En el octavo aniversario de la firma del Acuerdo de Paz, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, hizo un llamado a acelerar la implementación del enfoque de género contenido en el texto final del 2016, como componente esencial para construir una paz sostenible y garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos en Colombia.
A pesar de los avances logrados, los informes de seguimiento que han realizado instituciones especializadas en verificar su implementación evidencian rezagos significativos en la incorporación del enfoque de género. De las 130 disposiciones relacionadas, más del 50 % aún están en etapas mínimas de puesta en funcionamiento.
“Este panorama es alarmante, porque no solo retrasa la consolidación de la paz, sino que perpetúa barreras históricas para mujeres, niñas y personas LGBTIQ+ en el país. Desde la Defensoría del Pueblo coincidimos en la preocupación por el consistente rezago en los compromisos adoptados en el Acuerdo, relacionados con el enfoque de género”, aseguró la Defensora Iris Marín Ortiz.
En el citado contexto hace un recuento de las principales barreras, a fin de formularle al Gobierno Nacional ocho recomendaciones claves para avanzar:
1. Acceso muy limitado a la tierra para mujeres rurales: Con solo un 13,98 % de avance en la entrega de hectáreas a mujeres rurales, es urgente dinamizar los programas del Fondo de Tierras y actualizar la Ley 731 de 2002 para que se pueda responder a los desafíos actuales de la ruralidad y los compromisos del Acuerdo.
2. Participación política: La baja representación femenina en las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) refleja la necesidad de fortalecer el financiamiento de campañas políticas y garantizar medidas de protección frente a la violencia de género en el ámbito político.
3. “La representación política en las oportunidades que brindó el Acuerdo de Paz es alarmantemente baja: de 16 escaños disponibles en las llamadas curules de paz del Congreso, solo tres fueron ocupados por mujeres, a pesar de un número sustancial de candidatas”, manifestó Iris Marín Ortiz.
4. Justicia restaurativa y reparación: Es fundamental priorizar las medidas de reparación para mujeres, niñas y personas LGBTIQ+ víctimas de violencias de género, sexual y reproductiva. “La formulación y financiación de proyectos restaurativos por parte del Gobierno y la JEP, que permitan atender los daños por los hechos de violencia de género acaecidos en el conflicto armado, son urgentes, no se pueden dejar de últimos en la lista. Así mismo, la ruta para su reparación administrativa en el marco de la reciente reforma a la Ley de Víctimas debe concretarse urgentemente por parte de la JEP y la Unidad para las Víctimas”, indicó la Defensora del Pueblo.
5. Seguridad para mujeres lideresas y firmantes de paz: Es necesario implementar de manera efectiva el Programa Integral de Reincorporación y el Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras diseñados con enfoque de género para garantizar su protección y participación activa en la construcción de la paz.
6. Inversión pública diferencial para mujeres en zonas importantes para la implementación: Se requieren recursos específicos en las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (Zomac) y en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), con el propósito de fortalecer las rutas de prevención, atención y protección para las mujeres y lideresas sociales.
7: El enfoque étnico debe permear todas las medidas con enfoque de género: La defensora del Pueblo advierte que no se están tomando las medidas necesarias para garantizar y respetar los derechos individuales y colectivos de las mujeres de los grupos étnicos. “Deben ser puestas en marcha medidas afirmativas que promuevan y garanticen la participación de las mujeres étnicas en condiciones de seguridad suficientes. Para esto, el Estado colombiano debe tener en cuenta el impacto desproporcionado y diferenciado de estas violencias en las mujeres con pertenencia étnica y en sus comunidades, que además enfrentan obstáculos particulares para su participación efectiva en los procesos y para la concertación de programas y políticas que requieren de medidas especiales”, instó Iris Marín Ortiz.
8. Reactivación de la Alta Instancia de Género del Gobierno Nacional: La actualización y modificación de los indicadores en el Plan Marco de Implementación y la reactivación de esta instancia son oportunidades cruciales para saldar la deuda histórica con las mujeres y personas LGBTIQ+.