La dictadura fiscal
Aunque resulte repetitivo, me veo en la penosa necesidad de volver sobre un tema que se ha vuelto recurrente: la sostenibilidad fiscal. Cursa en el Congreso de la República en este momento, y está a punto de aprobarse, el Proyecto de ley 139 Senado, el cual se propone desarrollar el artículo 334 de la Constitución, el cual a su vez fue reformado recientemente mediante el Acto legislativo 03 de 2011 para introducir el “criterio” de la Sostenibilidad fiscal y el “Incidente de impacto fiscal” para hacerlo valer.
Ya habíamos advertido sobre la amenaza que se cernía con esta reforma de la Carta. El Proyecto es categórico en que el recurso del “incidente de impacto fiscal” procederá “respecto de todas las providencias de las máximas corporaciones judiciales, incluidas las de tutela”.
La verdad sea dicha, lo que busca el Gobierno con esta medida es impedir que se puedan proferir fallos como el de Tutela de la Corte Constitucional que obligó al Gobierno a unificar POS del régimen subsidiado con el del régimen contributivo, lo que era de elemental justicia, o la sentencia de la misma Corte que obligó al Gobierno a apropiar los recursos en el Presupuesto General de la Nación para prestarle la debida atención a la población desplazada, al considerar que al no contemplarlos el dantesco cuadro de abandono de la misma constituía “un estado de cosas inconstitucional”. De prosperar esta iniciativa se entronizará irremediablemente una abominable dictadura fiscal.
Pero, como dice una de las leyes de Murphy, todo aquello que anda mal es susceptible de empeorar. Y este es el caso, a la amenaza para el goce efectivo de los derechos fundamentales que de por sí entraña la Sostenibilidad fiscal y toda su utilería, ahora que se tramita esta Ley le colgaron en la plenaria del Senado un articulejo que los haría nugatorios. Según este será el Ministro de Hacienda, y no los jueces y magistrados, quien tendrá la última palabra en el momento de decidir sobre el cumplimiento de los fallos y sentencias que ellos profieran.
Así las cosas, el poder judicial quedaría convertido en apéndice del ejecutivo, con grave quebrantamiento del Estado Social de Derecho, que es la médula espinal de nuestra Constitución Política, la que hace de ella una Constitución garantista de la que tanto nos preciamos.