Entre relativismo moral y utilitarismo
Ante la divulgación del informe sobre métodos de tortura empleados por la CIA en interrogatorios de presuntos terroristas se abrió un debate en la sociedad estadounidense en el que se ha puesto a prueba el sentido ético de los ciudadanos enfrentado al relativismo moral y el utilitarismo.
Si a cualquier estadounidense se le pregunta “¿Está usted a favor o en contra del uso de la tortura?” sin titubear responde estar en contra, pues como principio la tortura es considerada una práctica típica de regímenes dictatoriales superados por la civilización democrática. El resultado es diferente cuando se pregunta: ¿Se justifica la tortura para luchar contra el terrorismo? Según una encuesta del Pew Research Center, el 51% de los americanos piensa que los métodos crueles de la CIA estaban justificados, mientras que un 29% se declara en contra. Incluso los que están de acuerdo no parecen orgullosos de la tortura pues el 43% preferirían que no se hubiese hecho público el informe frente a un 42% que sí apoyan que se haya sabido la verdad. La división se repite también a la hora de juzgar si las torturas han sido útiles: quienes piensan que los “interrogatorios reforzados” sirvieron para prevenir ataques terroristas son el 56%, el doble del 28% que comparte la tesis del informe de que no sirvieron para obtener información valiosa.
Así pues, diferente al unánime rechazo de la tortura como principio general, las respuestas en la situación concreta de lucha contra el terrorismo varían pues se trata de utilizarla para un fin bueno: la defensa de vidas inocentes, la captura de terroristas para evitar otro 11S. En el trasfondo yace la visión utilitarista que hace cálculos y puede concluir que si el número de vidas en juego es suficientemente grande, se debería estar dispuesto a dejar a un lado la moralidad. Hay que reconocer que la disposición a investigar y revelar estas prácticas es un signo alentador. Un punto a resaltar es que, en su empeño por defender la seguridad de sus ciudadanos, EE.UU. puede estar contribuyendo a “normalizar” la tortura, como un recurso legítimo en un régimen democrático. Lo cual puede ir de la mano con la inmoralidad de otras prácticas, hoy aceptables en su sociedad, en las que también los principios se sacrifican en razón de una buena causa. Prácticas “normalizadas” como el aborto para defender la autonomía de la mujer; la experimentación con embriones humanos para que avance la ciencia; el recurso a los “vientres de alquiler” para satisfacer deseos de paternidad frustrada…
No es que estas prácticas equivalgan a la tortura. Pero en esos y otros casos, las objeciones de principio parecen escrúpulos morales caducos que deben ser orillados para satisfacer exigencias de la mayoría social. Pero el principio de que “el fin no justifica los medios” sigue siendo actual.