Todos los jueces, a distintos niveles, deben ser independientes, imparciales, íntegros, decidir en justicia sin dejarse influenciar por factores ajenos al derecho. Las entidades y personas encargadas de elaborar las ternas para cubrir las vacantes en la Corte Constitucional tienen la obligación de integrarlas con juristas que cumplan con los requisitos de solvencia moral y profesional.

En las Cortes no caben bloques, cada juez falla en derecho, a conciencia, así las sentencias produzcan consecuencias sociales. Si se tramita una reforma judicial sus pilares serán los mismos, preocupan las noticias acerca de que se tendrá en cuenta lo referente a supuestos políticos al seleccionar a los aspirantes a estas magistraturas.

Por cooptación, después del holocausto de noviembre de 1985, de la inmolación de ilustres compatriotas, se reintegró la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y sus miembros adelantamos, con todos los integrantes de la corporación pertenecientes a otras salas, el difícil proceso de reconstrucción del máximo organismo judicial. Fue notoria la colaboración de las ramas legislativa y ejecutiva del poder. Solidariamente enfrentamos la violencia desatada desde distintos frentes en medio de las emergencias declaradas por la toma del palacio de Justicia y la ocasionada por la erupción del volcán Nevado del Ruiz que sepultó Armero, Chinchiná y Villa María, donde murieron más de veintinueve mil personas.

Ahora somos víctimas del Covid-19 y compete a la Corte Constitucional el análisis, además de las demandas de constitucionalidad, la revisión obligatoria de los decretos legislativos expedidos en uso de facultades extraordinarias por el presidente de la República, trabajo que viene desarrollando el alto tribunal. Tras el debate previo algunas decisiones no han sido unánimes, pero de ello no puede desprenderse la aseveración de aprobación de las mismas con criterio político.

Esperamos que sea en derecho como el Senado llene las vacantes en dicha Corte; necesitamos superar la pandemia, preservar la estructura del Estado y garantizar la excelencia en la administración de Justicia, objetivo incluido en lo alto de la pirámide constitucional.