Recientemente se celebraron las convenciones gremiales de la Andi y la Asociación Bancaria. En ambas el tema principal fue, por supuesto, la reforma tributaria. Los empresarios manifestaron una disposición especial, como lo habían hecho desde que se anunció y antes de que saliera el proyecto, de cooperar con el gobierno con el propósito de que la reforma sea sensata, no afecte la propiedad privada, ni el desarrollo empresarial. ni impida la inversión extranjera, aunque les toque pagar más impuestos.

¿A cambio de qué? De nada. Es solamente un interés patriótico. Pero yo pienso, como lo he sugerido desde hace tiempo, que los empresarios deberían exigir al gobierno que retire el proyecto del Acuerdo de Escazú. ¿Por qué? Voy a resumir, por última vez, mi opinión sobre tal proyecto, presentado con bombos y platillos al Congreso enmermelado con ponencia del mamerto Iván Cepeda y aprobado en el Senado a los dos días de posesionarse los nuevos y sin haberlo leído.

Es un farragoso documento redactado por los economistas de la Cepal sin técnica internacional alguna con una extensión de 7.700 palabras, es decir, trece veces el tamaño de este artículo que usted está leyendo. Se basa en doce “principios” entre los que se incluyen los “de no regresión y de progresividad; y de equidad intergeneracional”, cualquier cosa que esas generalidades quieran decir. 

Las Partes se comprometen a “garantizar el derecho del público de acceder a la información ambiental que está en su poder, bajo su control o custodia”, a menos que suministrar la información afecte el medio ambiente (?) o genere un riesgo de daño significativo a la ley (?). Habrá “uno o más órganos o instituciones imparciales y con autonomía e independencia, con el objeto de promover la transparencia en el acceso a la información”, la que, además, se deberá difundir y publicar cada cinco años. “Cada Parte deberá asegurar el derecho de participación del público y, para ello, se compromete a implementar una participación abierta e inclusiva en los procesos de toma de decisiones ambientales” y “garantizará el derecho a acceder a la justicia en asuntos ambientales” para lo cual “contará con órganos estatales competentes con acceso a conocimientos especializados en materia ambiental” que pueden ser hasta tribunales internacionales. 

Proteger a los autodenominados ambientalistas, que no los persigue el Estado sino narcos y explotadores de minas ilegales, no es el propósito principal del Acuerdo.

¿Quién es el público? “Por ‘público’ se entiende una o varias personas físicas o jurídicas y las asociaciones, organizaciones o grupos constituidos por esas personas, que…están sujetos a la jurisdicción nacional del Estado Parte”, es decir, todo el mundo. En resumen, cualquier persona puede solicitar información sobre cualquier obra que considere que afecta el medio ambiente y llevar a su suspensión. En Méjico tienen parado el “Tren Maya”, un proyecto de 1.554 kms. Lo mismo le puede pasar a Petro con sus proyectos férreos.

En Colombia tenemos el ANLA y el Invima que obstruyen cuanto pueden. El Invima no permitió la fabricación de respiradores, pero dejó importar unos que no sirvieron.

La izquierda quiere, a través de un sistema especial de justicia (¡otro!) como la JEP, hacerse al control de toda obra pública o privada con argumentos ambientalistas, para manejar todo, como lo hacen con la justicia y la educación. 

Aquí ya tenemos bastantes normas para proteger el medio ambiente. Hay que aplicarlas. Especialmente en los casos de deforestación y minería ilegal. Y también en los derrames de petróleo que provocan los ladrones y las voladuras de oleoductos de nuestros nuevos amigos: el Eln. ¡Pilas, empresarios!