Si usted fue de los que pensaron que ya, cuando restan apenas 37 días para que finalice el 2024, se había librado de la cascada de incrementos que ha tenido el costo de vida, vaya alistando el bolsillo, porque deberá gastar más con otras dos alzas: se trata de dos cobros adicionales que tendrán los peajes desde el 1° de diciembre hasta el 1° de enero.

En efecto, desde el 1° de diciembre, la tarifa aumentará 4,64 % en los 119 peajes que tiene el país. El segundo aumento se presentará el 1° de enero y aparentemente sería de 5,64%, que es la cifra esperada con que cierre la inflación este año.

Con el ajuste se busca tapar el faltante que dejó el congelamiento de las tarifas decretado por el presidente Gustavo Petro y que causó un hueco superior a los $400.000 millones.

Si se suman los dos aumentos, esto representaría para el bolsillo de los colombianos un alza superior al 10 %, casi el doble de lo que se espera marque el índice de precios al consumidor en diciembre.

Frente al impacto fiscal de 2023 por culpa de congelar los peajes, la Contraloría General de la República advirtió que los concesionarios tenían el derecho a recibir el dinero que se aplazó y que esos recursos deberían ser asumidos por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) con cargo al Presupuesto General de la Nación.

Impacto para todos

De acuerdo con cifras oficiales, los incrementos afectarán tanto a vehículos particulares como al transporte de carga, con un impacto directo en los costos logísticos y de movilidad. Este golpe al bolsillo llega en un contexto en el que la inflación, aunque en descenso, aún preocupa a las familias colombianas.

El Gobierno espera que con estos ajustes se estabilicen las finanzas del sector vial y se cumplan los compromisos con las concesionarias, pero los ciudadanos enfrentan el reto de absorber un gasto que seguirá escalando.

Ya la Contraloría General de la República había advertido que, de no hacerse el ajuste que falta de 4,64 %, el Gobierno tendrá que pagar $1 billón por el congelamiento de los precios de los peajes.

“La Contraloría General de la República señala que la afectación en 2023 alcanzó un valor cercano a los $610.000 millones y que, de no autorizarse prontamente el ajuste hoy restante de 4,64 %, la afectación en 2024 podría alcanzar los $410.000 millones, para un total de $1,02 billones, los cuales deberán ser pagados por la Agencia Nacional de Infraestructura con cargo al Presupuesto General de la Nación”, dijo el ente de control.

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, anotó que este ajuste, pendiente desde mediados de año, se venía analizando en el Ministerio de Transporte.

Bonilla afirmó que “por fortuna, la inflación ha bajado sustancialmente, lo cual quiere decir que sí podemos buscar cómo ajustar todo lo que hay pendiente”.

Los aumentos

Y es que en 2024 ya se efectuaron dos aumentos en las tarifas de los peajes. En enero, el Ministerio de Transporte decidió aplicar de manera directa la inflación de 2022, del 13,12 %, a los impuestos administrados por el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

En su momento, el presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), Juan Martín Caicedo, dijo respecto a los aumentos que podrían traer efectos en la confianza inversionista y en la seguridad jurídica: “el déficit de los proyectos de concesión vial continuará creciendo, a pesar de que las obras han sido construidas y entregadas por los concesionarios al Estado, gracias a la financiación aportada por recursos de los ahorradores, que deben ser pagados, entre otros, con los ingresos por el recaudo de las tarifas de peaje”, dijo Caicedo.

Contradicciones

El dirigente gremial dijo que “equivale a una señal contradictoria, justo en el momento en que el decaimiento de la economía reclama señales positivas al mercado y la aceleración de las obras de infraestructura. En este caso, la ausencia de seguridad jurídica menoscaba la confianza de inversionistas y financiadores en proyectos de envergadura y de largo plazo”.

