La avalancha corrupta provocada por Odebrechet, despertó y comprometió al Gobierno Nacional a prender motores contra la crecida práctica delictiva en toda la economía nacional. Lo hizo un mes después del estallido.  

Con base en ocho puntos de la estrategia anunciada por el presidente Santos, se espera la guerra para frenar el avance “de esta lacra que ha penetrado el país”, según afirmó.

No queda otra cosa que mirar de puertas para adentro, algunos despachos públicos, a donde hay que ir con -careta y oxígeno-  ante el tamaño de la corrupción; llevan décadas con generaciones completas, conviviendo en actividades nacionales y en relación con extranjeras.

La corrupción es madre de la politiquería, incrustada en algunos sectores privados, saturados de intermediarios.

Quienes tanto hablan de transparencia, mienten, cuando se requiere selección de personas para nombramientos o hacer transacciones financieras con el Estado.

Esa “lacra”, como la llama Santos, pasa saliva cuando mencionan dólares y euros. Es una de las grandes verdades que tendrá que manejar la Dirección de Investigaciones Judiciales de Policía, - Dijin-  que se facultará para vigilar compras y convocatorias públicas.  

No se desconoce que puede ser efectivo el seguimiento a contratos estatales con privados, a cargo de Superintendencias como Financiera, Servicios Públicos, Sociedades y de Industria y Comercio. Son organismos con pericia                                                      en control de calidad, precios y legalidad competitiva.

La estrategia puede acertar si hay creación del Tribunal de Justicia Anticorrupción, a cargo de la Fiscalía General. Ojalá con jueces de experiencia y hoja limpia.

Agrega educación cívica de regreso a planteles educativos. Aportará algo tangible, si hay contenidos que destaquen Dignidad, Honradez y Verdad, como valores humanos para nuevas generaciones.

Tanto como respeto a lugares públicos y privados, sin rayones, ni grafitis, que algunos confunden con arte y protesta.

Y propone el Gobierno incluir la bancarización en el trámite de contratos estatales a particulares, el seguimiento a dineros asignados a campañas electorales, y la inversión de cada candidatura. Eso requiere ojos bien abiertos.

Destacable sí, la Ley de Protección para denunciantes de corrupción, Otro filo caliente para el delito. 

Los focos para esta campaña tienen rayos politiqueros que obstruyen el panorama. Son la misma familia. Mejor, agregar puntos anticorrupción a la Reforma Electoral en camino, si la hay.

Gobierno y Congreso no pueden dilatar el trámite al respecto y, menos, al llegar el semestre preelectoral. Se espera partidos organizados, con propuestas concretas para la Colombia de hoy, sin altavoz de ofensas entre candidatos.

Por todo esto, es batalla tardía, dejaron lo prioritario de último.