CERCA DE UNA treintena de congresistas son investigados por la Corte Suprema en tres casos: los escándalos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y el llamado 'Las Marionetas', así como a la totalidad de los integrantes de la lista de la coalición del Pacto Histórico al Senado en las elecciones del 2022, por presuntas irregularidades en la financiación.
Es común en todas las legislaturas que la Corte Suprema abra indagación a congresistas, pues, como se dice popularmente en Colombia, no se le ‘niega una investigación’ a ningún funcionario y servidor público de elección popular, aunque en muchos casos se determina que las denuncias carecen de fundamentos, y en los que sí lo tienen, el alto tribunal abre investigación formal, que en algunas situaciones termina en condena.
Pero no es tan común que en dos o tres casos en particular terminen ‘empapelados’ en la Corte un número tan alto de congresistas, como ocurre en la actualidad con las investigaciones por las irregularidades en contratación en la Ungrd y el entramado que amañó contratos públicos en varios departamentos del centro del país, conocido en medios como Las Marionetas.
Y la indagación a los 20 senadores de la lista del Pacto Histórico por las eventuales irregularidades en la financiación de la misma en los comicios del 2022, caso que se desprende de la investigación que llevan a cabo el Consejo Nacional Electoral y la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes al presidente Petro y su campaña porque habría superado en más de $5 mil millones el techo de gastos establecido.
La Ungrd
Recientemente la Corte abrió investigación formal a los expresidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, respectivamente, en el marco de los expedientes que inició porque presuntamente nueve congresistas se habrían beneficiado con dinero en efectivo y contratos en la corrupción que se presentó en la Ungrd, en donde los entonces director Olmedo López y subdirector Sneyder Pinilla hicieron manejos irregulares para beneficio propio, como lo aceptaron a la Fiscalía, y también según ellos para sacar plata destinada a parlamentarios para que favorecieran las reformas, supuestamente esto ordenado por altos funcionarios del Gobierno.
La Sala de Instrucción de la Corte determinó que los congresistas Name y Calle, investigados por los presuntos delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros, sean citados a indagatoria y se impartieron órdenes de policía judicial para la práctica de otras pruebas.
Esta misma Sala dio apertura hace tres semanas a investigación formal a cinco congresistas y un excongresista, que serán citados a diligencia de indagatoria por el presunto delito de cohecho impropio.
La decisión cobija a los senadores Liliana Bitar Castilla y Juan Gallo Maya; así como a los representantes Wadith Manzur Imbett, Julián Peinado Ramírez, Karen Manrique Olarte y al excongresista Juan Muñoz Cabrera.
Para esta decisión, se tuvieron en consideración más de cincuenta pruebas documentales obtenidas con órdenes de policía judicial y más de diez pruebas testimoniales. Esto permitió construir una hipótesis, según la cual los investigados, como miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP), habrían aceptado emitir conceptos respecto de operaciones de crédito público presentadas por el Ministerio de Hacienda, a cambio de dádivas que se materializarían en contratos de la Ungrd.
En concreto, a cambio de conceptuar operaciones de crédito los aforados habrían acordado dádivas correspondientes a proyectos que se tramitarían en la Ungrd en Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y en El Carmen de Bolívar (Bolívar).
Los parlamentarios investigados sostienen que faltan a la verdad Pinilla y López, y que no recibieron dinero ni contratos de la Ungrd.
‘Las Marionetas’
Con este nombre se conoce el entramado de corrupción que según la Fiscalía armaron congresistas, alcaldes y contratistas para redireccionar contratación pública en varios departamentos.
El primer condenado por estos hechos fue el exsenador Mario Castaño, quien según las investigaciones era el líder de la red de corrupción. Tras aceptar cargos fue condenado por la Corte a 15 años de prisión. El 18 de noviembre de 2023 se conoció que falleció en la cárcel La Picota, aparentemente por un ataque cardíaco.
En tanto que a mediados de diciembre del 2023 fue capturado el senador Ciro Ramírez, del Centro Democrático.
Además, otros parlamentarios están en la compulsa de copias que la Fiscalía envió el año anterior a la Corte Suprema, en donde pone de presente la ocurrencia de los presuntos hechos de corrupción: Juan Merheg, Carlos Jiménez, Juan Lemos, Carlos Motoa y Miguel Ángel Barreto, quienes negaron enfáticamente que estuvieran relacionados con estos casos.
Igualmente, la Corte se ha abstenido hasta el momento de abrir indagación a los citados parlamentarios.
La Fiscalía informó que por este escándalo han sido imputadas 42 personas, entre ellas ocho alcaldes. Ante la contundencia de las pruebas recaudadas por el equipo de fiscales de la Dirección Especializada contra la Corrupción y los grupos de policía judicial, 34 de los implicados aceptaron su responsabilidad por allanamiento de cargos o mediante preacuerdos.
Hasta el momento se han obtenido cinco condenas y 29 más están a punto de emitirse por parte de la Judicatura, previa aprobación de los preacuerdos y las aceptaciones de cargos.
Lista del Pacto Histórico
Se conoció en abril anterior que los 20 congresistas del Pacto Histórico, la coalición que oficia como partido de gobierno, son objeto de indagación en la Corte Suprema de Justicia, por la Sala de Instrucción, por las supuestas irregularidades en la financiación de las campañas de cada uno de ellos en los comicios de marzo del 2022.
La investigación busca establecer si a estas campañas ingresaron recursos de la
polémica Daily Cop, firma señalada de estafar a miles de personas con inversiones en criptomonedas, pues Ómar Hernández, cerebro de la misma, declaró al Consejo Nacional Electoral que facilitaron un avión para los desplazamientos del candidato Petro y otros integrantes de la campaña.
El abogado Víctor Muñoz, representante de víctimas de Daily Cop, dijo en abril pasado a medios que se registró una reunión con Ricardo Roa, entonces gerente de la campaña presidencial de Petro y hoy gerente de Ecopetrol, en la cual supuestamente se acordó que esta firma compraría por $3 mil millones un avión a la empresa Sociedad Aérea de Ibagué (SADI) para los desplazamientos del candidato y de otros integrantes de la campaña.
La Corte Suprema suspende labores en la segunda semana de diciembre por vacancia judicial. Retorna en enero, cuando retomará las investigaciones, entre otros a los congresistas.