Sostuvo Caicedo que “la lógica oficial usada en esta dirección conduce al escenario de que los bienes y servicios, el salario de los trabajadores e incluso los fletes del transporte no se compensen con la inflación, cuando así corresponda. De otro lado, finalmente, debe hacerse énfasis en el hecho contundente, sustentado por Fedesarrollo, en el sentido de que los peajes no generan presión inflacionaria superior al 0,01 punto porcentual”.

En un análisis sobre la situación de los peajes en el país, el ingeniero José Ignacio Nieto García, profesor del Centro de Estudios en Vías y Transporte, de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, “desde hace más de tres décadas, Colombia ha adoptado un modelo de financiación de proyectos de infraestructura vial mediante asociaciones público-privadas (APP), un esquema que ha demostrado su éxito en países en vías de desarrollo. Este enfoque ha permitido la ejecución de proyectos de gran envergadura, como la Transversal del Sisga de cuarta generación (4G) y la Troncal del Magdalena de quinta generación (5G), actualmente en etapa de preconstrucción”.

Financiación

Sostiene que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) es responsable de administrar los recursos provenientes de 119 peajes en todo el país, los cuales financian las etapas de diseño, construcción, operación y mantenimiento de las carreteras. A su vez, el Instituto Nacional de Vías (Invías) gestiona 29 peajes con los mismos objetivos.

El recaudo por peajes ha sido el mecanismo seleccionado y autorizado por el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte, tanto para el Invías como para la ANI. Según cifras oficiales, Colombia pasó de tener 2.985 km de vías concesionadas entre 1994 y 1998, en la primera generación de concesiones, a cerca de 8.000 km en 2023, con los programas de cuarta y quinta generación. La inversión aproximada en la cuarta y quinta generación asciende a $58,14 billones y $11,88 billones respectivamente, hasta 2022.

Para el exsuperintendente de Sociedades Luis Guillermo Vélez, el Decreto 050 de 2023 fue un acto ramplón, se decidió que no se ajustaría los peajes en obras de concesiones viales, “los contratos traen cláusulas mediante las cuales se actualiza el peaje de acuerdo con la inflación”. Además, explicó que estos proyectos que son cuantiosos no se están actualizando en sus modelos, lo cual puede llevar a desbaratar el funcionamiento del sistema. “Si esta medida con los peajes se mantiene, se caerá como castillo de naipes el programa de infraestructura del país, que es una política de Estado”, agregó.

El retorno

Detalló que el precio peajes está determinado para que el concesionario tenga el retorno de inversión esperado y contratado, “eso no es arbitrario y los proyectos tienen retornos entre el 10 al 12 %, ese retorno es el esperado y no es nada loco, entonces el peaje que se paga es para dar retorno de inversión”.

Rafaela Cortés, gobernadora del Meta, planteó que la situación en su departamento es complicada porque tiene cuatro peajes con la talanquera alzada, “se han hecho varias mesas de trabajo con alcaldes, con la ANI, con las comunidades, pero no se llega a acuerdos”. Por ejemplo, comentó que por la vía de Puerto López a Puerto Gaitán se deja de recibir $18 mil millones ante la situación en los peajes.

RECUADRO

El impacto en la economía

De acuerdo con el analista de la Julio Garavito, estos incrementos generan un impacto económico significativo en el precio de productos, bienes y servicios que dependen del transporte. El costo del transporte representa aproximadamente el 40 % del costo final de los productos al consumidor, según el Departamento Nacional de Planeación. Los sectores más afectados son el comercio, la agricultura, la minería y la construcción.

Aunque es innegable la necesidad de financiar obras, mantenimientos y otros gastos de los proyectos, es crucial considerar estrategias que no sobrecarguen al usuario con los efectos de la inflación. El Gobierno Nacional y las instituciones técnicas deben explorar alternativas de diversificación de ingresos para las concesiones viales y otras infraestructuras públicas.

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Los dos aumentos, esto representaría para el bolsillo de los colombianos un alza superior al 10%