El arbolito de Navidad
Como era de esperarse, las comisiones quintas de Senado y Cámara de Representantes conjuntamente, dado que contaban con mensaje de urgencia de parte del ejecutivo, impartieron su aprobación en volandas, en jornadas contrarreloj, al proyecto de ley presentado por el Gobierno, mediante el cual se reglamenta y desarrolla el Acto legislativo 05 de 2011. Nos referimos a la reforma del régimen de regalías, mediante la cual se crearon siete fondos de destinación de los recursos provenientes de las regalías y ahora en la Ley se añaden dos más, un porcentaje del 2% para la administración del Sistema General de Regalías (SGR) y otro 1% para el manejo del Sistema de Monitoreo, Vigilancia, Control y Evaluación (Smvce).
Sumados representan un 55%; de modo que los recursos para inversión de los fondos de compensación regional y de desarrollo regional quedan reducidos a sólo el 36% de la totalidad de los recursos provenientes de las regalías, es decir, $ 3.6 billones, si nos atenemos a las proyecciones del Gobierno que cifran en $ 10 billones el monto promedio de las regalías que se espera recibir en los próximos diez años.
Una de las críticas más recurrentes que se hacía al sistema actual como operan las regalías era su atomización en múltiples objetivos, lo cual impide que se concentren sus recursos en proyectos de gran impacto; pues, con el nuevo esquema se incurre en lo mismo, al difuminarlos en más de diecinueve objetivos según su distribución porcentual. Ello explica que la aprobación de este proyecto se haya convertido en una rebatiña, en la que cada uno de los participantes en el debate busca sacar su propia tajada y de allí que el texto aprobado más parece un arbolito de Navidad, con toda clase de colgandejos.
Nos hemos preguntado hasta dónde se justifica que el Gobierno Central se quede con un 2% de las regalías dizque para la administración del SGR si esa es una de sus funciones inherentes. Nos asalta también la duda sobre el rol del Gobierno cuando maneja el Smvce, si acaso no está suplantando a los organismos de control invadiendo la órbita de sus competencias. Aquí estamos ante un caso evidente de paralelismo y de duplicación de funciones, que no creo congenie con las normas de Buen Gobierno, paradigma de la administración Santos.