados en el país.

A última hora se lograron esfuerzos, dice Colpensiones, al agilizar tiempo de respuesta a solicitantes de pensión. Pasaron de cuatro meses, a un mes, en procura de eficiencia.

La emergencia plantea, sin demoras, varias rutas: alcanzar recaudo de la deuda en el porcentaje más alto que se pueda si hay favorable reacción de los deudores; otra, si la Constitución lo permite, con aval de Gobierno, gestionar un crédito externo, o acudir a un - pool crediticio de bancos- por emergencia humanitaria.

La tercera, blindar la entidad, contra falsificadores y piratas informáticos que rondan donde huelen dinero.   

Es necesario frente de seguridad, con Fiscalía y Contraloría, para salvar el sistema y evitar estallido en la economía social.