CAMILO HERRERA MORA | El Nuevo Siglo
Sábado, 12 de Mayo de 2012

Nueva institucionalidad económica

 

En el país se están dando cambios en la institucionalidad económica y no nos hemos dado cuenta. Durante años el Banco de la República luchó por su independencia y sólo hasta 1993 la logró, causando variaciones fundamentales en la economía: disminuyó la inflación, se fortaleció la moneda y reducimos el costo de la deuda.

En este mismo sentido, han surgido por lo menos dos nuevas instituciones económicas en los últimos meses que han pasado inadvertidas, pero tienen poderes fundamentales.

La primera es el Comité Consultivo sobre la Regla Fiscal. Quizá su complejo nombre y condición técnica distancia a la opinión pública de su rol. Básicamente es un Comité compuesto por 20 expertos independientes que le dirán al Gobierno, en particular al Ministro de Hacienda, cuál debe ser el déficit del Gobierno Central; en otras, palabras le dirán al Gobierno hasta dónde se puede endeudar, cuándo gastar de más y cuándo ahorrar, siendo algo así como el regulador del gasto público; es algo parecido al estudio que hacen los bancos para dar tarjetas de crédito: según su capacidad usted tiene un cupo y una tasa que cambia cada mes, y el uso de ese cupo es decisión suya pero no el monto del cupo ni la tasa. Esto, como dijo el ministro Echeverry, hace que ser ministro con la regla fiscal sea aburrido, porque pierde su potestad y su discrecionalidad de volumen de gasto; así el Gobierno ahorrará en abundancia y gastará en crisis. Con esto se logra un contrapeso independiente en las finanzas públicas.

En este mismo sentido, la DIAN tiene su Comité Directivo, creando un contrapeso en la toma de decisiones fundamentales sobre la institución, la cual tiene un Presupuesto mayor a $ 1 billón al año y una enorme planta de personal. Así, el Comité controla las acciones del Director y les hace seguimiento a los planes, reduciendo el poder discrecional del director y poniendo en manos independientes el control, seguimiento y toma de decisiones estructurales, mas no de la estructura tributaria, que es deber del Gobierno Nacional y el Congreso de la República.

Ambos entes buscan lo mismo: eliminar la discrecionalidad política en la toma de decisiones claves del gasto público y del recaudo tributario, y crean instituciones independientes y con tiempos de nombramientos fuera del ciclo electoral, logrando contrapesos en la política fiscal.

Sin duda esto es técnico y lejano de los hogares colombianos, pero es valiente y responsable acción de Echeverry y Ortega, porque entregan su poder para asegurar un poder estable en el largo plazo.

Colombianada. Básicamente están haciendo que “papá Estado” sea prudente y haga las cosas bien, porque como sabemos la deuda de este padre la pagan los hijos.

@consumiendo