En Colombia, el voto es un derecho de todos los ciudadanos y, si bien no es obligatorio, constituye un deber consagrado en la Constitución.
En este sentido, el Estado debe garantizar que la participación se ejerza libremente, sin coacción y de manera secreta por quien esté en capacidad de elegir, sin distingos de raza, condición física, sexo o ubicación geográfica.
Actualmente, partidos, movimientos e interesados en participar en la contienda electoral que tendrá lugar en el 2022, organizan sus plataformas políticas, analizan posibles alianzas, configuran listas y seguramente elaborarán documentos programáticos que serán presentados a los posibles electores de tal suerte que estos últimos cuenten con oportuna y suficiente información para escoger lo que mejor les parezca.
Lo que no se sabe es si la organización electoral está diseñando y de qué manera, un sistema que permita a los ciudadanos ejercer su derecho y cumplir con su obligación de votar en condiciones seguras para cada uno de ellos y para el sistema democrático.
Los próximos comicios están previstos para marzo de 2022, cando se elegirá a los senadores y representantes que conformarán el Congreso (2022 -2026). En el mismo año, en mayo, se realizará la elección de Presidente y Vicepresidente, o al menos la primera vuelta para este propósito. Es probable que antes de esas fechas algunas organizaciones partidistas quieran escoger por voto popular a quien presentarán al electorado para las presidenciales.
Es oportuno preguntarse si, en medio de la pandemia que para ese momento probablemnte no se habrá ido -aunque es posible que haya un porcentaje no muy alto de la población vacunada-, el Estado, en coordinación con las agrupaciones políticas, tendrá la capacidad para implementar alguna modalidad que permita a todos aquellos que, por razones de salud y pensando en la salubridad pública, no podrán -y no es aconsejable que lo hagan- salir de sus residencias para marcar y depositar en urna física la tarjeta electoral impresa.
Con la experiencia de las pasadas elecciones en Estados Unidos, donde se habilitó el “voto ausente” mediante el cual se pudo votar por correo anticipadamente y que fue causa de alegaciones de fraude electoral, deben considerarse opciones que, en todo caso, prevengan de suspicacias sobre posibles irregularidades en el proceso.
Interesante sería también profundizar en la discusión alrededor del voto virtual que permitiría al ciudadano depositar su voto desde el lugar en que se encuentre y que difiere del voto electrónico. El primero, es un sistema que utiliza una página web a la que las personas ingresan y se autentican de alguna manera y, desde su casa votan por la lista o candidato de su preferencia. El segundo, en cambio, implica que el ciudadano se acerca al lugar dispuesto por la organización electoral y, utilizando máquinas lectoras de documentos de identificación , marcan su opción en una pantalla táctil (con el riesgo que implica que dichas pantallas sean “tocadas” por múltiples ciudadanos), recibiendo finalmente el registro de su voto que deberán depositar en una urna.
Independiente del sistema se utilice, ahora que la virtualidad está más vigente que nunca y que el uso de las nuevas tecnologías se ha puesto al servicio de derechos como la educación y la justicia, es vital acelerar las discusiones para tomar decisiones de fondo de tal manera que el ejercicio democrático se proteja en medio de la pandemia.
@cdangond